VER ACERCA DE LOS SUELDOS EN EL ESTADO PERUANO :
http://www.youtube.com/watch?v=NQ1L_nWm27I&feature=player_embedded
jueves, 25 de febrero de 2010
El outsider endémico
Autor: Víctor Andrés Ponce
¡Qué lejanos aquellos tiempos en que Luis Bedoya Reyes señalaba que “los técnicos se alquilaban”! Hoy, los técnicos y gerentes ya no se alquilan sino que reemplazan a los políticos, a los partidos y demás colectividades. Si bien detrás de los llamados “alcaldes gerentes de Lima” hay intenso trabajo y mucha obra, no existen comités de bases, corrientes y revistas que se disputen la conducción de un partido o de un frente. La gestión de Luis Castañeda y la emergencia de Álex Kouri como candidato fuerte a la Alcaldía de Lima revelan que, en las elecciones municipales, la política ha muerto, o quizá ya estaba fría desde que Fujimori inauguró una década de autoritarismo en los noventa.La intención de voto de Kouri y la aparición de Jaime Bayly indican que el desplome del sistema de partidos avanza mediante varios tsunamis. El triunfo de Alan García fue un recodo transitorio que solo se explica por los errores del humalismo, pero la caída libre de los políticos es dramática, real. Sin embargo, lo que estremece, lo que aterra, es la calma de la élite peruana ante esta “democracia de outsider endémico” que empieza a construirse. Se cree que la economía de mercado y la libertad se pueden desenvolver al margen de partidos y colectividades. En todo caso, allí va la pregunta: ¿Dónde ha pasado eso? En China y Vietnam, el mercado crea prosperidad sin democracia, pero con la dictadura del partido comunista. En el Perú, las reformas liberalizantes de los noventa ordenaron el país, aunque con el autoritarismo del fujimorato. ¿Cómo, entonces, se explica la indolencia de la élite nacional? El partido político es una viga fundamental de cualquier sistema libertario, porque es el intermediario entre millones de electores y el Estado. Sin esa intermediación no hay democracia. Por eso no hay democracia en Venezuela ni en los gobiernos teocráticos del Medio Oriente. Los verdaderos liberales, como los padres fundadores de Estados Unidos, se jalaban los cabellos buscando mecanismos de contrapesos de poder y de elección para construir y fortalecer un sistema de partidos.Cuando estaban Víctor Raúl Haya de la Torre, Ramiro Prialé , Luis Alberto Sánchez, Roberto Ramírez del Villar y Ernesto Alayza Grundy existían partidos políticos, pero no había mercado y libertad económica. El sistema democrático tenía un defecto congénito que le impedía prosperar. Hoy tenemos mercado, pero no tenemos partidos y, tarde o temprano, la libertad sufrirá. La enfermedad se puede volver terminal y los outsiders germinarán como hongos luego de la lluvia y, entonces, aparecerán otros humalas que se tragarán la libertad. A lo mejor ni Alan regresa el 2016. En todo caso, la visión apocalíptica sirve para reflexionar.
¡Qué lejanos aquellos tiempos en que Luis Bedoya Reyes señalaba que “los técnicos se alquilaban”! Hoy, los técnicos y gerentes ya no se alquilan sino que reemplazan a los políticos, a los partidos y demás colectividades. Si bien detrás de los llamados “alcaldes gerentes de Lima” hay intenso trabajo y mucha obra, no existen comités de bases, corrientes y revistas que se disputen la conducción de un partido o de un frente. La gestión de Luis Castañeda y la emergencia de Álex Kouri como candidato fuerte a la Alcaldía de Lima revelan que, en las elecciones municipales, la política ha muerto, o quizá ya estaba fría desde que Fujimori inauguró una década de autoritarismo en los noventa.La intención de voto de Kouri y la aparición de Jaime Bayly indican que el desplome del sistema de partidos avanza mediante varios tsunamis. El triunfo de Alan García fue un recodo transitorio que solo se explica por los errores del humalismo, pero la caída libre de los políticos es dramática, real. Sin embargo, lo que estremece, lo que aterra, es la calma de la élite peruana ante esta “democracia de outsider endémico” que empieza a construirse. Se cree que la economía de mercado y la libertad se pueden desenvolver al margen de partidos y colectividades. En todo caso, allí va la pregunta: ¿Dónde ha pasado eso? En China y Vietnam, el mercado crea prosperidad sin democracia, pero con la dictadura del partido comunista. En el Perú, las reformas liberalizantes de los noventa ordenaron el país, aunque con el autoritarismo del fujimorato. ¿Cómo, entonces, se explica la indolencia de la élite nacional? El partido político es una viga fundamental de cualquier sistema libertario, porque es el intermediario entre millones de electores y el Estado. Sin esa intermediación no hay democracia. Por eso no hay democracia en Venezuela ni en los gobiernos teocráticos del Medio Oriente. Los verdaderos liberales, como los padres fundadores de Estados Unidos, se jalaban los cabellos buscando mecanismos de contrapesos de poder y de elección para construir y fortalecer un sistema de partidos.Cuando estaban Víctor Raúl Haya de la Torre, Ramiro Prialé , Luis Alberto Sánchez, Roberto Ramírez del Villar y Ernesto Alayza Grundy existían partidos políticos, pero no había mercado y libertad económica. El sistema democrático tenía un defecto congénito que le impedía prosperar. Hoy tenemos mercado, pero no tenemos partidos y, tarde o temprano, la libertad sufrirá. La enfermedad se puede volver terminal y los outsiders germinarán como hongos luego de la lluvia y, entonces, aparecerán otros humalas que se tragarán la libertad. A lo mejor ni Alan regresa el 2016. En todo caso, la visión apocalíptica sirve para reflexionar.
Desarrollo e inclusión: ¿Y el tratado hacia adentro?
Jueves 25 de febrero de 2010 -
En momentos en que el Gobierno y el empresariado redoblan esfuerzos para consolidar las políticas de libre competencia y apertura comercial, con la suscripción de más tratados de libre comercio, es preciso recordar que el modelo económico en curso no puede soslayar los objetivos de inclusión y lucha contra la pobreza.
Como lo ha subrayado la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, si bien lo avanzado por el Perú en materia económica es admirable, “no debe olvidar a los pobres”. Ese es el gran reto.
Efectivamente, el Perú ha logrado captar 28% más en inversión extranjera, por encima del promedio latinoamericano; hemos subido en el ránking de competitividad internacional; varias agencias calificadoras de riesgo nos sitúan en una posición expectante y, según los últimos pronósticos, hemos crecido el año pasado en PBI y debemos crecer este.
Pero, eso no es suficiente. Sigue pendiente lo que algunos economistas llaman el TLC hacia adentro, que se resume en armonizar las metas macroeconómicas con las cifras microeconómicas. Todo ello dentro de un proceso de redistribución que combine el empuje productivo con la mejora de los niveles de empleo digno que se sienta en los bolsillos de la mayor cantidad de personas.
Por lo pronto, constituye un revés que voceros del Gobierno, como la titular del MEF, Mercedes Aráoz, hayan reconocido que no alcanzarán la meta de reducir la pobreza hasta el 30% en el 2011, debido a la crisis financiera internacional, “pero se están haciendo todos los esfuerzos para bajarla hasta 33%”. Actualmente, preocupa que el 36,8% de peruanos se ubique por debajo de la línea de pobreza monetaria (según datos del 2008), es decir, no cubren los requerimientos mínimos de la canasta básica.
Gran responsabilidad en esta lucha corresponde al Estado, no solo para promover y regular la actividad económica, sino también para cumplir el rol subsidiario en ámbitos como la educación, salud, seguridad y apoyo social a los sectores más relegados que no han sido absorbidos por el engranaje económico.
Al respecto, esfuerzos como la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, que implican la participación de diversos sectores, tienen que ser retomados seriamente. También se ha perdido mucho tiempo en el rediseño y reingeniería de los programas sociales, para evitar la duplicación de esfuerzos y reducir al mínimo la carga burocrática, que se lleva casi la mitad del presupuesto social.
Los gobiernos regionales y locales tienen que asumir también la enorme responsabilidad que les corresponde, para unificar el apoyo social, de modo que llegue a quienes realmente lo necesiten y no se pierdan recursos en el camino con maniobras corruptoras o de chantaje político.
Todos somos responsables. Y si bien el actual Gobierno debe responder por el retraso en la inclusión y esforzarse por superarla, la posta deberán tomarla las administraciones futuras.
Por eso, en la inminente campaña electoral los ciudadanos deben exigir no solo que se presenten planes de gobierno documentados, sino que estos armonicen con los objetivos de desarrollo, inclusión y disminución de la pobreza, compromisos que, por respeto a la dignidad de los pobres, no pueden ser objeto de retórica barata o manipulación demagógica.
Como lo ha subrayado la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, si bien lo avanzado por el Perú en materia económica es admirable, “no debe olvidar a los pobres”. Ese es el gran reto.
Efectivamente, el Perú ha logrado captar 28% más en inversión extranjera, por encima del promedio latinoamericano; hemos subido en el ránking de competitividad internacional; varias agencias calificadoras de riesgo nos sitúan en una posición expectante y, según los últimos pronósticos, hemos crecido el año pasado en PBI y debemos crecer este.
Pero, eso no es suficiente. Sigue pendiente lo que algunos economistas llaman el TLC hacia adentro, que se resume en armonizar las metas macroeconómicas con las cifras microeconómicas. Todo ello dentro de un proceso de redistribución que combine el empuje productivo con la mejora de los niveles de empleo digno que se sienta en los bolsillos de la mayor cantidad de personas.
Por lo pronto, constituye un revés que voceros del Gobierno, como la titular del MEF, Mercedes Aráoz, hayan reconocido que no alcanzarán la meta de reducir la pobreza hasta el 30% en el 2011, debido a la crisis financiera internacional, “pero se están haciendo todos los esfuerzos para bajarla hasta 33%”. Actualmente, preocupa que el 36,8% de peruanos se ubique por debajo de la línea de pobreza monetaria (según datos del 2008), es decir, no cubren los requerimientos mínimos de la canasta básica.
Gran responsabilidad en esta lucha corresponde al Estado, no solo para promover y regular la actividad económica, sino también para cumplir el rol subsidiario en ámbitos como la educación, salud, seguridad y apoyo social a los sectores más relegados que no han sido absorbidos por el engranaje económico.
Al respecto, esfuerzos como la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, que implican la participación de diversos sectores, tienen que ser retomados seriamente. También se ha perdido mucho tiempo en el rediseño y reingeniería de los programas sociales, para evitar la duplicación de esfuerzos y reducir al mínimo la carga burocrática, que se lleva casi la mitad del presupuesto social.
Los gobiernos regionales y locales tienen que asumir también la enorme responsabilidad que les corresponde, para unificar el apoyo social, de modo que llegue a quienes realmente lo necesiten y no se pierdan recursos en el camino con maniobras corruptoras o de chantaje político.
Todos somos responsables. Y si bien el actual Gobierno debe responder por el retraso en la inclusión y esforzarse por superarla, la posta deberán tomarla las administraciones futuras.
Por eso, en la inminente campaña electoral los ciudadanos deben exigir no solo que se presenten planes de gobierno documentados, sino que estos armonicen con los objetivos de desarrollo, inclusión y disminución de la pobreza, compromisos que, por respeto a la dignidad de los pobres, no pueden ser objeto de retórica barata o manipulación demagógica.
Cada vez hay más consenso: Urge reforma judicial
Miércoles 24 de febrero de 2010 -
La administración de justicia parece ir de tumbo en tumbo en las últimas semanas, con gravísimos escándalos de interferencias externas y corrupción, lo que ha llevado a los máximos representantes del Poder Judicial y de la sociedad civil a exigir no solo investigar y sancionar las escandalosas irregularidades sino también hacer reformas drásticas de todo el sistema.
A las indignantes denuncias en torno al Consejo Nacional de la Magistratura —con un consejero acusado de haber pedido “favores económicos” a un magistrado para ayudarlo a alcanzar una plaza y la inclusión como evaluador de un fiscal destituido y denunciado penalmentese suma ahora otra que involucra al representante de los colegios de abogados ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Según se ha dado a conocer en un programa televisivo, el abogado Hugo Salas se jacta de influenciar en los altos órganos judiciales como la Corte Suprema y el Consejo Nacional de la Magistratura. Y, si bien posteriormente ha reconocido su grave exceso, ni ha renunciado, ni la junta de decanos de los abogados ha tomado, hasta ahora, una medida sancionadora concreta, lo que sigue dejando una estela de duda e impunidad respecto de la voluntad de autorregulación de los órganos que integran el sistema de administración de justicia.
El riesgo mayor es el debilitamiento de la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática, que podría ahondar aun más la desconfianza de los ciudadanos en sus jueces y fiscales, así como poner en riesgo el ambicioso proyecto de desarrollo económico e inclusión social en que estamos embarcados como país. ¿Quién querrá invertir y exigir sus derechos sin reglas de juego claras y sin un sistema que garantice jueces probos y el debido proceso?
Según el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, la mayor parte de la crisis judicial se origina en las fallas del CNM, encargado de proveer, ratificar y sancionar a los jueces.
Los hechos últimos así lo confirmarían, lo que debe llevar a una inmediata coordinación entre la judicatura y el Congreso para evaluar la situación y tomar medidas que hagan más eficientes e imparciales estos procesos y los blinden de maniobras de interferencia, cooptación, mediatización o corrupción.
Para ello tiene que ponerse en salmuera el excesivo secretismo, que deviene en arbitrariedad, con que actúa el CNM, para avanzar a hacer de la transparencia la regla y no la excepción. A propósito de sus integrantes, los colegios profesionales tienen que hacer un severo esfuerzo de autocrítica, para asumir su grave responsabilidad por la cuestionable selección y calidad ética y profesional de algunos representantes que envían al CNM o al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Sin embargo, el CNM no es el único problema. Hay otros, que deben ser reconocidos por las máximas autoridades judiciales, que van desde la excesiva duración de los procesos (que deriva en miles de presos sin sentencia, por mencionar solo una de las graves consecuencias), hasta la corrupción y la sobrecarga procesal, pasando por la carencia de filtros para evitar y castigar denuncias falsas e infundadas.
Con el mismo celo debe abordarse también la excesiva dependencia de magistrados provisionales y suplentes, así como la revisión del sistema para convertir la Corte Suprema en una instancia de casación con menos sobrecarga.
Como lo hemos señalado antes, el Poder Judicial no pertenece a los jueces y fiscales, sino a todos los peruanos que, con justificada indignación e impaciencia, seguimos a la espera de que este se recomponga y se ajuste a su razón de ser: aplicar justicia de modo objetivo y oportuno.
Es evidente, a raíz de los escándalos sin sanción, que todas estas reformas implican, necesariamente, cambios legislativos que ameritan la intervención del Congreso para devolverle prestigio e idoneidad a la función jurisdiccional.
A las indignantes denuncias en torno al Consejo Nacional de la Magistratura —con un consejero acusado de haber pedido “favores económicos” a un magistrado para ayudarlo a alcanzar una plaza y la inclusión como evaluador de un fiscal destituido y denunciado penalmentese suma ahora otra que involucra al representante de los colegios de abogados ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Según se ha dado a conocer en un programa televisivo, el abogado Hugo Salas se jacta de influenciar en los altos órganos judiciales como la Corte Suprema y el Consejo Nacional de la Magistratura. Y, si bien posteriormente ha reconocido su grave exceso, ni ha renunciado, ni la junta de decanos de los abogados ha tomado, hasta ahora, una medida sancionadora concreta, lo que sigue dejando una estela de duda e impunidad respecto de la voluntad de autorregulación de los órganos que integran el sistema de administración de justicia.
El riesgo mayor es el debilitamiento de la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática, que podría ahondar aun más la desconfianza de los ciudadanos en sus jueces y fiscales, así como poner en riesgo el ambicioso proyecto de desarrollo económico e inclusión social en que estamos embarcados como país. ¿Quién querrá invertir y exigir sus derechos sin reglas de juego claras y sin un sistema que garantice jueces probos y el debido proceso?
Según el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, la mayor parte de la crisis judicial se origina en las fallas del CNM, encargado de proveer, ratificar y sancionar a los jueces.
Los hechos últimos así lo confirmarían, lo que debe llevar a una inmediata coordinación entre la judicatura y el Congreso para evaluar la situación y tomar medidas que hagan más eficientes e imparciales estos procesos y los blinden de maniobras de interferencia, cooptación, mediatización o corrupción.
Para ello tiene que ponerse en salmuera el excesivo secretismo, que deviene en arbitrariedad, con que actúa el CNM, para avanzar a hacer de la transparencia la regla y no la excepción. A propósito de sus integrantes, los colegios profesionales tienen que hacer un severo esfuerzo de autocrítica, para asumir su grave responsabilidad por la cuestionable selección y calidad ética y profesional de algunos representantes que envían al CNM o al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Sin embargo, el CNM no es el único problema. Hay otros, que deben ser reconocidos por las máximas autoridades judiciales, que van desde la excesiva duración de los procesos (que deriva en miles de presos sin sentencia, por mencionar solo una de las graves consecuencias), hasta la corrupción y la sobrecarga procesal, pasando por la carencia de filtros para evitar y castigar denuncias falsas e infundadas.
Con el mismo celo debe abordarse también la excesiva dependencia de magistrados provisionales y suplentes, así como la revisión del sistema para convertir la Corte Suprema en una instancia de casación con menos sobrecarga.
Como lo hemos señalado antes, el Poder Judicial no pertenece a los jueces y fiscales, sino a todos los peruanos que, con justificada indignación e impaciencia, seguimos a la espera de que este se recomponga y se ajuste a su razón de ser: aplicar justicia de modo objetivo y oportuno.
Es evidente, a raíz de los escándalos sin sanción, que todas estas reformas implican, necesariamente, cambios legislativos que ameritan la intervención del Congreso para devolverle prestigio e idoneidad a la función jurisdiccional.
El bono, otra derrota de la ministra Aráoz
El otorgamiento de un bono especial de mil soles para las Fuerzas Armadas y Policiales nuevamente dejó en una incómoda posición a la ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, quien tras tildar de “irresponsable” el bono indicando que con el mismo habría el peligro de una farra fiscal, tras las protestas de los diversos sectores, tuvo que dar marcha atrás y dar luz verde al bono, aunque volvió a señalar que los aumentos escalonados en cinco años al sector no serían posibles, alegando que estos desembolsos perjudicarían a nuestra economía en caso que tengamos que enfrentar otra crisis económica internacional.
“No podemos salirnos del marco presupuestal en el que estamos, porque tenemos muchos riesgos; los precios del combustible, por ejemplo, ¿y si vuelve a subir como pasó, a 150 dólares?; eso va a tener un impacto fiscal enorme en nuestra economía.
Cómo manejamos el alza potencial que podrían tener los alimentos a finales del año, porque lo que está pasando en el mundo es que nos puede generar un efecto de contagio similar al que hemos tenido”, argumentó Aráoz. Para el economista David Tejada, es completamente falso que no existan recursos para financiar los bonos y las alzas de los salarios en las Fuerzas Armadas y Policiales, y sostuvo que lo que falta es voluntad política para conseguir estos recursos. “Se habla de que no se pueden tomar medidas que recalienten la economía, y sin embargo cuando se bajaron los aranceles hace dos años, para evitar el alza de los alimentos, nadie dijo nada.
Ahora sostienen que no hay dinero. Bueno, entonces repongan esos aranceles, ahora que los precios internacionales ya cayeron, y verán que hay recursos”, manifestó.
En ese sentido, calificó de infame que la ministra de Economía pretenda excluir al personal en situación de retiro alegando que “un pensionista vive con su salario y está acostumbrado a vivir con su salario”.“Aquí se habla de los trabajadores retirados de las Fuerzas Armadas como si fueran privilegiados, cuando esta gente lo único que tiene son derechos adquiridos, que cualquier gobierno tiene que respetar”, señaló.
La deuda de Bagua
De otro lado, la ministra Aráoz volvió a negar que, cuando era titular de Comercio Exterior, haya declarado que si se derogaba el Decreto Legislativo 1090 se pondría en riesgo la vigencia del TLC con Estados Unidos, posición que llevó a las protestas sociales en Bagua. Incluso responsabilizó de esta interpretación al ex premier Yehude Simon.“Yo nunca dije que se cayera el TLC. Esta es una norma que al incumplirse, simplemente se revisa en Washington, donde están todavía trabajando en esa materia. Es un proceso de consulta que siempre es normal en este proceso. Hay un incumplimiento, pero por eso no se paraliza el TLC”, manifestó Finalmente, dijo no sentir ninguna responsabilidad por lo acontecido en Bagua, sosteniendo que la situación de descuido histórico en esa zona no le correspondía a su sector. “Yo no tuve nada que ver con un operativo en el cual ni siquiera sabía que se iba a hacer, o sea no tenía ningún conocimiento. Quizás el señor Yehude Simon sí, porque él sí estaba en ese proceso de toma de decisiones, yo no”, dijo.
Hospital Unanue por colapsar
El Hospital Hipólito Unanue no tiene presupuesto para ejecución de obras como la construcción de salas de operación y la implementación de consultorios externos, según sus directivos, quienes explicaron la situación actual a una delegación de congresistas.
El director, Gamero Álvarez, refirió que hay tres proyectos que tienen presupuestos aprobados, pero que el ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no autoriza la entrega de esas partidas.
El subdirector José Somocurcio, reveló que el hospital carece de terrenos donde expandirse porque sufrió la pérdida de 11 hectáreas que fueron expropiadas a favor de la Universidad Federico Villarreal durante el primer gobierno aprista mediante un decreto ley.
También explicó que el hospital atiende 7 mil partos al año pese a su categoría de clase 3, que solo debe atender partos de riesgos y no los naturales. La congresista Rosario Sasieta se comprometió, como secretaria de la Comisión de Presupuesto, a hacer gestiones para agilizar la entrega de dichas partidas.
Anulan concurso para designar magistrados
Según Mansilla, concurso fue anulado por motivos “eminentemente técnicos”.
El fiscal Avelino Guillén podrá participar en el nuevo examen para nombrar a jueces y fiscales supremos, precisó el presidente del CNM, Carlos Mansilla.
Los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) negaron ayer que el concurso para nombrar a dos jueces supremos y tres fiscales supremos haya presentado irregularidades; sin embargo, acordaron anular el referido proceso que estuvo plagado de situaciones anómalas, denuncias y escándalos.Según Carlos Mansilla, titular del CNM, la anulación del concurso corresponde a motivos “eminentemente técnicos” y desestimó las quejas presentadas por el fiscal Avelino Guillén, quien advirtió maltratos en su contra y denunció que por injerencia política aprista fue desaprobado en el examen escrito. Mansilla también restó importancia a las acusaciones del fiscal Pedro Angulo Arana, quien señaló que fue excluido del concurso por no presentar una constancia de no padecer ninguna incapacidad mental. Otra denuncia grave fue la presentada por el fiscal adjunto Tomás Gálvez Villegas, quien reveló que el consejero Efraín Anaya le pidió favores económicos a cambio de apoyarlo en el referido concurso. “Al Consejo entra quien tiene poder político o poder económico, tú no tienes el primero, pero sí puedes tener el poder económico”, le habría dicho Anaya a Gálvez. “Todo se obró con la más absoluta transparencia, por nuestra parte no hubo irregularidades, no hay nada que ocultar en el proceso de selección. El Consejo está seguro que las denuncias serán esclarecidas, sin embargo se declara nulo el proceso, en su momento se llevará a cabo un nuevo concurso, ello con los nuevos integrantes del pleno del CNM (que asumirán funciones LA PRIMERA semana de marzo)”, dijo Mansilla, sin indicar la fecha exacta para el nuevo examen y tras negar que las pruebas tomadas a jueces y fiscales hayan sido tercerizadas.Tampoco reconoció que es por lo menos un error contratar jueces en actividad para que tengan la responsabilidad de evaluar el desempeño profesional de los postulantes. Asimismo, Mansilla indicó que como el concurso fue anulado el CNM publicará las pruebas escritas tomadas a los postulantes, mientras el abogado Mario Amoretti, quien participó como evaluador en el proceso anulado, prefirió no opinar sobre la decisión adoptada por el CNM, pero sí demandó que ese organismo exhiba públicamente las pruebas que él corrigió.Tras el anuncio de la anulación del concurso, el congresista Daniel Abugattás indicó a LA PRIMERA que el pedido presentado por su bancada para investigar las irregularidades en el CNM sigue en pie pues “existen acusaciones muy serias que merecen ser averiguadas de manera profunda, el tema no termina con la anulación del concurso, los posibles casos de tráfico de influencias, cobro de coimas, presiones políticas, deben ser esclarecidas”. En ese mismo sentido, el presidente de la Comisión de Fiscalización, José Vega Antonio, anotó que una investigación profunda de las denuncias que minaron el proceso contribuirá a dar confianza a los postulantes. “Creo que es una decisión importante, que ha dejado sin efecto (el concurso) y de esta manera contribuye a transparentar el proceso en el futuro, y darles las mayores garantías que los postulantes necesitan, de que todo va a ser correcto y transparente por la salud del país”, dijo el parlamentario.
Marcelo PuellesRedacción
Evaluación de incompetencias. Por Zenón Depaz Toledo
En el tramo final del actual gobierno, a unos días de iniciarse el año escolar, una reciente consulta hecha por la Universidad de Lima sobre los resultados de esta gestión gubernamental en el ámbito educativo, muestra en la ciudadanía una evaluación pesimista: 57% de los consultados en Lima negaron que la Educación haya mejorado durante este periodo y casi la mitad de ellos opinó que ha empeorado.
Si esa es la apreciación sobre la calidad educativa en la capital, podemos imaginar cuál será en el interior del país, sobre todo en las áreas rurales.
¿Podía esperarse otra cosa de un gobierno que de inicio carecía de definiciones mínimas sobré qué hacer en el terreno educativo?
Recordamos que, apenas instalado este gobierno, en una reunión del Consejo de Ministros, una cámara indiscreta capturó la imagen de José Antonio Chang (socio de Alan García e inamovible ministro de Educación, aunque sus credenciales educativas no sean muy presentables), con una elocuente expresión de sorpresa ante el repentino anuncio presidencial de una evaluación de docentes en la Educación básica.
La tozudez del SUTEP convertiría ese inopinado anuncio -tan inspirado y reflexivo como el de la pena de muerte para los violadores o la construcción de un misterioso penal para corruptos en el corazón de la selva- en el sucedáneo de la inexistente política educativa, ámbito en el que, a decir verdad, el APRA nunca tuvo ejecutoria digna de memoria, a no ser para denunciar la incompetencia e impunidad de sus funcionarios.
En cuanto al principal problema de la Educación en el país, un 31.5% señaló el bajo nivel académico de los maestros y un 15.2%, la corrupción. Con respecto a lo primero, no había que hacer evaluaciones onerosas para notarlo. El propio ministro debía saberlo bien, cuando la Universidad de la que es propietario había capitalizado largamente otorgando grados y títulos pedagógicos, con masivos programas de fines de semana o a distancia. Lo que urgía era reformar a fondo la formación inicial y en servicio de esos docentes, o promover el ejercicio de la docencia en la secundaria por profesionales de otras áreas académicas, con formación más confiable. La tan publicitada capacitación no fue sino otro dispendio, resultado de la improvisación.
En cuanto a la corrupción, ¿no fue el propio Presidente quien, apenas instalado en Palacio, recomendó la pendejada como modelo de conducta, predicando que “en política no hay que ser ingenuos”, para acto seguido tirar al tacho sus solemnes promesas electorales?
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