Miércoles 24 de febrero de 2010 -
La administración de justicia parece ir de tumbo en tumbo en las últimas semanas, con gravísimos escándalos de interferencias externas y corrupción, lo que ha llevado a los máximos representantes del Poder Judicial y de la sociedad civil a exigir no solo investigar y sancionar las escandalosas irregularidades sino también hacer reformas drásticas de todo el sistema.
A las indignantes denuncias en torno al Consejo Nacional de la Magistratura —con un consejero acusado de haber pedido “favores económicos” a un magistrado para ayudarlo a alcanzar una plaza y la inclusión como evaluador de un fiscal destituido y denunciado penalmentese suma ahora otra que involucra al representante de los colegios de abogados ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Según se ha dado a conocer en un programa televisivo, el abogado Hugo Salas se jacta de influenciar en los altos órganos judiciales como la Corte Suprema y el Consejo Nacional de la Magistratura. Y, si bien posteriormente ha reconocido su grave exceso, ni ha renunciado, ni la junta de decanos de los abogados ha tomado, hasta ahora, una medida sancionadora concreta, lo que sigue dejando una estela de duda e impunidad respecto de la voluntad de autorregulación de los órganos que integran el sistema de administración de justicia.
El riesgo mayor es el debilitamiento de la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática, que podría ahondar aun más la desconfianza de los ciudadanos en sus jueces y fiscales, así como poner en riesgo el ambicioso proyecto de desarrollo económico e inclusión social en que estamos embarcados como país. ¿Quién querrá invertir y exigir sus derechos sin reglas de juego claras y sin un sistema que garantice jueces probos y el debido proceso?
Según el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, la mayor parte de la crisis judicial se origina en las fallas del CNM, encargado de proveer, ratificar y sancionar a los jueces.
Los hechos últimos así lo confirmarían, lo que debe llevar a una inmediata coordinación entre la judicatura y el Congreso para evaluar la situación y tomar medidas que hagan más eficientes e imparciales estos procesos y los blinden de maniobras de interferencia, cooptación, mediatización o corrupción.
Para ello tiene que ponerse en salmuera el excesivo secretismo, que deviene en arbitrariedad, con que actúa el CNM, para avanzar a hacer de la transparencia la regla y no la excepción. A propósito de sus integrantes, los colegios profesionales tienen que hacer un severo esfuerzo de autocrítica, para asumir su grave responsabilidad por la cuestionable selección y calidad ética y profesional de algunos representantes que envían al CNM o al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Sin embargo, el CNM no es el único problema. Hay otros, que deben ser reconocidos por las máximas autoridades judiciales, que van desde la excesiva duración de los procesos (que deriva en miles de presos sin sentencia, por mencionar solo una de las graves consecuencias), hasta la corrupción y la sobrecarga procesal, pasando por la carencia de filtros para evitar y castigar denuncias falsas e infundadas.
Con el mismo celo debe abordarse también la excesiva dependencia de magistrados provisionales y suplentes, así como la revisión del sistema para convertir la Corte Suprema en una instancia de casación con menos sobrecarga.
Como lo hemos señalado antes, el Poder Judicial no pertenece a los jueces y fiscales, sino a todos los peruanos que, con justificada indignación e impaciencia, seguimos a la espera de que este se recomponga y se ajuste a su razón de ser: aplicar justicia de modo objetivo y oportuno.
Es evidente, a raíz de los escándalos sin sanción, que todas estas reformas implican, necesariamente, cambios legislativos que ameritan la intervención del Congreso para devolverle prestigio e idoneidad a la función jurisdiccional.
A las indignantes denuncias en torno al Consejo Nacional de la Magistratura —con un consejero acusado de haber pedido “favores económicos” a un magistrado para ayudarlo a alcanzar una plaza y la inclusión como evaluador de un fiscal destituido y denunciado penalmentese suma ahora otra que involucra al representante de los colegios de abogados ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Según se ha dado a conocer en un programa televisivo, el abogado Hugo Salas se jacta de influenciar en los altos órganos judiciales como la Corte Suprema y el Consejo Nacional de la Magistratura. Y, si bien posteriormente ha reconocido su grave exceso, ni ha renunciado, ni la junta de decanos de los abogados ha tomado, hasta ahora, una medida sancionadora concreta, lo que sigue dejando una estela de duda e impunidad respecto de la voluntad de autorregulación de los órganos que integran el sistema de administración de justicia.
El riesgo mayor es el debilitamiento de la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática, que podría ahondar aun más la desconfianza de los ciudadanos en sus jueces y fiscales, así como poner en riesgo el ambicioso proyecto de desarrollo económico e inclusión social en que estamos embarcados como país. ¿Quién querrá invertir y exigir sus derechos sin reglas de juego claras y sin un sistema que garantice jueces probos y el debido proceso?
Según el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, la mayor parte de la crisis judicial se origina en las fallas del CNM, encargado de proveer, ratificar y sancionar a los jueces.
Los hechos últimos así lo confirmarían, lo que debe llevar a una inmediata coordinación entre la judicatura y el Congreso para evaluar la situación y tomar medidas que hagan más eficientes e imparciales estos procesos y los blinden de maniobras de interferencia, cooptación, mediatización o corrupción.
Para ello tiene que ponerse en salmuera el excesivo secretismo, que deviene en arbitrariedad, con que actúa el CNM, para avanzar a hacer de la transparencia la regla y no la excepción. A propósito de sus integrantes, los colegios profesionales tienen que hacer un severo esfuerzo de autocrítica, para asumir su grave responsabilidad por la cuestionable selección y calidad ética y profesional de algunos representantes que envían al CNM o al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Sin embargo, el CNM no es el único problema. Hay otros, que deben ser reconocidos por las máximas autoridades judiciales, que van desde la excesiva duración de los procesos (que deriva en miles de presos sin sentencia, por mencionar solo una de las graves consecuencias), hasta la corrupción y la sobrecarga procesal, pasando por la carencia de filtros para evitar y castigar denuncias falsas e infundadas.
Con el mismo celo debe abordarse también la excesiva dependencia de magistrados provisionales y suplentes, así como la revisión del sistema para convertir la Corte Suprema en una instancia de casación con menos sobrecarga.
Como lo hemos señalado antes, el Poder Judicial no pertenece a los jueces y fiscales, sino a todos los peruanos que, con justificada indignación e impaciencia, seguimos a la espera de que este se recomponga y se ajuste a su razón de ser: aplicar justicia de modo objetivo y oportuno.
Es evidente, a raíz de los escándalos sin sanción, que todas estas reformas implican, necesariamente, cambios legislativos que ameritan la intervención del Congreso para devolverle prestigio e idoneidad a la función jurisdiccional.
