Cómo son las cosas Por: Augusto Álvarez Rodrich

Mié, 07/04/2010

Las lecciones que no se aprendieron en Bagua.
Los trágicos incidentes de Chala –porque toda muerte es una tragedia, ¿no?– vuelven a traslucir la gran dificultad de gestión de un gobierno que, incluso diseñando buenas normas como el DU 012, se tropiezan por su aplicación sin buen sentido de la oportunidad; sin capacidad de diálogo ni de prevención; y, finalmente, si se requiere usar las fuerzas del orden para el indispensable desbloqueo de una carretera –que es, sin duda, un delito–, hacerlo con inteligencia en toda la extensión del significado de esta palabra.
Para empezar, no hay duda de que la ‘minería informal’ –o ‘ilegal’ para ser más precisos– es un gran problema para el país, la ciudadanía, el ambiente por la contaminación que implica, el fisco por los impuestos no pagados, o trabajadores que son sometidos a prácticas laborales infrahumanas.
No hay duda, entonces, de que se requería, con urgencia, una intervención gubernamental. Mi lectura del decreto de urgencia 012 me permite concluir, hasta donde llega mi entendimiento de estos asuntos, que es un avance correcto para enfrentar el problema de la minería informal en Madre de Dios.
El problema acá radica en lo que han hecho notar varias personas sensatas y de pensamiento distinto, como, por ejemplo, Patricia Teullet cuando pregunta si se repetirá la historia (de Bagua) por un estado incompetente que no sabe comunicar, o Carlos Basombrío cuando dice que el restablecimiento del orden no se puede hacer con métodos primitivos e ineficientes.
Para los que andan con actitud de hiena que quiere aprovechar todo conflicto social para que corra sangre con el fin de ‘disciplinar a la indiada’, lo sucedido debe darles satisfacción.
Pero gobernar en el sentido cabal de la palabra implica algo muy diferente que, aunque más complejo, es indispensable y pasa por armonizar varios componentes tales como: a) el ordenamiento de una actividad económica ilegal que viola las normas elementales de respeto al ambiente y a la vida humana –y que, como ha señalado Confiep, estaría vinculada al lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando–; b) el diálogo preventivo para evitar el desmadre de un problema que la Defensoría del Pueblo ya había advertido desde, por lo menos, el año 2007; y, finalmente, c) si deben actuar las fuerzas del orden, porque impedir la circulación de las personas por las carreteras es un delito, lo hagan con pericia, con el equipamiento correcto y con armas que no maten a la gente sino que la disuadan.
Hacer compatible todo eso es, no hay duda, una tarea compleja, y gobernar un país lo es, salvo que, por falta de previsión o pericia, o por sentirse envalentonado por la arenga de las hienas, se gobierne creyendo que una dosis de sangre es indispensable para que la gente entienda bien ‘cómo son las cosas’.

La vacancia razonable Por: César Lévano

El Partido Nacionalista va a proponer en el Congreso la vacancia de la presidencia de la República.

El pedido se basa en el artículo 113 de la Constitución, el cual establece como una causal de tal vacancia la “permanente incapacidad moral o física (del presidente), declarada por el Congreso”.

A la luz de la razón, es indudable que el doctor Alan García no merece seguir ocupando el sillón presidencial.

Ollanta Humala y su partido aluden al hecho de que bajo García, en algunos casos por obra de la legislación que él ha impuesto, en otros por evidente orden de su despacho, diversos conflictos sociales han sido enfrentados con violencia brutal, que ha producido 70 muertos, 600 heridos y más de 1,300 dirigentes gremiales enjuiciados.

Muchos otros motivos podrían aducirse.

Defensa de actos ilegales e inmorales como en el caso de la minera Majaz, o en la venta del aeropuerto civil de Collique, o en la imposición de Tratados de Libre Comercio contrarios al interés nacional, o la participación en el faenón de Rómulo León Alegría.

El problema es que, dada la actual correlación de fuerzas en el Congreso, no es probable que la vacancia sea declarada.

Puede suponerse, sin embargo, que el pedido nacionalista abrirá las puertas a un gran debate sobre la política represiva del régimen aprista y a las responsabilidades en la matanza de mineros en Chala.

Una discusión documentada e intensa puede, eventualmente, conducir a un sacudón de la conciencia cívica.

En el fondo, los grandes problemas suelen encontrar soluciones, no en el marco estrecho de Palacio o del Congreso, sino en el vigor de la acción ciudadana.

Ya ahora, los mineros informales han conseguido, por acción directa, que García se muestre dispuesto a modificar su Decreto de Urgencia 012 – 2010.

El planteamiento de Humala ha traído a la memoria pedidos de vacancia que se formularon contra Alejandro Toledo. Un sector de la extrema izquierda clamó, a través de uno de sus voceros, en la Derrama Magisterial, que, dada “la claudicación” de la CGTP, el pueblo debía tomar en sus manos esa demanda. También el Apra propuso vacar a Toledo. No pasó nada.

Era, por cierto, otro contexto.

Ahora hay muertos en la escena.

Hay una vacancia que sí se produjo: la de Alberto Fujimori, cuando éste envió desde Asia, mediante fax, su renuncia al más alto cargo de la República.

En ese momento había dos vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez. El Congreso no podía aceptar la renuncia del fugitivo. Tuvo que inventar una figura: la renuncia de los dos vices, a fin de vacar a Fujimori y permitir que el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, se ciñera la banda presidencial.

El coro de fondo venía de las calles y las plazas: el rechazo masivo al fujimorismo autoritario y corrupto.