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Unos decretos por derogar y un ministro por despedir.
TACNA. Yo no sé si usted piense igual pero, a mí, me repugna y avergüenza que un gobierno de raíz democrática y que debe, por ello, respetar los derechos humanos, tenga en el gabinete a alguien que actúa como defensor de violadores de esos derechos fundamentales.
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El ministro Rafael Rey se ha obstinado, al final de su gestión lamentable, en contrabandear, aprovechando el momento electoral, un conjunto de decretos legislativos que son una amnistía encubierta para violadores de derechos humanos.
El ministro Rafael Rey se ha obstinado, al final de su gestión lamentable, en contrabandear, aprovechando el momento electoral, un conjunto de decretos legislativos que son una amnistía encubierta para violadores de derechos humanos.
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Es bochornoso, además, conocer que esto se realizó con la complicidad de los abogados de los beneficiarios de estas ganzúas, y a pedido expreso de ellos mismos.
Es bochornoso, además, conocer que esto se realizó con la complicidad de los abogados de los beneficiarios de estas ganzúas, y a pedido expreso de ellos mismos.
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Pero no es Rey el que debiera dar vergüenza sino el gobierno que lo puso en el gabinete –al igual que a Luis Giampietri en la Vicepresidencia–, y que lo autoriza a dar esos decretos y luego lo defiende.
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Es paradójico que un ministro de Ofensa, como Rey, pida tolerancia por sus ideas. Tolerancia siempre debe haber pero no en todo. Hay algunos asuntos –enfoque económico, corriente política, un libro o el fútbol– en los que no solo se puede sino que se debe ser tolerante, y abierto a la discrepancia y al reconocimiento de puntos de vista con los que se puede estar en desacuerdo pero que no por ello dejan de ser respetables.
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Hay, sin embargo, otros asuntos en los que no caben medias tintas, donde es claro qué lado es el correcto y cuál el errado, qué es lo decente y qué lo inmoral.
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Por ejemplo, el maltrato a la mujer, la pedofilia escondida por la iglesia católica, o la amnistía encubierta para violadores de derechos humanos que es lo que traen los decretos de Rey, varios de los cuales ya presentaron sus expedientes para aprovechar la ganzúa que les otorga.
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Eso explica el consenso amplio por su derogación, desde la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil y la mayoría de medios con la excepción de cuatro diarios que tienen la convicción de que la violación de derechos humanos promueve la estabilidad del país.
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Eso explica el consenso amplio por su derogación, desde la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil y la mayoría de medios con la excepción de cuatro diarios que tienen la convicción de que la violación de derechos humanos promueve la estabilidad del país.
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Al Apra debiera avergonzarle lo que sucede. Afortunadamente, el gobierno cuenta ahora –a diferencia de antes– con un ministro de Justicia aprista y decente que no se casa con la cuchipanda y que, por tanto, se opone a estos decretos fabricados en los clósets y sótanos del Ministerio de Defensa.
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También, con congresistas como Luis Gonzales Posada que han tomado distancia, con claridad, de este escándalo democrático.
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El presidente Alan García debe optar. Entre la legalidad y la inmoralidad.
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Entre la defensa o la violación de los derechos humanos. Entre los ministros Víctor García Toma o Rafael Rey. ¿Tan comprometido está el Presidente que no puede darse cuenta de la mancha tan grande que esto significa para su gobierno?
