La pregunta que siguen haciéndose los ciudadanos y deben responder principalmente el doctor Javier Villa Stein, cabeza del PJ, y la jueza María Martínez, a cargo del caso, así como también la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, el director de la Policía Nacional y prominentes funcionarios públicos y dirigentes políticos es cómo y por qué, en un largo año y medio de proceso no han logrado avances significativos para desentrañar esa mafia vil de interceptación ilegal, espionaje y chantaje.
Por el contrario, cada vez las cosas se enredan más: mientras se denuncia la desaparición, violación o edición de algunos audios incautados, algunos acusados asumen actitudes protagónicas y endilgan culpas a diestra y siniestra, en tanto que los partidos políticos abordan irresponsablemente el tema según su conveniencia electorera para cubrirse o atacar al adversario.
En este clima enrarecido, solo algunos medios de comunicación parecen realmente preocupados por la gravedad del tema, aportando evidencias que no son acogidas por los jueces.
Llegados a este punto, tenemos que recordar la gravedad de la denuncia que pone a prueba la idoneidad y eficiencia del sistema judicial, así como la voluntad del Gobierno y de la clase política de luchar contra la corrupción, cuyas falencias afectan la estabilidad democrática y la salud ética y moral de la nación.
Eso es lo que está en juego aquí.
Por lo mismo, se debe investigar y dilucidar no solo quiénes están detrás de un esquema de tráfico de influencias, cuyas ramificaciones rebasan el caso de Business Track, sino también quiénes financian, integran y se aprovechan de esa red de chuponeo y chantaje que espía al mejor postor.
¿Y qué periodistas se benefician de estas mafias?
No es posible que hoy todo el mundo hable del “chuponeo” como si la violación del secreto de las comunicaciones fuera algo normal. A ese extremo hemos llegado, con personajes que filtran informaciones, medias verdades o se van por la tangente sin ir al fondo del asunto, mientras el PJ, el Ministerio Público y la Policía Nacional no investigan como deben.
Lamentablemente, hasta ahora las comisiones investigadoras del Congreso han terminado en sendos fiascos y sin conclusiones contundentes.
En tal escenario, correspondía al Poder Judicial desenmascarar y sancionar estos esquemas delictivos, pero se dan demasiadas maniobras sospechosas que van desde la injustificable demora para abrir los discos duros y últimamente el absoluto relativismo en torno a la autenticidad de los discos duros o USB —que la propia procesada Giannotti sostiene han sido adulterados— de lo cual se acusan mutuamente el PJ y la Fiscalía de la Nación.
El país no puede tolerar más maniobras oscuras y dilatorias, por lo que exige conocer el nivel de involucramiento de entidades (y personas) estatales y privadas en esquemas de tráfico de influencias y corrupción, pero también quiénes pagaron por espiar a quién, por qué y para qué, ambos delitos alevosos cuyos responsables tienen que ser individualizados y condenados.
Esperamos deslindes y pronunciamientos al más alto nivel de los poderes públicos, los partidos y los representantes de la sociedad civil.
El caso de corrupción más serio ocurrido en este gobierno no puede quedar así, salvo que haya una sombría concertación de voluntades para apañar la impunidad y soliviantar la institucionalidad democrática, lo cual sería desastroso y tendría que ser denunciado a viva voz por la prensa independiente.
