Autor: Santiago Pedraglio
Un informe divulgado por ONU-Habitat en el V Foro Urbano Mundial de la ONU (Río de Janeiro) notifica que “la desigualdad entre ricos y pobres aumentó en América Latina en las últimas décadas y, en la actualidad, el 20 por ciento de los más opulentos acapara el 56.9% de los recursos”.
Este continente sigue siendo el más desigual del mundo.
Según el documento, “el país con menos desigualdad de ingresos en América Latina tiene mayor desigualdad que cualquier país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e incluso que cualquier país del este de Europa”.
En 1970 “había 41 millones de pobres en las ciudades de la región, el 25% de la población de la época, y en 2007 se registraron 127 millones de pobres, el 29% de la población urbana”.
Los pobres han aumentado porcentual y numéricamente; y los masivos procesos de urbanización no han contribuido a reducir la pobreza.
Los tres países más inequitativos del continente (Brasil, México y Argentina) poseen las economías más grandes de la región.
Así pues, la democracia que comenzó a instalarse en América Latina y el crecimiento importante de economías como la de Brasil –y, en menor grado, la peruana– no han contribuido a reducir la desigualdad entre los que tienen más ingresos y los que tienen menos.
Chile, ejemplo positivo de un país relativamente pequeño, tampoco sale bien: ocupa el sexto lugar en la lista de países con mayor desigualdad, inmediatamente después de Colombia.
Evidentemente, no se trata de insinuar que un régimen autoritario sería la alternativa para reducir las brechas; Venezuela misma, que intenta ser una opción alternativa, es el cuarto país más desigual de la región.
El Perú se lleva la peor parte en cuanto a pobreza rural: bate el récord, con el 69.3%.
En Brasil alcanza a algo más de la mitad de la población. Aquí sí, Chile es una excepción positiva: tiene 12.3% de pobreza rural. Es probable que esta desigualdad resulte mayor si se toman en cuenta no solo la distribución de los ingresos –como hace el informe mencionado– sino, además, la cobertura y calidad de servicios esenciales como salud, vivienda, educación, electricidad y vialidad.
Esta desigualdad no solo obedece a la impotencia de democracias copadas por grandes poderes fácticos. Los propios gobiernos elegidos no han adoptado políticas de regulación o distribución, debido a su fragilidad ante las grandes corporaciones.
Las presiones tributarias siguen siendo extraordinariamente bajas. El modelo económico sigue siendo básicamente exportador de materias primas y escaso valor agregado.
Finalmente, hay una práctica social y cultural, estamental y patrimonial, que considera “normal” o “natural” la existencia de un enorme porcentaje de connacionales en situación de pobreza y miseria.
