viernes, 14 de mayo de 2010

Corrupción: debemos recuperar la moral de la nación

COMERCIO:
Corrupción: debemos recuperar la moral de la nación

mayo de 2010

La ciudadanía ya no soporta más.
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En las últimas semanas, aparte de todo el destape del “chuponeo”, el país ha conocido una serie de graves denuncias de corrupción que involucran a encumbrados personajes del partido de Gobierno y pueden afectar seriamente las expectativas de desarrollo, la moral nacional y también la gobernabilidad democrática.
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No se trata, pues, de ser alarmistas ni de promover el ruido político, sino de una justificada preocupación por gruesos delitos cometidos con y contra recursos del Estado, por parte de inescrupulosas mafias enquistadas en el aparato estatal en las que figuran algunos funcionarios apristas.
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Sin embargo, por sus repercusiones, esto de ninguna manera puede dejarse pasar ni ser tratado tangencialmente como una turbulencia partidaria más.
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Podría decirse que los casos de tráfico de influencias y tráfico de terrenos que han embarrado a la cúpula directriz del Partido Aprista, integrada por los secretarios generales, Jorge del Castillo y Omar Quesada, configuran la segunda crisis política y moral del gobierno aprista después del grave escándalo de los “petroaudios”, hasta ahora irresuelto e impune, cuya mafia parece haber retomado aire con una nueva dosificación de audios.
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TRÁFICOS NO SANTOS
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El ex jefe del Gabinete Jorge del Castillo ha solicitado, casi a regañadientes, una licencia temporal de su cargo partidario, para posibilitar que se investigue su eventual participación en un esquema de tráfico de influencias a favor del empresario Julio Vera Gutiérrez, en torno a regalías petroleras.
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Y, si bien el hecho de que no se haya llegado a implementar una ley con nombre propio sería un atenuante, el tenor de algunos audios y el intercambio de propiedades inmobiliarias de disímil valor resultan elementos sospechosos y hasta agravantes. De otro lado, sigue pendiente la investigación sobre su eventual participación (de Del Castillo) en los casos que incluyen a Rómulo León y Alberto Quimper como principales protagonistas en las licitaciones de lotes petroleros.
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En cuanto a Quesada, pretende blindarse políticamente con un supuesto respaldo partidario, cuando lo correcto y ético sería aceptar su responsabilidad política pero también operativa en la designación de cuestionados funcionarios de Cofopri, que armaron un festín de corrupción con la entrega de terrenos del Estado.
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Luego del caso de Chilca, en que se vendió a un dirigente aprista terrenos por 5 mil soles cuando el valor de mercado sobrepasa los 12 millones de dólares, ayer mismo se supo de la renuncia del jefe de Cofopri-Cusco, días después de publicarse denuncias por haber favorecido presuntamente a siete militantes de su partido con la titulación de terrenos por 95 mil hectáreas.
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Alegar ignorancia o desconocimiento resulta absurdo y pueril.
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¿Acaso no sabe que corresponde al jefe nacional de Cofopri organizar y controlar la entidad, así como aprobar sus planes y presupuestos?
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¿Solo aceptó el cargo como una cuota partidaria para nombrar a sus incondicionales?
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¿Es eso lo que entiende por servicio público, como un clientelismo de la peor especie, a decir de los funestos resultados?
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Un borrón y cuenta nueva resulta aquí cínico e intolerable.
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¿Y LOS “CHUPONEADORES”?
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Dicho esto, debemos analizar la prevalencia de tres factores a lo largo de estos escándalos, cuya naturaleza y objetivos no deben confundirse.
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Por un lado tenemos que destacar el papel de la prensa independiente que, contra viento y marea, y a veces por encima de las amenazas y presiones de ciertos grupos, no ha cejado en su ánimo de fiscalizar la cosa pública y denunciar cualquier acto de corrupción. Las denuncias sobre tráfico de terrenos de Cofopri así lo ameritan.
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Sin embargo, del otro lado, vemos con extrema preocupación y extrañeza que la mafia de “chuponeadores”, protagonista de los “petroaudios”, sigue vigorosa, como lo demuestra la publicación de nuevos audios en las últimas semanas.
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¿Quiénes conservan y siguen entregando audios a discreción?
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¿Con qué intencionalidad?
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¿Hasta cuándo puede un Estado de derecho estar bajo la amenaza y el chantaje de un grupo de delincuentes que medran del espionaje y la violación del derecho a la privacidad?
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El tercer factor resulta también problemático: la actuación del Poder Judicial, y en menor medida del Ministerio Público, que luego de año y medio no ha podido esclarecer y sancionar los gravísimos casos de los “petroaudios” y de las redes de interceptación ilegal.
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Pretextos no han faltado, desde traslados y cambio de jueces, falta de peritos o cambios en la calificación del proceso (de sumario a ordinario), etc., pero en el fondo lo que se infiere es una voluntad de postergar las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Y cuando el Congreso ha querido intervenir en estas causas ha sido para alargarlas pues no se llega a conclusiones certeras.
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El Poder Judicial no puede rehuir su responsabilidad en esta lucha, impartiendo justicia, con imparcialidad, oportunidad y respeto al debido proceso. De otro modo, seguirá siendo visto como una entidad ampulosa, deficiente o peor aun, cómplice de la impunidad y de las mafias corruptoras que el país reclama sean extirpadas.
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ESTADO, PARTIDO, RATAS Y DISCURSOS
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Algo huele muy mal aquí. El presidente Alan García ha sido muy preciso y enfático al calificar de ratas a los promotores de estos esquemas delictivos, pero queda aún mucho por hacer para desterrar esas pústulas cancerosas que, bajo el nombre del aprismo, se insertan en las entidades públicas para sacar provecho propio.
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Hay que ser muy claros al subrayar que lo que está en juego es más que la estabilidad partidaria. Usualmente no interferimos en cuestiones partidarias internas, pero en este caso debemos hacerlo tratándose del partido oficialista y ante el riesgo de que la administración pública sea copada por partidarizados cuya eventual capacidad profesional es opacada por sus compromisos partidarios en una nación con débiles mecanismos institucionales de control.
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Se trata, finalmente, de la salud ética y la gobernabilidad democrática del Perú, por lo que el doctor Alan García tiene que actuar en su doble papel de jefe del aprismo y como presidente de la nación.
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En cuanto a lo primero, como lo hemos dicho recientemente, urge poner orden en una entidad que últimamente, por diversas razones, ha visto resentida su histórica capacidad de organización y disciplina.
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Pero luego, como primer mandatario, sus facultades y responsabilidades son ya con todos los ciudadanos, a los que debe darles cuenta de la marcha y gestión del Estado.
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Alentamos y apoyamos todos los proyectos de desarrollo económico y nuevas inversiones que crean empleo y permiten la redistribución social. Con el mismo espíritu nos congratulamos de que se mantenga el modelo económico esencial y que las previsiones del PBI sean tan generosas. Sin embargo, precisamente por ello, advertimos que para mantener esta tendencia es necesario recobrar el norte ético y moral de la nación, lo que exige tomar medidas severas.
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Y no solo para sancionar a los malos funcionarios corruptos, sean o no apristas, sino para liderar una verdadera cruzada nacional de la mano del Congreso, la oposición y la sociedad civil.
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Ello implica, por ejemplo, proponer medidas para fortalecer la contraloría y las procuradurías anticorrupción, pero también para fiscalizar el quehacer cotidiano de los ministerios y entidades públicas mediante los portales web de transparencia y las licitaciones inversas.
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El presidente no puede ser ajeno a lo que ya es un clamor nacional, de una ciudadanía hastiada que reclama, por encima de cualquier discurso, un punto de quiebre contra la asqueante corrupción.
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La situación ha llegado a tal punto que exige sanciones pero sobre la base de deslindes, evidencias y pruebas plenas.
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Sería terrible que el retorno a la democracia no le permita al Perú liberarse de la corrupción heredada del régimen fujimontesinista.
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Ninguna apuesta por la democracia es consistente si no se diferencia del autoritarismo, la falta de transparencia y la corrupción, que pisotean la ley y privilegian escandalosamente a unos por encima de los otros.

Los responsables penales del baguazo

Informe en minoría señala a García, Aráoz y Cabanillas.

El legislador nacionalista Víctor Isla, vicepresidente de la comisión parlamentaria que investigó el baguazo, presentó un informe en minoría cuyas conclusiones señalan responsabilidad penal del presidente Alan García, la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y la ex ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, en el luctuoso hecho que el 5 de junio del año pasado dejó como saldo 34 muertos entre policías y civiles. Isla dijo que el informe en mayoría presentado por el presidente de la referida comisión, Guido Lombardi, se quedó cortó porque sólo señala responsabilidad penal del general Luis Muguruza e indica sólo responsabilidad política de Cabanillas y Aráoz. “Y de García no dice nada”, sostuvo Isla.
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Dijo que el informe en minoría recomienda acusar de homicidio culposo al presidente García y la ex ministra Cabanillas, porque el mandatario y la ex ministra tenían el deber de cuidar la vida de los peruanos y eran responsables de cualquier acción que pudiera realizar la Policía, subordinada a ellos según las normas legales vigentes. “No cumplieron con ese deber y la prueba son las muertes”, indicó.“En cuanto a Cabanillas debe prepararse una denuncia constitucional por la comisión del delito mencionado. En el caso del presidente de la República, el informe debe servir de antecedente para las investigaciones penales que se desarrollen en su oportunidad”, señaló.
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Informó que Aráoz también debe ser denunciada constitucionalmente por el delito contra la fe pública y falsedad genérica, por haber mentido deliberadamente sobre el efecto real de la derogación de los Decretos Legislativos lesivos. “Aráoz mintió al Consejo de Ministros y al país al sostener que la derogatoria de los decretos cuestionados podría en riesgo el TLC, lo cual fue falso”, manifestó.
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El legislador dijo que la comisión plantea además que también deben ser denunciados penalmente los generales José Armando Sánchez Farfán, entonces director general de la Policía; Luis Muguruza, director de la Diroes, y Javier Uribe Altamirano, entonces jefe de la Cuarta Región de la Policía con sede en Tarapoto.

El jefe (¿impoluto?) -LIMPIO, SIN MACHA ?????? dR. s. lÓPEZ.

Vie, 14/05/2010 - 05:00

El Apra ha sido escenario en estos últimos días de una pequeña guerra política que ha dejado muertos, heridos y contusos.
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He aquí el telegráfico parte de guerra: elección de dos secretarios generales del Apra para resolver los conflictos de las tendencias internas; divulgación en los medios de viejos y nuevos petroaudios que involucran a uno de los secretarios generales; denuncia de corrupción en Cofopri que dirige el otro secretario general; García da ultimátum a los flamantes dirigentes para que abandonen sus cargos y condena a los corruptos del partido; Omar Quezada renuncia a la dirección de Cofopri y manifiesta su disposición a dejar la secretaría general; Del Castillo se resiste y convence a Quezada a hacer lo mismo; García y los medios vuelven a la carga acusando a los secretarios generales de desacato; Caretas defiende a Del Castillo y embarra a Quezada con un antiguo delito de su hermano; García dialoga con Del Castillo y le tuerce el brazo y Del Castillo abandona la secretaría general; la Comisión Política (CP) del PAP respalda a Quezada; García presiona a través de Velásquez Quesquén a la CP para que deje caer a Quezada; los medios y García esperan que en la celebración de los 86 años del Apra Quezada anuncie su retiro; Quezada recibe el respaldo de las bases apristas y el aliento a seguir en la lucha de un respetado e histórico líder del partido; los medios siguen la campaña contra Quezada; Velásquez Quesquén afirma en la CP que García renunciaría al Apra si no se repliega Quezada; la CP cede y Quezada abandona el barco.
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¿Qué lectura política se puede hacer de este escueto parte de guerra?
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El análisis es complejo porque tiene muchas aristas.
-En primer lugar, el conflicto se ha desarrollado a través de una compulsa desigual entre el poder de los medios y el de la otrora invencible organización del Apra.
-En segundo lugar, la ofensiva de los medios ha mostrado un alto nivel de coordinación entre ellos, más allá de las diferencias políticas que diariamente exhiben.
-En tercer lugar, los medios han actuado de la mano con García con el propósito común de desbarrancar a los secretarios generales del Apra acusados de corrupción. No es sólo el escándalo lo que ha unido a los medios sino el mismo objetivo político, que era también el de García: el hundimiento de Del Castillo y Quezada. García ha sido, sin duda, el director de orquesta de esta intensa campaña contra los secretarios generales acusados de corrupción.
-En cuarto lugar, el desenlace muestra la fuerza avasalladora de la coalición del poder político con los medios. Es probable que si hubieran actuado por separado no hubieran obtenido una victoria aplastante.
-En quinto lugar, el conflicto exhibe la debilidad del Partido Aprista como organización en todas sus instancias, sobre todo en su CP que se doblegó fácilmente ante la amenaza de García. Esto significa que el Apra se siente poco o nada sin García, quien, por el contrario, se siente todopoderoso aun sin el APRA.
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¿Qué resultados ha producido esta guerrita?
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Varios.
Pero los más importantes son los siguientes:
-Serio debilitamiento del Apra no sólo por las acusaciones de corrupción sino también por el descabezamiento que ha sufrido en manos de García.
-La organización ha sido maltratada y ha sufrido profundas heridas, difíciles de curar.
-Su papel será irrelevante en las elecciones del 2010 y en las del 2011.
-La victoria de García lo catapulta a la jefatura del partido, su sueño dorado. Ser como Haya. Pero ¿tiene la estatura intelectual, política y moral de Haya? La respuesta queda abierta. Las aspiraciones presidenciales de Del Castillo han sido sepultadas, al menos para 2011. García pierde el blindaje y la lealtad que le ofrecían el Apra y sus líderes. Puede desatarse la guerra de la revelación de los secretos en cadena. El ex ministro Pastor ya comenzó diciendo la verdad sobre el indulto a Crousillat.