Mié, 03/03/2010
Misión cumplida en el gran faenón de los petroaudios.
El gobierno puede estar satisfecho por haber logrado su mejor faenón: la desactivación de las consecuencias judiciales y políticas del caso de los petroaudios. La consecuencia ética, en cambio, no será fácil de borrar aunque en el Perú, después de un tiempo, todo se olvida.
El final de la comisión presidida por el congresista Oswaldo Luízar se parece al que tuvo la de Daniel Abugattás, en medio de incertidumbre y entrampamiento y con las principales fuerzas políticas –empezando por el Apra– dedicando su mejor esfuerzo a boicotear la investigación y a blindar a sus asociados.
Además, como sucedió desde el mismo destape de este escándalo, esto se produce con arengas del presidente Alan García de que “caerán las ratas” o de que –como dijo hace un par de días– el chuponeo se “debe esclarecer debidamente”.
El operativo de desactivación empezó a los pocos días de haber sido destapado en tres frentes: el mediático, para mellar la capacidad de la prensa de profundizar la denuncia; el judicial, poniendo a un juez sin intención de hacer justicia; y el político, lo cual incluyó el enjuague en el Congreso de la responsabilidad de varios políticos metidos hasta el cogote en esta cuchipanda, así como la vendetta contra los que, desde diferentes ámbitos, contribuyeron a la denuncia.
Pero si bien el Partido Aprista y sus asociados en este asunto pueden estar satisfechos de estarse limpiando en los planos mediático, judicial y político, en el terreno de la ética no podrán sacudirse tan rápidamente de la suciedad.
Al margen de lo que quieran concluir sus jueces, congresistas y periodistas, lo cierto es que al Perú llegó, durante el segundo gobierno de Alan García, un pirata dominicano que, camuflado de empresario, tuvo la intención de desarrollar negociados en una diversidad de sectores, para lo cual contó, como cicerone, con un ex ministro aprista que se encargó de abrirle todas las puertas gubernamentales y de coordinar gestiones para que el entonces premier, medio gabinete, los secretarios de Palacio, y varios empresarios encopetados, entre muchos otros, desfilaran por la suite del pirata, dejando el rastro chuponeado por una compañía manejada por amigos del vicepresidente, la cual actúa en este giro delincuencial desde hace mucho tiempo y que posee una sólida conexión con algunos sectores de peso del Apra y del fujimorismo.
Esa es la verdad aunque ahora la quieran reinterpretar los escribidores, leguleyos y otorongos vinculados al gobierno. En este contexto, no deja de ser curioso que el ex premier Jorge del Castillo proponga que “el Apra debería gobernar veinte años”. En ese lapso, en el Perú, todo queda olvidado
