Por Javier Diez Canseco
El escándalo Barrios, el último de una interminable sucesión de hechos de abuso del poder y corrupción que exhibe el gobierno, ha seguido el patrón de costumbre. Una vez evidente, García se deshace del personaje, usualmente una persona de su absoluta confianza y que ha desarrollado un cargo en el que se maneja muchísimo dinero (como Essalud), y lo llena de adjetivos. Esta vez, el término fue “vivazo”, aunque el sucesor en el Ministerio del Interior, el ya famoso general Hidalgo, lo llenó de elogios y agradecimientos por su efímero pase por el Ministerio.
Este esquema no es nuevo. Es más bien reiterativo y poco creativo. Se apoya, además, en una noción de Fujimori que García denostó en algún momento memorable. La idea de que el Jefe de Estado es un “caído del palto”, una suerte de bobalicón e ingenuo creyente en la humanidad que es sorprendido por desleales elementos de su entorno que se aprovechan del poder que él les delega. Pero García ya nos enseñó que en política no hay caídos del palto y que él, sin duda, no es la excepción a la regla.
Uno de los casos más memorables fue el de Agustín Mantilla, su secretario personal, viceministro y, luego, ministro del Interior durante su primer gobierno. Acusado de delitos de lesa humanidad –que van desde la matanza en El Frontón, donde estuvo presente durante la operación que culminó con más de 140 muertos, hasta la actuación del Comando Rodrigo Franco, que tiene en su cuenta numerosos desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales– Mantilla fue también hombre de confianza en el manejo de dinero en cuentas en Israel y EEUU. Las investigaciones desde el Congreso demostraron que tuvo a su cargo más de 2 millones de dólares que, muy probablemente, vinieron de las comisiones en compras de equipos israelíes para la policía, con algunos de quienes después serían proveedores de Montesinos.
Mantilla fue también, como lo recuerda un ‘vladivideo’ el contacto con Montesinos para arreglar el reingreso de Alan a la política y el apoyo del Apra al fujimorismo en su tercera versión. Pero cuando todo esto fue evidente, Alan lo soltó y, fiel a las reglas de la camorra o de la lealtad política, Mantilla nunca habló y se comió la cárcel para no dar cuenta de nada. Lo “separaron del partido”, pero todos lo hemos visto operando en Chimbote, en Pueblo Libre y arreglando elecciones de miembros del TC en un restaurante de Lima. Un “expulsado” con poderes intactos.
Lo mismo podríamos decir de León Alegría. De ministro de su primer gobierno a “rata”, pero con acceso al despacho presidencial, a los grandes “empresarios” que vienen a hacer negocios, a los ministros (desde el premier hasta los encargados por ramas de interés). O de su abogado gratuito, “don Bieto”, que también llegaba a las alturas y ahora solo parece tener acceso a los albañales. ¿Y de Jorge del Castillo, encumbrado a candidato aprista y hoy limitado a sobrevivir después que los escándalos de los petroaudios, encargado de levantarle el brazo a Mercedes Aráoz como candidata en el cargo que él aspiraba? ¿O Alva Castro, caído después de los escándalos del famoso shock de inversiones?
El uso y abuso del dinero público en contratos y licitaciones –que ha habido al por mayor– así como en liquidaciones por servicios prestados por asesores (estoy informado de que el ex premier Velásquez Quesquén llegó a tener más de 30 asesores, todos pagados con sueldos de más de 10,000 al mes) luego “despedidos” con jugosas indemnizaciones, es enorme. ¿Cuánto dinero se habrá movido en concesiones petroleras o mineras? ¿Y en normas para evadir cumplir con los derechos de los pueblos? ¿O en no imponer el impuesto a las sobreganancias mineras?
Un nuevo Congreso, el 2011, debería conformar una Comisión de la Verdad II, abocada a investigar y echar luz sobre la corrupción posFujimori y especialmente con Alan García que, pocos lo dudan, tiene muchas cuentas que dar al país. ¿Cuántos casos Barrios hay? ¿Por qué no se aclara lo de los petroaudios? ¿Quién responde por concesiones fraudulentas? Esa es una tarea central del Congreso del 2011, pues el actual encarpetó todo.
Este esquema no es nuevo. Es más bien reiterativo y poco creativo. Se apoya, además, en una noción de Fujimori que García denostó en algún momento memorable. La idea de que el Jefe de Estado es un “caído del palto”, una suerte de bobalicón e ingenuo creyente en la humanidad que es sorprendido por desleales elementos de su entorno que se aprovechan del poder que él les delega. Pero García ya nos enseñó que en política no hay caídos del palto y que él, sin duda, no es la excepción a la regla.
Uno de los casos más memorables fue el de Agustín Mantilla, su secretario personal, viceministro y, luego, ministro del Interior durante su primer gobierno. Acusado de delitos de lesa humanidad –que van desde la matanza en El Frontón, donde estuvo presente durante la operación que culminó con más de 140 muertos, hasta la actuación del Comando Rodrigo Franco, que tiene en su cuenta numerosos desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales– Mantilla fue también hombre de confianza en el manejo de dinero en cuentas en Israel y EEUU. Las investigaciones desde el Congreso demostraron que tuvo a su cargo más de 2 millones de dólares que, muy probablemente, vinieron de las comisiones en compras de equipos israelíes para la policía, con algunos de quienes después serían proveedores de Montesinos.
Mantilla fue también, como lo recuerda un ‘vladivideo’ el contacto con Montesinos para arreglar el reingreso de Alan a la política y el apoyo del Apra al fujimorismo en su tercera versión. Pero cuando todo esto fue evidente, Alan lo soltó y, fiel a las reglas de la camorra o de la lealtad política, Mantilla nunca habló y se comió la cárcel para no dar cuenta de nada. Lo “separaron del partido”, pero todos lo hemos visto operando en Chimbote, en Pueblo Libre y arreglando elecciones de miembros del TC en un restaurante de Lima. Un “expulsado” con poderes intactos.
Lo mismo podríamos decir de León Alegría. De ministro de su primer gobierno a “rata”, pero con acceso al despacho presidencial, a los grandes “empresarios” que vienen a hacer negocios, a los ministros (desde el premier hasta los encargados por ramas de interés). O de su abogado gratuito, “don Bieto”, que también llegaba a las alturas y ahora solo parece tener acceso a los albañales. ¿Y de Jorge del Castillo, encumbrado a candidato aprista y hoy limitado a sobrevivir después que los escándalos de los petroaudios, encargado de levantarle el brazo a Mercedes Aráoz como candidata en el cargo que él aspiraba? ¿O Alva Castro, caído después de los escándalos del famoso shock de inversiones?
El uso y abuso del dinero público en contratos y licitaciones –que ha habido al por mayor– así como en liquidaciones por servicios prestados por asesores (estoy informado de que el ex premier Velásquez Quesquén llegó a tener más de 30 asesores, todos pagados con sueldos de más de 10,000 al mes) luego “despedidos” con jugosas indemnizaciones, es enorme. ¿Cuánto dinero se habrá movido en concesiones petroleras o mineras? ¿Y en normas para evadir cumplir con los derechos de los pueblos? ¿O en no imponer el impuesto a las sobreganancias mineras?
Un nuevo Congreso, el 2011, debería conformar una Comisión de la Verdad II, abocada a investigar y echar luz sobre la corrupción posFujimori y especialmente con Alan García que, pocos lo dudan, tiene muchas cuentas que dar al país. ¿Cuántos casos Barrios hay? ¿Por qué no se aclara lo de los petroaudios? ¿Quién responde por concesiones fraudulentas? Esa es una tarea central del Congreso del 2011, pues el actual encarpetó todo.
