sábado, 3 de abril de 2010

HECHOS Y NO PALABRAS ??????

EL RETORNO DE HECHOS Y NO PALABRAS !

Por: Dr. Sinesio López . PUCP.


En el Perú, la política y los políticos no dejan de sorprendernos. Odría gana batallas después de muerto. Su famosa consigna “hechos y no palabras” es hoy por hoy una guía para la acción.
Algunos políticos han sacado al vulgar dictador del fango del crimen y el robo y lo han elevado al eminente sitial de filósofo de la praxis. Fujimori, García, Castañeda, Kouri son los más connotados odriístas del momento.
El discípulo más aprovechado de todos es, qué duda cabe, García.
Escuchémoslo: “Otros en la tribuna de los devaneos y vanidades, otros en el globo inflado de sus propias frases… nosotros con obras, con trabajo concreto”.
Castañeda, el más conocido mudo de la política peruana, habla con obras.
Kouri dice que sus obras hablan por él. No quiere hablar de otra cosa. De sus malas juntas con Montesinos, por ejemplo.
La mayoría de las autoridades (presidentes regionales, alcaldes) piensan que el último tramo de su mandato es el tiempo de las obras.
¿Qué expresa y qué oculta la llamada “filosofía de las obras”?
Francamente hay de todo.
En unos casos, se busca alcanzar fines legítimos a través de las obras: atender una demanda ciudadana, satisfacer una necesidad sentida, buscar una reelección legítima.
En otros, los fines son más discutibles: se trata de ocultar con migajas expresadas en obras el gobierno efectivo para los ricos.
En la mayoría de los casos, por desgracia, ella busca fines abiertamente perversos: tras las obras se esconden la coima, el robo, los negociados, la corrupción en suma.
Este fue el sentido primigenio de la consigna odriísta que la oposición democrática criticó en su momento.
Se podría afirmar que los “faenones” (a lo Químper) son aquellas obras que logran combinar todos los fines señalados. Es probable, sin embargo, que la corrupción más significativa (la de lluvia de millones) no se halle en lo que generalmente se llama “las obras” sino en la decisión y aplicación de las políticas públicas, particularmente de las políticas económicas.
Hay otros dos fines también perversos que “la filosofía de las obras” persigue.
En primer lugar, ella busca consolidar la cultura política permisiva con la corrupción que existe en el Perú y en AL, especialmente en las clases populares. Esa cultura se expresa en la conocida frase frecuente y resignadamente repetida: “Con tal que haga obra, no importa que robe”.
Los políticos corruptos la conocen por las encuestas y por propia experiencia, se apoyan en ella y coinciden con ella.
Son perversamente populares. A ellos no les importan la ética, ni la transparencia, ni la decencia. Lo que les importa es la eficacia y la eficiencia. Por eso creen que pueden ganar si contraponen la eficiencia con la decencia. Se pueden llevar un chasco si se demuestra que la eficiencia y la decencia pueden (y deben) ir juntas. En resumen, “la filosofía de las obras” es esencialmente corrupta.
En segundo lugar, ella busca liquidar la política de la palabra, del discurso, del debate público y “del uso público de la razón” (como decía Kant).
Los políticos corruptos “olvidan” que la palabra y el discurso son herramientas de acción, son formas de organizar voluntades colectivas, son instrumentos para hacer una historia propiamente humana.
La acción (obra) y el discurso son los componentes fundamentales de la política desde el mundo clásico (griego y romano) hasta la democracia moderna.
Si se les separa, se castra a la política, especialmente a la política democrática.
En el fondo, la “filosofía de los hechos” es vergonzantemente autoritaria.
Se trata de aplastar con la fuerza de los hechos el consenso político difícilmente alcanzado. Ella es autoritaria y corrupta. Como el odriísmo y como el fujimorismo.
Colocándome en un plano puramente normativo la política, especialmente la política democrática, tiene que unificar decencia y docencia, transparencia y eficiencia, acción y discursos, hechos y palabras.
Movimiento Médico Peruano-MMP
http://sapoperu2011.blogspot.com/

Desigualdad: la democracia pendiente


Autor: Santiago Pedraglio

Un informe divulgado por ONU-Habitat en el V Foro Urbano Mundial de la ONU (Río de Janeiro) notifica que “la desigualdad entre ricos y pobres aumentó en América Latina en las últimas décadas y, en la actualidad, el 20 por ciento de los más opulentos acapara el 56.9% de los recursos”.
Este continente sigue siendo el más desigual del mundo.
Según el documento, “el país con menos desigualdad de ingresos en América Latina tiene mayor desigualdad que cualquier país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e incluso que cualquier país del este de Europa”.
En 1970 “había 41 millones de pobres en las ciudades de la región, el 25% de la población de la época, y en 2007 se registraron 127 millones de pobres, el 29% de la población urbana”.
Los pobres han aumentado porcentual y numéricamente; y los masivos procesos de urbanización no han contribuido a reducir la pobreza.
Los tres países más inequitativos del continente (Brasil, México y Argentina) poseen las economías más grandes de la región.
Así pues, la democracia que comenzó a instalarse en América Latina y el crecimiento importante de economías como la de Brasil –y, en menor grado, la peruana– no han contribuido a reducir la desigualdad entre los que tienen más ingresos y los que tienen menos.
Chile, ejemplo positivo de un país relativamente pequeño, tampoco sale bien: ocupa el sexto lugar en la lista de países con mayor desigualdad, inmediatamente después de Colombia.
Evidentemente, no se trata de insinuar que un régimen autoritario sería la alternativa para reducir las brechas; Venezuela misma, que intenta ser una opción alternativa, es el cuarto país más desigual de la región.
El Perú se lleva la peor parte en cuanto a pobreza rural: bate el récord, con el 69.3%.
En Brasil alcanza a algo más de la mitad de la población. Aquí sí, Chile es una excepción positiva: tiene 12.3% de pobreza rural. Es probable que esta desigualdad resulte mayor si se toman en cuenta no solo la distribución de los ingresos –como hace el informe mencionado– sino, además, la cobertura y calidad de servicios esenciales como salud, vivienda, educación, electricidad y vialidad.
Esta desigualdad no solo obedece a la impotencia de democracias copadas por grandes poderes fácticos. Los propios gobiernos elegidos no han adoptado políticas de regulación o distribución, debido a su fragilidad ante las grandes corporaciones.
Las presiones tributarias siguen siendo extraordinariamente bajas. El modelo económico sigue siendo básicamente exportador de materias primas y escaso valor agregado.
Finalmente, hay una práctica social y cultural, estamental y patrimonial, que considera “normal” o “natural” la existencia de un enorme porcentaje de connacionales en situación de pobreza y miseria.