Jue, 10/06/2010 - 20:45
El martes 8, como la semana pasada, acudí como invitado a la Comisión de Educación del Congreso de la República para presenciar una sesión ordinaria donde se debatiría la propuesta de Nueva Ley Universitaria concluida el 15 de julio de 2009 y que desde entonces espera su aprobación para pasar al pleno. El martes 1 no hubo quórum y en la segunda oportunidad solamente se aprobó, en polémica segunda votación, una norma para no hacer nada: “se archiva”, dijo el presidente de la comisión.
En realidad el interés por una nueva ley universitaria se inició el 2001, en que se anunció la necesidad de una “Segunda Reforma Universitaria”, cuando era rector de la UNMSM. Pero asisto cada vez que esta Comisión me invita, y con cierta regularidad desde el 2006.
He participado también en tres reuniones regionales donde se presentaron anteriores propuestas, que nunca lograron cuajar ni suscitar auténticas discusiones técnicas, a pesar del interés que pusieron los sucesivos presidentes de esta Comisión.
Nueve años han transcurrido. Ahora las universidades privadas (59) son más numerosas que las públicas (35) y la matrícula en las primeras es mayor que en las segundas. Ambas atraviesan por dificultades, pero así como han avanzado los comerciantes de la educación superior, la pública ha caído en una crisis profunda. Algunas están intervenidas, como la pública de Huacho; la Villarreal pasa un mal momento y San Marcos camina peligrosamente hacia un caos de impredecibles consecuencias. Pero hay señales de un nuevo interés por la universidad peruana. El gobierno autorizó recientemente el pago de una parte de la homologación adeudada y la Nueva Propuesta de Ley que está en debate en la Comisión de Educación es lo mejor que he visto en los últimos 10 años.
Se ha dejado de lado el discurso de la Segunda Reforma Universitaria para pasar a proponer cambios concretos que podrían sacar a la universidad pública de su situación actual y por este camino dinamizar al conjunto de la educación superior en el país. La propuesta tiene 15 capítulos y 82 artículos. Trae cambios importantes, sin afectar a la privada, sino inteligentemente promoviendo a la pública, como hacen Brasil y Chile. Se crea el Sistema Nacional Universitario y el Consejo Nacional Universitario como organismo rector y regulador. Se promueve la investigación universitaria y se premia a la calidad académica.
Me parece de suma importancia, algo que nos acerca a los modelos modernos, que es la reducción del tamaño de los órganos de gobierno: la Asamblea Universitaria pasa a tener 36 integrantes, el Consejo Universitario 12 y el Consejo de Facultad 9, como máximo, respetando los tradicionales tercios en la representación. Pero lo que más me llama la atención es el capítulo V, donde se propone un cambio sustancial en el gobierno universitario a través del voto universal, secreto, obligatorio y ponderado para elegir rector, vicerrectores y decanos en las públicas. De esta manera probablemente se termine con la indiferencia de docentes y estudiantes, que ahora votan para que otros (las clientelas) elijan autoridades.
Esta propuesta es sumamente interesante y compleja, y por eso mismo ya no hay tiempo para aprobarla íntegramente. Habría necesidad de mucho debate, pero si esto es difícil ¿por qué no aprobar la votación universal, 10 artículos principales y dos transitorios? Así se podría iniciar una nueva etapa en la historia de la universidad peruana y prepararla para todos los cambios trascendentales que vendrían después. Es una tarea urgente e importante que el actual Congreso tiene el derecho y el compromiso de hacer, para así responder a las expectativas de quinientos mil jóvenes e iniciar por fin la esperada recuperación de la universidad pública peruana.
El martes 8, como la semana pasada, acudí como invitado a la Comisión de Educación del Congreso de la República para presenciar una sesión ordinaria donde se debatiría la propuesta de Nueva Ley Universitaria concluida el 15 de julio de 2009 y que desde entonces espera su aprobación para pasar al pleno. El martes 1 no hubo quórum y en la segunda oportunidad solamente se aprobó, en polémica segunda votación, una norma para no hacer nada: “se archiva”, dijo el presidente de la comisión.
En realidad el interés por una nueva ley universitaria se inició el 2001, en que se anunció la necesidad de una “Segunda Reforma Universitaria”, cuando era rector de la UNMSM. Pero asisto cada vez que esta Comisión me invita, y con cierta regularidad desde el 2006.
He participado también en tres reuniones regionales donde se presentaron anteriores propuestas, que nunca lograron cuajar ni suscitar auténticas discusiones técnicas, a pesar del interés que pusieron los sucesivos presidentes de esta Comisión.
Nueve años han transcurrido. Ahora las universidades privadas (59) son más numerosas que las públicas (35) y la matrícula en las primeras es mayor que en las segundas. Ambas atraviesan por dificultades, pero así como han avanzado los comerciantes de la educación superior, la pública ha caído en una crisis profunda. Algunas están intervenidas, como la pública de Huacho; la Villarreal pasa un mal momento y San Marcos camina peligrosamente hacia un caos de impredecibles consecuencias. Pero hay señales de un nuevo interés por la universidad peruana. El gobierno autorizó recientemente el pago de una parte de la homologación adeudada y la Nueva Propuesta de Ley que está en debate en la Comisión de Educación es lo mejor que he visto en los últimos 10 años.
Se ha dejado de lado el discurso de la Segunda Reforma Universitaria para pasar a proponer cambios concretos que podrían sacar a la universidad pública de su situación actual y por este camino dinamizar al conjunto de la educación superior en el país. La propuesta tiene 15 capítulos y 82 artículos. Trae cambios importantes, sin afectar a la privada, sino inteligentemente promoviendo a la pública, como hacen Brasil y Chile. Se crea el Sistema Nacional Universitario y el Consejo Nacional Universitario como organismo rector y regulador. Se promueve la investigación universitaria y se premia a la calidad académica.
Me parece de suma importancia, algo que nos acerca a los modelos modernos, que es la reducción del tamaño de los órganos de gobierno: la Asamblea Universitaria pasa a tener 36 integrantes, el Consejo Universitario 12 y el Consejo de Facultad 9, como máximo, respetando los tradicionales tercios en la representación. Pero lo que más me llama la atención es el capítulo V, donde se propone un cambio sustancial en el gobierno universitario a través del voto universal, secreto, obligatorio y ponderado para elegir rector, vicerrectores y decanos en las públicas. De esta manera probablemente se termine con la indiferencia de docentes y estudiantes, que ahora votan para que otros (las clientelas) elijan autoridades.
Esta propuesta es sumamente interesante y compleja, y por eso mismo ya no hay tiempo para aprobarla íntegramente. Habría necesidad de mucho debate, pero si esto es difícil ¿por qué no aprobar la votación universal, 10 artículos principales y dos transitorios? Así se podría iniciar una nueva etapa en la historia de la universidad peruana y prepararla para todos los cambios trascendentales que vendrían después. Es una tarea urgente e importante que el actual Congreso tiene el derecho y el compromiso de hacer, para así responder a las expectativas de quinientos mil jóvenes e iniciar por fin la esperada recuperación de la universidad pública peruana.
