Esa es la pregunta que se repite con más fuerza e indignación en Lima y otras ciudades del país, ante la alarmante, escandalosa y cada vez más osada ola de robos y actos criminales contra ciudadanos indefensos.
Tal situación no puede continuar. Obliga al Gobierno a revisar y replantear la política de seguridad ciudadana, que, por inexplicables razones, no llega a cuajarse en resultados efectivos. Por el contrario, pareciera que cada vez estamos peor.
No nos referimos solo al reciente asalto a un bar de Barranco, sino a la creciente sensación de indefensión ciudadana ante los recurrentes y violentos asaltos a bancos, bodegas, restaurantes, etc., así como los secuestros al paso y extorsiones a la vista de todos. ¡Ni siquiera al tomar un taxi nos sentimos seguros!
En lo que va del año hemos tenido ya tres ministros del Interior y cinco en lo que va del régimen, cada cual con una óptica distinta que finalmente resulta en manotazos de ahogado o medidas efectistas, sin que se logre perfilar una política de Estado coherente y sostenida, con metas tanto de corto como de mediano plazo.
La prevención es crucial, pero no puede descuidarse la inteligencia y la investigación criminal para desbaratar las bandas de delincuentes y asesinos.
En medio de este desorden, hemos tenido tres directores generales de la Policía Nacional en siete meses, en tanto que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) tampoco logra articular recomendaciones adecuadas. El caso de Trujillo es grave y escandaloso. El ministro del Interior, Octavio Salazar, debe explicar cómo es posible que, en lugar de disminuir, sigan creciendo las mafias de ladrones y extorsionadores que incluso amenazan con extender sus tentáculos a Lima, Chiclayo y Piura.
El diagnóstico es reservado. Y así como debe investigarse la gestión de los jefes policiales de Trujillo y Chiclayo, en vista de las denuncias de corrupción y hasta de una eventual existencia de escuadrones de la muerte, tiene que considerarse la necesidad de rotar a los jefes de estas y otras principales reparticiones para poder tomar medidas correctivas y romper círculos viciosos.
El Ministerio de Justicia, a su turno, no puede eludir su responsabilidad. Como se ha denunciado una y otra vez, la mayoría de latrocinios se planifican en las cárceles de Trujillo, Chiclayo y Lima. Resulta un absurdo y una burla al Estado de derecho que, en lugar de pagar por sus crímenes contra la sociedad, algunos delincuentes sigan cometiéndolos a control remoto.
El ministro Aurelio Pastor debe explicar por qué no se implementan los sistemas bloqueadores de celulares en los penales y qué medidas está tomando para que estos dejen de ser centros de especialización criminal. El Ministerio Público y el Poder Judicial deben responder por qué avezados criminales capturados salen nuevamente a las calles a seguir delinquiendo.
No caben medias tintas ni cortinas de humo. Estamos llegando a extremos peligrosos, pues el escandaloso déficit de orden y seguridad ciudadana pone en serio cuestionamiento la misma necesidad del Estado. ¿Para qué existe si no puede garantizar el derecho a la vida y la propiedad y los ciudadanos no pueden circular libremente sin la amenaza continua de ser asaltados? La ciudadanía exige respuestas, deslindes y resultados urgentes.
