martes, 29 de diciembre de 2009

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Entrevista a Hernando de Soto

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Entrevista de Hernado de Soto

DECANOS COLEGIO MEDICO DEL PERU 2010-2011


¿Qué hace el Gobierno para defender a ciudadanos?

EDITORIAL Comercio 29.12.09

Esa es la pregunta que se repite con más fuerza e indignación en Lima y otras ciudades del país, ante la alarmante, escandalosa y cada vez más osada ola de robos y actos criminales contra ciudadanos indefensos.

Tal situación no puede continuar. Obliga al Gobierno a revisar y replantear la política de seguridad ciudadana, que, por inexplicables razones, no llega a cuajarse en resultados efectivos. Por el contrario, pareciera que cada vez estamos peor.
No nos referimos solo al reciente asalto a un bar de Barranco, sino a la creciente sensación de indefensión ciudadana ante los recurrentes y violentos asaltos a bancos, bodegas, restaurantes, etc., así como los secuestros al paso y extorsiones a la vista de todos. ¡Ni siquiera al tomar un taxi nos sentimos seguros!
En lo que va del año hemos tenido ya tres ministros del Interior y cinco en lo que va del régimen, cada cual con una óptica distinta que finalmente resulta en manotazos de ahogado o medidas efectistas, sin que se logre perfilar una política de Estado coherente y sostenida, con metas tanto de corto como de mediano plazo.
La prevención es crucial, pero no puede descuidarse la inteligencia y la investigación criminal para desbaratar las bandas de delincuentes y asesinos.
En medio de este desorden, hemos tenido tres directores generales de la Policía Nacional en siete meses, en tanto que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) tampoco logra articular recomendaciones adecuadas. El caso de Trujillo es grave y escandaloso. El ministro del Interior, Octavio Salazar, debe explicar cómo es posible que, en lugar de disminuir, sigan creciendo las mafias de ladrones y extorsionadores que incluso amenazan con extender sus tentáculos a Lima, Chiclayo y Piura.
El diagnóstico es reservado. Y así como debe investigarse la gestión de los jefes policiales de Trujillo y Chiclayo, en vista de las denuncias de corrupción y hasta de una eventual existencia de escuadrones de la muerte, tiene que considerarse la necesidad de rotar a los jefes de estas y otras principales reparticiones para poder tomar medidas correctivas y romper círculos viciosos.
El Ministerio de Justicia, a su turno, no puede eludir su responsabilidad. Como se ha denunciado una y otra vez, la mayoría de latrocinios se planifican en las cárceles de Trujillo, Chiclayo y Lima. Resulta un absurdo y una burla al Estado de derecho que, en lugar de pagar por sus crímenes contra la sociedad, algunos delincuentes sigan cometiéndolos a control remoto.
El ministro Aurelio Pastor debe explicar por qué no se implementan los sistemas bloqueadores de celulares en los penales y qué medidas está tomando para que estos dejen de ser centros de especialización criminal. El Ministerio Público y el Poder Judicial deben responder por qué avezados criminales capturados salen nuevamente a las calles a seguir delinquiendo.
No caben medias tintas ni cortinas de humo. Estamos llegando a extremos peligrosos, pues el escandaloso déficit de orden y seguridad ciudadana pone en serio cuestionamiento la misma necesidad del Estado. ¿Para qué existe si no puede garantizar el derecho a la vida y la propiedad y los ciudadanos no pueden circular libremente sin la amenaza continua de ser asaltados? La ciudadanía exige respuestas, deslindes y resultados urgentes.

PSICOANALISIS PÀRA GARCIA

29.12.09

Valle Riestra manda al diván a presidente García.

Valle Riestra también enfiló sus baterías contra el Poder Judicial, al que calificó como un ente totalitario y autocrático. “Lo que en el Perú no funciona y es totalitario y autocrático es el Poder Judicial. No existen garantías. La mente de los fiscales es denunciar, la mente de los jueces es abrir instrucción, la mente de los tribunales es condenar. Aquí se denuncia en virtud de la presunción de culpabilidad”, refirió.
REACCIONES
Jurista Francisco Eguiguren
Propuso al gobierno que no ponga más “parches” al actual texto constitucional y dijo a LA PRIMERA que las reformas constitucionales justifican dejar de lado la Constitución de 1993.
Ex premier Jorge del Castillo
El ex premier Jorge del Castillo dijo que los opositores al proyecto que permite la renovación por mitades del Congreso, mediante una reforma constitucional, se sienten perdedores.Presidente del Congreso
El presidente del Congreso, Luis Alva Castro, ha marcado distancias al señalar que una legislatura extraordinaria no puede servir para aprobar una reforma constitucional.
Mercedes Cabanillas “En legislatura extraordinaria no se puede modificar la Constitución. Está clarísimo: sólo se aprueba en legislaturas ordinarias”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Constitución.

La propuesta del presidente Alan García de reformar la Constitución para instaurar la renovación parcial del Parlamento no resiste un análisis, sino un psicoanálisis, declaró ayer el congresista Javier Valle Riestra, sobre el empecinamiento presidencial, que incluye amenazas de disolver el Congreso si no aprueba el proyecto.
Para Valle Riestra, versado en asuntos jurídicos, resulta un absurdo jurídico absoluto sostener que en una legislatura extraordinaria pueda reformar la Constitución, como pretenden García y el APRA.
“No lo ha dicho él (García) pero lo han dicho sus voceros y sus ministros y la Constitución sólo puede ser reformada en dos legislaturas ordinarias sucesivas”, precisó.
Sobre la posibilidad de que el Gabinete Ministerial haga “cuestión de confianza” en torno al proyecto, de manera tal que si el Congreso rechaza dos veces la propuesta determinará la disolución del Parlamento, Valle Riestra aclaró que “la disolución es una figura anatómica, fuera de lugar, que introdujo el fujimorismo en el año 93.
La figura de la disolución parlamentaria está condenada por la doctrina”.
Agregó que, además, no se puede disolver el Congreso en el último año de mandato y precisó que el último año para el presidente García es el 2010, al considerar que en abril del 2011 sabremos ya que tendremos el nombre del sucesor de García.
Valle Riestra también comentó que, aprovechando el desprestigio del Parlamento, el gobierno de García confunde de manera ambigua y equívoca a la población diciendo que va a cerrar el Parlamento para ganar unos votos.
Podría haber una renovación por tercios, porque al fin y al cabo el Perú tuvo una renovación por tercios hasta el año 1920; es una fórmula buena pero que no se puede improvisar en un año electoral porque propuestas de este tipo saben a balconazos, saben a reformas constitucionales de ventana. Entonces eso no es correcto y no es serio, aseveró. “Yo lamento mucho, no quiero atacarlo (al presidente García), sino ayudarlo porque yo, si bien sigo siendo aprista, no voy a Palacio desde que Alan está ahí. Desde acá le digo que no insista en ese disparate suicida porque es contraproducente.
Anunciar que va a disolver el Parlamento no sólo es inconstitucional, sino que va a crear un caos”, advirtió.
Como aprista y hayista, recalcó, ese procedimiento es totalmente nulo, es anticonstitucional que puede traer un caos horrible al país.
Sobre la mala imagen del Congreso, Valle Riestra dijo que el Parlamento que tenemos es fruto de la Constitución apócrifa del ex dictador Alberto Fujimori y opinó que los escándalos y el desprestigio de este poder del Estado tienen su origen en el “unicameralismo pragmático”.“Evidentemente el Parlamento está mal, pero eso se debe a un problema estructural. El Parlamento que tenemos hoy es fruto de la Constitución apócrifa de Fujimori, que ha generado un unicameralismo pragmático”, indicó el fugaz primer ministro del ex dictador Alberto Fujimori.“No hemos construido el Senado, que era fundamental para provocar el equilibrio. Acepto que una Cámara de Diputados pueda ser como el Congreso de hoy, con gente sin grandes currículum, jóvenes, pero el Senado sí tenía que ser una fuerza de equilibrio”, añadió el legislador aprista.



UN AÑO CUALQUIERA

29.12.2009

Por Nelson Manrique
Algunas estampas del año que termina.
-Bagua: un enfrentamiento entre indígenas armados con lanzas, arcos y flechas de madera y policías que disponían de fusiles de guerra, tanquetas y helicópteros dejó, según la versión oficial, 9 indígenas y 25 policías muertos. Aun partiendo de que varios policías fueron vilmente asesinados cuando estaban de rehenes, hubo al menos 15 policías muertos en los enfrentamientos armados contra 5 bajas entre los indígenas (los otros 4 fueron civiles muertos en movilizaciones en Bagua Grande). Al parecer, la comisión nombrada por el Ejecutivo no va a resolver este misterio.

-Los petroaudios: el destape de un caso de corrupción que involucra a las más altas esferas del gobierno –con el ex premier Del Castillo a la cabeza, visitando al menos 5 veces las magnéticas suites de Fortunato Canaán, a las que también acudieron la secretaria personal de Alan García y el secretario de Palacio–muestra nuevas ramificaciones.
Según datos aportados por Gustavo Gorriti en su libro Petroaudios, la empresa BT no solo chuponeó a los involucrados en este caso, sino espió también a Ollanta Humala, a pedido de Alan García, el 2006. El ascenso al marino Ponce Feijóo –el hombre fuerte de BT–, cuando ya había pasado a situación de retiro, sería un premio por este faenón.
Ya Michael Porter –que de respetado gurú de la competitividad terminó convertido en bestia negra de los defensores del modelo económico– advirtió que la corrupción en el Perú es muy alta y está empeorando.
Al terminar el 2009 el juez Jorge Barreto, aprovechando la Navidad, decidió excluir los petroaudios como pruebas judiciales, nada menos que para “defender la privacidad” de los acusados de los delitos que se juzgan. Transcribo el significado de la palabra “prevaricación” según el diccionario de la RAE: “Delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario”. La faena se redondeó con el indulto otorgado por Alan García a José E. Crousillat, por “razones humanitarias”, debido a su estado de salud. Pero, según la investigación de LR, los médicos que fueron a evaluarlo en la clínica privada donde se recluyó encontraron a Crousillat levantando pesas.

Derechos Humanos: En el 2009 se exhumaron los cadáveres de decenas de campesinos asesinados por una patrulla militar en Putis. Pero los defensores de la impunidad desarrollaron una fuerte campaña contra la CVR y el Museo de la Memoria. Luis Giampietri –quien dirigió el operativo militar que terminó con la masacre de más de un centenar de presos de SL rendidos en El Frontón– y Rafael Rey –que defendió en el Congreso la amnistía para los asesinos de Colina, en 1995– dedicaron grandes esfuerzos a negar que las FFAA hubieran violado los DDHH durante la represión del alzamiento senderista.

Pero la realidad es terca y el 23 de diciembre, un día antes de la Navidad, el MP desenterró los cadáveres de 25 niños y 5 adultos, que fueron asesinados en la provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho. Según los testigos que permitieron a la Fiscalía ubicar las fosas comunes, una columna senderista reclutó a la fuerza a niños de cuarto y quinto año de primaria en la comunidad de Raccaya el 25/11/83 y los llevó al pueblo de Umasi, distrito de Canaria.
Allí fueron descubiertos dos días después por una patrulla del ejército en la escuela del pueblo. Los militares separaron a los varones y mujeres, violaron a estas y a las niñas y procedieron luego a asesinarlos a todos, enterrándolos con sus uniformes escolares en las tres fosas comunes de las que acaban de ser sacados.
El mismo 23 de diciembre la sala penal nacional decidió excarcelar a Andrés Egoechaga Salazar, capitán de corbeta de la marina cuando asesinó a Indalecio Pomatanta Albarrán en 1995, cerca de Pucallpa. Egoechaga, junto con cuatro subalternos, roció con 3 galones de gasolina a Pomatanta en su casa, en un interrogatorio, y luego le prendió fuego, dejándolo en agonía durante cuatro días
Ese es el estado de los DDHH en el Perú al terminar el año 2009.

¿Quirófano o peluquería? Dr. Lynch

29.12.09

¿Quirófano o peluquería?

Por Nicolás Lynch

La reciente propuesta del presidente Alan García para reformar la Constitución sobre dos temas de representación política, como son la renovación por partes del Congreso y el voto obligatorio, carece del mínimo de seriedad para una propuesta de ese tipo.
Primero, no se ajusta al procedimiento constitucional ni cuenta con el tiempo político necesario, y,
segundo, no va al problema de fondo.
La primera cuestión nos hace ver que ni el propio Presidente cree en lo que está diciendo y que no se trata sino de una maniobra diversionista para ganarles la mano a sus adversarios a costa del desprestigio del Congreso y de esta manera remontar en algo en las encuestas.
La segunda es que el presidente García se refiere a dos problemas institucionales relativamente menores que es a lo único que se atreven los defensores del orden actual cuando se refieren a la Constitución.

¿Qué necesitamos respecto de nuestro orden constitucional? ¿Reformas tímidas y parciales como las que plantea García o reformas de fondo que vayan a la naturaleza del contrato social entre los peruanos? Definitivamente lo segundo sobre lo primero.

En los últimos años los peruanos, de manera persistente, de acuerdo al Latinobarómetro, somos los que peor consideramos nuestra democracia en América Latina, y Alan García, al mismo tiempo, es uno de los presidentes peor considerados en la región.
Esto no sucede por supuestos pequeños o medianos desajustes institucionales sino por desajustes muy graves y grandes, como el existente entre un capitalismo de amigotes, que obtiene sus ganancias al amparo del poder de turno, y una democracia precaria que no sirve para que el pueblo ejerza su autoridad y termine con esta expropiación cotidiana.

Para su hipotética realización, la maniobra de García necesita, nada más, de reformas cosméticas o de peluquería.
La solución de fondo, en cambio, necesita de una cirugía mayor propia de un quirófano.
En otras palabras, de una nueva Constitución.
Por ello, esta maniobra presidencial se convierte también en una extraordinaria oportunidad para volver a plantear la necesidad de un nuevo acuerdo constitucional, que le dé verdaderos cimientos a la representación sobre la base de una nueva relación entre la economía y la política que permita el florecimiento y no el aborto de las instituciones democráticas.