domingo, 30 de mayo de 2010

Fraude en San Marcos DR. BURGA EX RECTOR

Fraude en San Marcos
Dom, 30/05/2010 -
Por Manuel burgaEector de UNMSM 2001-2006

El martes 25 se realizaron las elecciones para elegir a los representantes de profesores principales y asociados en la nueva asamblea universitaria de San Marcos que elegirá al nuevo rector el 2011. Tres listas se presentaron: la 1 (Acuerdo por San Marcos), la 3 (Consenso por San Marcos) y la 5 (Unidos por San Marcos). La Lista 5 agrupa a gente del entorno del rector Luis Izquierdo.
Desde el 2006, en que Izquierdo fue elegido con una singular votación de 30 estudiantes y 28 docentes (15 decanos y 13 docentes asambleístas), corrieron insistentes rumores de una compra fraudulenta de votos a los estudiantes.
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Esta versión pareció confirmarse en los años siguientes de una gestión que convirtió todos los cargos técnicos de la universidad en prebendas, y a los designados en estos cargos, en clientelas. Llegaron a realizar actos absolutamente ilícitos como parte de una estrategia para mantenerse y reproducirse en el poder. Entre ellos podemos enumerar los siguientes: a) nombramiento de auxiliares con fines electorales con el único objetivo de ganar las elecciones en auxiliares de mayo-2009, que lo lograron; b) inusual promoción de profesores a principales y asociados (2009) preparándose para las elecciones de 2010; c) elección de un comité electoral sin representación de minorías; y d) acentuación de una política prebendista y clientelística.
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Las consecuencias de esta política: una gestión errática, sin rumbo, demagógica, falsamente pro estudiantil, con funcionarios incapaces y deshonestos. Las pruebas se pueden apreciar en el campus de la universidad: abandonado, sin cerco perimétrico e importantes áreas verdes en peligro de ser intervenidas por la Municipalidad de Lima. Una muestra de la ilegalidad es el acto de nepotismo cometido por el rector al nombrar a su hijo en la Facultad de Medicina y crearle un puesto docente en su propia clínica privada. El Hospital docente, para lo cual ya se había asignado un terreno de 15 mil m2 en el actual campus, con frente a la avenida Colonial, fue utilizado burdamente para ingresar al negociado con Rómulo León Alegría y Fortunato Canaán y cuando estalló el escándalo anularon apresuradamente resoluciones y ocultaron lo ocurrido sin consecuencia hasta la actualidad.
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Luego intentaron un convenio con la Región Callao y el famoso Alex Kouri, que estrepitosamente fracasó. Izquierdo trató de negociar personalmente con Luis Castañeda Lossio, o así lo hizo parecer, y el resultado fue que los técnicos de EMAPE se aprovecharon de la ingenuidad, en realidad tontería criolla provinciana, para que San Marcos firme un convenio desventajoso.
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Todo estaba encaminado a las elecciones para renovar profesores principales y asociados el 2010. Para las elecciones del 25 de mayo también se habían preparado y se sentían sumamente confiados por las cifras que manejaban. La elección de asociados, en la que ganaron por 100 votos, la noche del 25 de mayo último, confirmaba sus planes anticipados. Sin embargo la sorpresa vino de los principales, y de manera precisa de los principales de Medicina, donde conocen de cerca a Izquierdo, inexistente como docente y solo conocido como médico empresario.
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En la Casona se hizo el primer recuento de votos, se hicieron las sumas en presencia de los personeros de las listas, estos se dieron la mano a las 10 a.m. y se retiraron a sus domicilios. Sin embargo, rompiendo los usos habituales, el Comité Electoral decidió hacer un cómputo final en la Biblioteca Central del campus y luego de un encierro de 2 horas y media, a las 12 y 45 a.m. le anuncian al personero de la lista 1, que había preferido quedarse, que se había anulado el acta de la mesa de principales de Medicina y que de esa manera la lista 5 se había convertido en ganadora. Las razones: errores materiales en el acta. Las cifras se habían escrito en líneas equivocadas. Este error material se da justamente en la mesa presidida por el médico de la generación de Izquierdo, Orlando Aurazo Díaz, jefe del Archivo Central, funcionario cercano.
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El fraude está aparentemente consumado y prolongaría así la gestión actual para encubrir actos ilícitos, económicos y académicos. Pero no han contado con un nuevo actor: la opinión pública a través de los medios de comunicación. Este acto de corrupción electoral es una amenaza de lo que puede ocurrir con los procesos electorales nacionales que se avecinan. Debemos ponerle freno e impulsar una auténtica investigación para señalar a los culpables.

Por Fernando Rospigliosi: INEPTITUD Y CORRUPCIÓN

Ineptitud y corrupción
Dom, 30/05/2010

La compra de los portatropas sobrevaluados del Ministerio del Interior ya ocasionó un perjuicio de millones de dólares al Estado.
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Todavía puede empeorar.
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En el gobierno aprista la incompetencia y la deshonestidad marchan juntas, como ha quedado en evidencia en la compra de portatropas del Ministerio del Interior.
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Comedia de equivocaciones
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El miércoles 26 en la mañana, en Canal N, el viceministro Samuel Torres defendía la adquisición diciendo que era perfecta y que nadie la podía impedir.
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Pocas horas después, ese mismo día, el premier Javier Velásquez Quesquén anunciaba que el gobierno dejó sin efecto la compra de los portatropas porque “el presidente Alan García Pérez tomó la decisión con el fin de evitar cualquier tipo de cuestionamientos de carácter técnico a los vehículos”. (Agencia Andina, “Poder Ejecutivo deja sin efecto compra de portatropas israelíes”, 26.5.10).
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Horas más tarde, Samuel Torres comunicaba en RPP que había renunciado irrevocablemente al cargo de viceministro y que el ministerio asumiría las responsabilidades legales del anuncio de Velásquez Quesquén.
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Ahí está el detalle
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Los argumentos de Velásquez Quesquén para justificar esa decisión son absurdos y ridículos, propios de un personaje de tercera línea, como lo calificó Alejandro Toledo cuando lo nombraron premier.
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“No se cuestiona el procedimiento que ha sido absolutamente regular (…) sino que hubo observaciones que se han venido levantando con relación a la palanca de cambios, al tipo de aro de neumáticos de los vehículos, a los sistemas”. (Andina, 26.5.10).
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Si el procedimiento ha sido regular y las observaciones se han levantado, y son tan triviales como las que menciona, ¿por qué anular la compra? Sobre todo si eso va a ocasionar una pérdida enorme para el Estado. Sólo Velásquez Quesquén puede sostener necedades de ese calibre sin inmutarse.
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Ya habían pagado
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Al día siguiente, el jueves 27, Rosa María Palacios reveló en Prensa Libre que el Mininter ya había pagado cuatro millones y medio de dólares como adelanto, un 40% del precio total. ¿Cómo se va a recuperar ese dinero ahora?
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Peor aún, el representante de la firma israelí que vende los vehículos desmintió públicamente a Velásquez Quesquén: “Esa anulación no existe. No hemos recibido hasta ahora una comunicación oficial al respecto, por lo tanto seguimos trabajando en ultimar detalles para la entrega de los vehículos, que se concretará la próxima semana”. (“Hatehof descarta anulación de compra”, La República, 28.5.10).
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El contrato se hizo –increíblemente– como una adquisición en el exterior, no sujeto a las leyes peruanas. De esa manera, la empresa israelí tiene todas las de ganar en caso de una controversia.
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La historia
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Como se recuerda, esta tragicomedia empezó el 2007, cuando siendo ministro del Interior Luis Alva Castro anuló la compra de portatropas que había sido gestionada en la administración de Pilar Mazzetti, aduciendo que estaban sobrevaluados.
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La empresa vendedora (ISDS) ha iniciado una demanda contra el Estado peruano por esa anulación.
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Dos años después, el 2009, Octavio Salazar volvió a comprar los mismos portatropas, maquillados, con una nueva sobrevaluación de dos millones de dólares, según denunció Gustavo Gorriti de IDL Reporteros. (“Estafa camionera”, 15.2.10).
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Según esa investigación, Hatehof compró en Israel los vehículos que Alva Castro había rechazado, los acicaló y se los volvió a vender a Interior con un sobreprecio de 60% respecto a los originales.
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En suma, de acuerdo con la versión de Gorriti, el incremento de dos millones de dólares era equivalente a la coima que iban a cobrar funcionarios del gobierno aprista. (“Cutras en Corpac”, Caretas, 6.5.10).
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En este caso, el Director de la Policía, el general Miguel Hidalgo, se ha lavado las manos y sostiene que no tiene nada que ver con la compra, realizada por el ministro Salazar y el viceministro Torres. (“Hidalgo toma distancia”, Caretas, 27.5.10).
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Otro mudo
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El principal responsable de esta operación cuestionada por el propio gobierno, el habitualmente locuaz Octavio Salazar, ha permanecido mudo y atornillado a su puesto, al momento de escribir estas líneas.
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Por supuesto, ninguna de las instituciones que teóricamente deben fiscalizar ha movido un dedo. La Contraloría dice que todo está bien, en el Congreso todos los grupos se encubren mutuamente y la fiscalía no dice esta boca es mía. El pacto de impunidad gestionado eficientemente por los apristas –para eso sí sirven– funciona a la perfección.