Por Augusto Álvarez R.
Pero eso no parece interesarles a muchos en el país.
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Se puede debatir si ahora somos el primer o segundo productor mundial de hoja de coca, pero de lo que no hay duda es de que, en esto, el Perú (también) avanza, lo cual no parece preocuparles a muchos en el país.
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El debate se suscitó luego de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) divulgara un informe que concluía que el Perú se convirtió en el año 2009 en el primer productor mundial de hoja de coca, al registrar 119 mil toneladas métricas frente a 103 mil de Colombia. Esto ocurrió justo el mismo día en el que estaba en Lima David Johnson, el subsecretario para asuntos de narcóticos de Estados Unidos.
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Las autoridades peruanas –desde el presidente Alan García hasta el presidente de Devida, Rómulo Pizarro, pasando por el canciller José Antonio García Belaunde– salieron a rebatir esa conclusión, lo cual obligó a UNODC a hacer una rectificación.
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De acuerdo con la misma, las cifras divulgadas se obtuvieron midiendo conceptos distintos: los colombianos, la hoja secada al horno (que es como trabaja habitualmente el narcotráfico en ese país); y en el Perú, la hoja secada al sol.
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Si se midiese en ambos casos el volumen de hoja secada al sol, Colombia, con 149 mil toneladas, estaría primero que el Perú, con 128 mil. De estas, 9 mil toneladas de hoja fueron destinadas al ‘consumo legal’ (mascado o para infusiones), lo que explica la cifra de 119 mil toneladas reportadas en el informe de UNODC. Asimismo, en el año 2009, el Perú registró casi 60 mil hectáreas de hoja de coca (lo que significa un aumento del 6,8% con respecto a 2008), frente a 68 mil hectáreas de Colombia.
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Seguramente no somos, entonces, el primer país del mundo, pero de lo que no debiera haber duda es de que el fenómeno del narcotráfico sigue avanzando en el Perú.
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Se estima que el narcotráfico deja a las ‘firmas’ locales entre US$2 mil millones y US$6 mil millones, un monto que crece año a año y que conforma una chequera lo suficientemente gorda como para hacer shopping de lo que sea necesario para su avance, incluyendo congresistas, presidentes regionales, alcaldes, ministros, jueces, fiscales, policías, periodistas y, en fin, todo lo que sea necesario para el avance de sus intereses ilegales.
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Es evidente que un fenómeno de ese tipo pervierte al país de muchas maneras muy profundas, tal como se constata ahora en México, un ‘modelo’ al que nos vamos acercando lento pero seguro.
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¿Interesa eso a alguien? No, al menos, como debiera –por constituir una amenaza relevante para la gobernabilidad del país– en el gobierno, los candidatos presidenciales o la comunidad empresarial local. Después, no se quejen.
