¿Quirófano o peluquería?
Por Nicolás Lynch
La reciente propuesta del presidente Alan García para reformar la Constitución sobre dos temas de representación política, como son la renovación por partes del Congreso y el voto obligatorio, carece del mínimo de seriedad para una propuesta de ese tipo.
Primero, no se ajusta al procedimiento constitucional ni cuenta con el tiempo político necesario, y,
segundo, no va al problema de fondo.
La primera cuestión nos hace ver que ni el propio Presidente cree en lo que está diciendo y que no se trata sino de una maniobra diversionista para ganarles la mano a sus adversarios a costa del desprestigio del Congreso y de esta manera remontar en algo en las encuestas.
La segunda es que el presidente García se refiere a dos problemas institucionales relativamente menores que es a lo único que se atreven los defensores del orden actual cuando se refieren a la Constitución.
¿Qué necesitamos respecto de nuestro orden constitucional? ¿Reformas tímidas y parciales como las que plantea García o reformas de fondo que vayan a la naturaleza del contrato social entre los peruanos? Definitivamente lo segundo sobre lo primero.
En los últimos años los peruanos, de manera persistente, de acuerdo al Latinobarómetro, somos los que peor consideramos nuestra democracia en América Latina, y Alan García, al mismo tiempo, es uno de los presidentes peor considerados en la región.
Esto no sucede por supuestos pequeños o medianos desajustes institucionales sino por desajustes muy graves y grandes, como el existente entre un capitalismo de amigotes, que obtiene sus ganancias al amparo del poder de turno, y una democracia precaria que no sirve para que el pueblo ejerza su autoridad y termine con esta expropiación cotidiana.
Para su hipotética realización, la maniobra de García necesita, nada más, de reformas cosméticas o de peluquería.
La solución de fondo, en cambio, necesita de una cirugía mayor propia de un quirófano.
En otras palabras, de una nueva Constitución.
Por ello, esta maniobra presidencial se convierte también en una extraordinaria oportunidad para volver a plantear la necesidad de un nuevo acuerdo constitucional, que le dé verdaderos cimientos a la representación sobre la base de una nueva relación entre la economía y la política que permita el florecimiento y no el aborto de las instituciones democráticas.
