Para él, el fin de la investigación es dar con los que pagaron el chuponeo.
No le interesa la pérdida de archivos en caso BTR.
Calificó las acusaciones contra Del Castillo y Nava como una “maniobra distractiva”.
El presidente Alan García exigió ayer a la justicia averiguar y castigar de una vez por todas, quiénes y cuánto pagaron a Business Track para que espíen a empresas y políticos.
García asimismo le restó importancia a la pérdida de los USB del caso BTR y calificó como una maniobra distractiva las acusaciones contra Jorge del Castillo y gente de su entorno como Luis Nava.
García sostuvo que la justicia debiera interrogar a los que están detenidos y a los que fueron captados escuchando, sobre quién les pagó y si no lo quieren decir que simplemente sea un agravante de su condición penal. Dijo “que digan de una vez qué pasó en el contrato de Discover Petroleum, con el señor Canaán”.
El mandatario pidió al Poder judicial y al “doctor Barreto que aceleren sus investigaciones y adopten decisiones”.
“Yo también quiero saber si en la concesión del lote petrolero hubo o no hubo quien se metió plata en el bolsillo o quien quiso participar como asociado”, refirió.
Consultado sobre el pedido que hizo para que el Poder judicial acelere sus investigaciones sobre el caso BTR para conocer quiénes pagaron a BTR, García dijo “no hay que mezclar papas con camote”.“Hay un tema que no ha sido esclarecido en el caso de Discover, el señor Canaán y las tratativas para que obtuviera un lote de petróleo, ¿hubo delito, corrupción, encontraron algún funcionario?
Más allá de las comunicaciones telefónicas que pueden ser palabreos, que pueden ser gestión, hay que definir allí si hubo corrupción y si alguien se benefició o si hubo actos preparatorios para actos de corrupción o si hubo tentativas de corrupción, ese es un tema”, indicó ante la prensa como minimizando los posibles negociados en que habrían incurrido funcionarios de su gobierno.
El referido mensaje además puede entenderse como un mensaje a Rómulo León, quien exige su excarcelación por considerarse inocente.
En lo que sí puso énfasis García fue en que esa información (posible negociado) se obtuvo a partir de unos audios interceptados y que, conforme avanzó la investigación, dijo, se supo que no solamente se había interceptado a Canaán o alguna gente aquí, sino a muchísima gente, empresas, abogados e instituciones aparentemente en los últimos diez años.“Quién ha venido pagando eso, qué empresas han pirateado o espiado a sus competidoras, qué estudios de abogados han querido extorsionar a los adversarios de sus clientes, todo ello constituye una gravísimo delito y el acto mismo de tener aparatos de interceptación es un segundo delito, diferente a otro”, reiteró añadiendo que ello vendría desde la época del ex asesor, Vladimiro Montesinos.García llegó a lanzar la hipótesis de que en realidad nunca existió el material incautado a Giannotti, sino, consideró, que se recurrió a denunciar su pérdida para invalidar el resto de pruebas y hacer imposible detectar quiénes ordenaron el espionaje y la ocurrencia de otros delitos. “El ministerio Público dice yo no tenía esos casetes (USB); el Poder judicial, a mí tampoco me mandaron; no será que nunca existieron; no será que lo que se quiere es invalidar todo el conjunto de pruebas que existen de la interceptación para decir no puede haber juicio, haber sanción porque las pruebas son inválidas”, señaló. Vilma EscalanteRedacción
