Titular de Comisión de Salud negó que el Congreso pretenda desnaturalizar aplicación de un seguro médico

Titular de Comisión de Salud negó que el Congreso pretenda desnaturalizar aplicación de un seguro médico
La imputación fue hecha por el presidente Alan García, pero la congresista Hilda Guevara adelantó que se busca consenso para “institucionalizar” la responsabilidad en casos de negligencia

Miércoles 03 de marzo de 2010 - 06:18 pm

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, Hilda Guevara (Apra), desmintió hoy al presidente de la República, Alan García, quien señaló que el Congreso pretende desnaturalizar el proyecto del SOAT Médico del Ejecutivo, el cual plantea que los profesionales y las clínicas u hospitales paguen un seguro, de manera que una persona que sufre una mala práctica médica pueda ser resarcido de inmediato.
En declaraciones a elcomercio.pe, la parlamentaria explicó que el tema es muy difícil y requiere de un arduo debate.
“Estamos en este momento en una mesa de trabajo con las diferentes bancadas, con representantes de Essalud, del Ministerio de Salud y con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esto no es fácil y se dará por primera vez en el país (...) de repente mi compañero el presidente lo ha dicho por la demora”, señaló Guevara.
PROPUESTA FINALLa titular de este grupo de trabajo adelantó que en el pleno de mañana debe presentarse un proyecto consensuado. Según dijo, hasta este momento la tendencia es aprobar un seguro obligatorio asumido por los centros de salud, sean públicos o privados.
“En el caso de Essalud ya existe un fondo especial para resarcir daños en casos de mala praxis médica y en el caso de las clínicas privadas van a tener que contratar un seguro”, señaló.
Explicó que la institución (de salud) es la que tiene que garantizar el servicio pues el médico o la obstetriz no son los únicos responsables del mismo.
“El seguro debe ser institucional porque cuánto gana una enfermera, 700 soles mensuales. Su aporte sería de 5 o 10 soles al mes. Por más que usted tenga un fondo de parte de ellos no se va a poder cubrir el resarcimiento de un daño”, acotó.

VEINTE AÑOS DE IMPUNIDAD POR. AUGUSTO ALVAREZ

Mié, 03/03/2010


Misión cumplida en el gran faenón de los petroaudios.

El gobierno puede estar satisfecho por haber logrado su mejor faenón: la desactivación de las consecuencias judiciales y políticas del caso de los petroaudios. La consecuencia ética, en cambio, no será fácil de borrar aunque en el Perú, después de un tiempo, todo se olvida.

El final de la comisión presidida por el congresista Oswaldo Luízar se parece al que tuvo la de Daniel Abugattás, en medio de incertidumbre y entrampamiento y con las principales fuerzas políticas –empezando por el Apra– dedicando su mejor esfuerzo a boicotear la investigación y a blindar a sus asociados.

Además, como sucedió desde el mismo destape de este escándalo, esto se produce con arengas del presidente Alan García de que “caerán las ratas” o de que –como dijo hace un par de días– el chuponeo se “debe esclarecer debidamente”.

El operativo de desactivación empezó a los pocos días de haber sido destapado en tres frentes: el mediático, para mellar la capacidad de la prensa de profundizar la denuncia; el judicial, poniendo a un juez sin intención de hacer justicia; y el político, lo cual incluyó el enjuague en el Congreso de la responsabilidad de varios políticos metidos hasta el cogote en esta cuchipanda, así como la vendetta contra los que, desde diferentes ámbitos, contribuyeron a la denuncia.

Pero si bien el Partido Aprista y sus asociados en este asunto pueden estar satisfechos de estarse limpiando en los planos mediático, judicial y político, en el terreno de la ética no podrán sacudirse tan rápidamente de la suciedad.

Al margen de lo que quieran concluir sus jueces, congresistas y periodistas, lo cierto es que al Perú llegó, durante el segundo gobierno de Alan García, un pirata dominicano que, camuflado de empresario, tuvo la intención de desarrollar negociados en una diversidad de sectores, para lo cual contó, como cicerone, con un ex ministro aprista que se encargó de abrirle todas las puertas gubernamentales y de coordinar gestiones para que el entonces premier, medio gabinete, los secretarios de Palacio, y varios empresarios encopetados, entre muchos otros, desfilaran por la suite del pirata, dejando el rastro chuponeado por una compañía manejada por amigos del vicepresidente, la cual actúa en este giro delincuencial desde hace mucho tiempo y que posee una sólida conexión con algunos sectores de peso del Apra y del fujimorismo.

Esa es la verdad aunque ahora la quieran reinterpretar los escribidores, leguleyos y otorongos vinculados al gobierno. En este contexto, no deja de ser curioso que el ex premier Jorge del Castillo proponga que “el Apra debería gobernar veinte años”. En ese lapso, en el Perú, todo queda olvidado

ELIGIENDO SUPREMOS....Por Calos Reyna

Mié, 03/03/2010

Los miembros de las cortes supremas son los que encabezan uno de los tres poderes del Estado. Por tanto el proceso de su nombramiento no es un asunto secundario. Mirando a países que nos son cercanos se encuentra lo siguiente.
En Brasil el Presidente nombra a los miembros del Tribunal Supremo Federal y de los Tribunales Superiores, con la aprobación previa del Senado Federal. En México, el Presidente propone ternas para la Suprema Corte de Justicia y el Senado realiza la selección con el voto de dos tercios de sus integrantes.
En Chile el Presidente nombra a los magistrados supremos, luego de una propuesta de la propia Corte Suprema, y se requiere la ratificación por los dos tercios del Senado. En Uruguay, la Asamblea General de ambas cámaras, senadores y diputados, concentra la atribución de nombrar a los magistrados de la Suprema Corte, siempre con el voto mínimo de los dos tercios de la Asamblea.
En Bolivia la Constitución recientemente aprobada incurre en una audacia democrática. Los integrantes del Tribunal Supremo serán elegidos por el voto universal de los ciudadanos. La llamada Asamblea Plurinacional intervendrá sólo para preseleccionar a los candidatos a magistrados supremos.
En Argentina, el Presidente es también quien nombra a los magistrados supremos después de la típica aprobación de los dos tercios del Senado. Hay un Consejo Nacional de la Magistratura pero este nombra jueces de las instancias inferiores y tiene entre sus integrantes a representantes de las cámaras legislativas y de otros sectores.
En España sí interviene un colegiado para nombrar a magistrados supremos. El Rey formaliza el nombramiento de los integrantes del Tribunal Supremo a partir de la propuesta de un Consejo General del Poder Judicial que tiene 20 integrantes, todos jueces o juristas. Pero en el proceso de designar a dicho Consejo General, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial español, intervienen las cámaras de diputados y senadores.
En todos estos casos, hay participación, directa o indirecta, de los otros poderes públicos en el nombramiento de los jueces supremos. En el Perú, creyendo despolitizar el asunto, se excluye a esos otros poderes, pero sigue politizado solo que a un nivel más degradado