martes, 30 de marzo de 2010

El disco duro de un general .. Por: César Lévano

El escándalo del chuponeo practicado por Business Track (BTR) se enreda, mejor dicho, lo enredan, cada vez más.
LA PRIMERA, así como otros diarios, han informado sobre el robo de archivos informáticos y del disco duro de una computadora incautados a Giselle Gianotti, ex gerenta de BTR, el 12 de enero de 2009.
El recorrido de ese material es nítido:La incautación fue practicada por la Policía; específicamente por la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro), cuyo jefe era entonces el general Miguel Hidalgo, gran amigo del presidente Alan García.
Hidalgo recibió desde Palacio el encargo de investigar el caso de los petroaudios. Estaba usurpando funciones, puesto que el caso entraba en la jurisdicción de la División de Delitos de Alta Tecnología y no tenía nada que ver con drogas. Lo incautado pasó luego a la Fiscalía Anticorrupción.
Finalmente, todo el material –mejor dicho, lo que quedaba del material–, pasó al despacho de la jueza María Martínez.Ahora se sabe que el 13 de mayo de 2009, hubo una audiencia en la cual los abogados de Gianotti se percataron de que el material ya no estaba lacrado. Esa revelación consta en un acta firmada por el fiscal y la jueza.Cuando la Policía pidió que se reconozca el código hash que se había asignado en enero a lo decomisado, se descubrió que el código ya no era el mismo.Algo más: El 12 de enero de 2009, la Policía copió una estructura de carpeta. El 13 de mayo se halló otra, que ilícitamente reemplaza a la original. LA PRIMERA publicó el domingo las dos estructuras. La original contiene 19 referencias a Rafael Rey. En la manipulada no figura el ministro.Para que esas falsificaciones se produjeran, fue necesario un robo previo. El cambiazo puede ser obra de policías bajo las órdenes del general Hidalgo, o de elementos cercanos a oficiales de la Armada.
Como LA PRIMERA informó el viernes último, el comandante (r) de la Marina Carlos D’allorso de la Peña, participante en la matanza de El Frontón, es el jefe de seguridad del Palacio de Justicia.
Es éste un caso en que ponen al gato de despensero. Resulta evidente que Alan García, Jorge del Castillo y otros jerarcas apristas están interesados en ocultar diálogos y mensajes relacionados con Rómulo León y quizá con otras faenas financieras y electorales.
García se queja de haber sido, también él, chuponeado.
¿Por qué no ordena que se investigue y revele ese chuponeo, sumamente grave puesto que atañe al jefe de Estado?
Estamos aquí ante una comedia de manipulaciones. Hay chuponeados que no quieren que se revele lo que hablaron, y chuponeadores que quieren negar chuponeos y para eso roban y borran pruebas. Todos ellos resultan beneficiados con el robo del disco duro y las dos USB de la señora Gianotti.El general Hidalgo sabe lo que hace

Sainete......................Por: Mariella Balbi

Martes 30 de Marzo del 2010

Nadie pecaría de exagerado si considera que el maloliente caso de Business Track le sigue los pasos a los “vladivideos” y a los actos aledaños de la corrupción fujimontesinista.
Estos últimos tuvieron una presencia cotidiana durante diez años.
El estilo era unas veces más soterrado, otras bastante evidente, aunque poco podíamos probar y luego explotó lo que ya conocemos y que nunca debimos vivir.
Nos torció como sociedad, en la práctica nos convertimos en una republiqueta gansteril.
Mundialmente obtuvimos un récord indeseable.
De hecho Business Track se gestó en las postrimerías del gobierno de Fujimori, su hechura y sello son inconfundibles.
Tuvo (¿tiene?) espiados a ministros, jueces, fiscales, parlamentarios, periodistas, empresarios y empresas, uniformados, personal de contraloría. Siempre que se habla de fechorías en el Perú la lista es larga.
Este hijo mayor del fujimontesinismo no fue descubierto porque la lucha anticorrupción en el gobierno actual sea contundente.
El destape se atribuye a Palacio de Gobierno, a los líos entre empresas, al descuido de algunos implicados en la corrupción.
Los “petroaudios” fueron la punta del iceberg de Business Track, pero el continente que hay debajo es sumamente preocupante.
Ahora resulta que se “pericotearon” o sepultaron algunos archivos importantes.
Y todo es tan confuso que parece que se quiere así. Encima, signo de los tiempos modernos, el sainete está plagado de términos informáticos y de la alta tecnología.
Los abogados de los involucrados se adscriben a la denuncia de desaparición de material, aprovechando eso para favorecer a sus defendidos.
La prensa, que destapó el tema, respaldó lo expresado por la fiscalía, que habla de robo puro y duro. La Dinandro confirma la versión del fiscal y tiene un acta de incautación del material para demostrarlo. El Poder Judicial (PJ) asegura y reasegura que todo está intocado, que nada se manipuló, añadiendo que si se alteraron los USB, los originales están. La comisión del Congreso que investigó a Business Track ha hecho mutis por el foro. Súmele a esta indigesta representación que la comisión de ética nombrada por el PJ encontró desbalance patrimonial a varios vocales supremos.
Lo que queremos saber, afectados y no afectados, es por qué difieren tan diametralmente la denuncia del fiscal con la posición del PJ. La jueza Martínez tiene que decir algo para transmitirnos confianza y seguridad de que la mugre no llegó a su despacho. La fiscalía y el Poder Judicial se amparan en la reserva del proceso que finaliza el 14 de abril. Esperemos que luego de esta fecha todo será transparente y que sepamos con certeza quién mandó a “chuponear” a medio Perú, cuánto pagaron y hasta dónde llegó Business Track. Grotesco como un sainete, pero lamentablemente real.

Congreso devuelve a Comisión de Salud proyecto sobre SOAT médico

Congreso devuelve a Comisión de Salud proyecto sobre SOAT médico
Mar, 30/03/2010 - 20:10


El pleno del Congreso acordó esta tarde devolver a la Comisión de Salud el proyecto de ley que establecía la creación de un fondo de riesgo para defender a las víctimas de las negligencias médicas.
La decisión fue adoptada, por 53 votos a favor 21 en contra y tres abstenciones, tras cerca de dos horas de debate y luego de que el congresista Francisco Alberto Escudero Casquino presentara una cuestión previa, para que la iniciativa legislativa volviera a ser analizada en la Comisión de Salud.
A través de la propuesta se garantizaba el derecho de los usuarios de las instituciones prestadoras de salud a recibir una atención inmediata frente a los eventos adversos que se pudieran generar por efecto de una mala práctica médica.
Para el efecto, se consideran eventos adversos a los daños producidos en el paciente como consecuencia directa de la atención de su salud, de manera no intencional.
La propuesta establecía que para el pago de la indemnización respectiva las instituciones prestadoras de salud públicas y privadas debían aportar al Fondo de Riesgo en los Servicios de Salud.
“Los aportes de las instituciones prestadoras de salud cubren los servicios de los profesionales de la salud durante el tiempo en que se desempeñen en éstas, cualquiera sea la relación que los vincule”, precisaba el proyecto de ley.
Asimismo, se instituía que dicho fondo debía contar con un directorio adscrito al Ministerio de Salud, conformado por representantes de los ministerios de Salud, Defensa, Interior; gobiernos regionales, así como de las instituciones prestadoras de salud privadas.

La delgada línea roja...Nicolás Lynch

La delgada línea roja
Mar, 30/03/2010

Hace unas semanas que Lourdes Flores y ahora Alejandro Toledo quieren marcar la cancha electoral señalando lo que ellos consideran la línea entre la decencia y la corrupción. Para estos políticos la diferencia clave entre decencia y corrupción serían los buenos modales en la función pública, el no robar, coimear ni chantajear, amén de otros delitos desafortunadamente asociados a la misma. Y ellos habrían sido los modelos de esta conducta proba en nuestro pasado reciente. En suma, la corrupción definida como un problema de comportamiento.
Hay, sin embargo, quienes creemos que la corrupción es más que un problema de conductas. Lo que los peruanos miramos atónitos en los videos de la famosa salita del SIN y los múltiples escándalos ocurridos en los dos últimos gobiernos elegidos no es sólo un problema de mala conducta. Mucho más que eso, es el problema de la falta de identidad con el Perú que han promovido élites a lo largo de la historia republicana y que encuentra un momento culminante en la aplicación del ajuste neoliberal a principios de la década de 1990 por la dictadura de Fujimori y Montesinos. Las políticas antinacionales que se han aplicado en materia de privatizaciones y concesiones, inversión extranjera y TLC, y que promueven al Perú como un destino al que hay que saquear en el menor tiempo posible están en la raíz de las malas conductas que calificamos hoy como corrupción. La razón es sencilla: se roba lo ajeno, nadie se roba lo que es suyo.
Lourdes Flores y Alejandro Toledo, más allá de que estén o no envueltos en prácticas corruptas, son dos políticos continuistas con el modelo neoliberal que implantó la dictadura de los años 90. Recordemos que Lourdes Flores, en su afán de cuidar el modelo neoliberal, planteó en octubre del 2000 que fuera Fujimori el que encabezara la transición a la democracia. Alejandro Toledo, por su parte, luego de prometer que haría modificaciones al modelo, con muchos compromisos de campaña firmados al respecto, siguió con el mismo, procediendo, por ejemplo, a las modificaciones legales que permitirán, a partir de junio, que nuestro gas sea exportado al mejor postor sin atender a las demandas nacionales.
No es entonces la mala conducta por si sola la que debe marcar la cancha electoral sino, más bien, las políticas antinacionales producto del modelo neoliberal las que deben señalar la raya que distinga a los que están a favor de los que están en contra de la democracia y el desarrollo del Perú. Porque sin nación, así les moleste, jamás habrá democracia