jueves, 26 de agosto de 2010

Doble pechuga

Doble pechuga
08/2010 - 23:36

Inaceptable: uso del Estado para campañas particulares.

Por: Augusto Álvarez Rodrich
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Alejandro Toledo tiene ‘un-no-sé-qué’ con el cual, cada vez que viene al país y abre la boca, pone de cabeza al gobierno aprista, y ahora lo ha vuelto a conseguir al exigirle al presidente Alan García que “saque las manos de la cancha electoral”.
El reclamo es pertinente y oportuno, aunque debiera precisarse el sentido del comentario –es decir, de dónde se debe sacar las manos– y su extensión, pues García no es el único que tiene que sacar las manos de la cancha.
Sobre lo primero, sería ‘elegante’ que el Presidente tuviera, durante la campaña electoral, un comportamiento neutral como el que, por ejemplo, tenía Fernando Belaunde y, también, el propio Toledo. Aunque García lo ofreció en el mensaje de Fiestas Patrias, exigírselo, para alguien con incontinencia por el protagonismo que no puede resistirse a ser la novia de toda boda o el muerto de cada velorio, sería pedirle peras al olmo.
Tampoco es que esto sea tan grave, pues un presidente desaprobado por dos de cada tres peruanos no es el Rey Midas. Al contrario, sus endoses son abrazos de oso, al igual que los del Apra, el único partido que ha perdido sus dos candidatos en la misma competencia en Lima: Carlos Roca y Alex Kouri.
Lo que, en cambio, sí es muy grave es usar recursos públicos o las prerrogativas de un puesto relevante en el Estado para promover una candidatura. Y eso, lamentablemente, se está volviendo un problema extendido en esta elección.
El ex ministro aprista Juan José Salazar acusó al premier Javier Velásquez Quesquén de “llegar a Lambayeque a repartir, como si fueran suyos, fondos públicos a alcaldes que van a la reelección”. En su opinión, estas son las cosas que explican que el Apra “se haya ido al carajo”. ‘Chiquitín’ tiene razón.
Lo mismo está ocurriendo con Javier Villa Stein, el presidente del Poder Judicial ,quien anda tan acelerado desde julio pasado, cuando lanzó su candidatura presidencial, que si le pintaran el pelo de verde se le confundiría con Mario Poggi.
El IDL ha hecho notar que el aprovechamiento de su agenda pública y de su acceso a los medios por el cargo que ocupa, le está permitiendo a Villa Stein promover su candidatura y, con ello, a poner en riesgo la ya precaria independencia del Poder Judicial. El IDL tiene razón. La lista es larga y también, incluiría, a lo que sucede en el Ministerio de la Mujer de Nidia Vílchez.
Todos los que quieran ser candidatos deben dejar –¡ya!– sus puestos públicos, porque es una desfachatez y toda una exhibición de doble pechuga estar usando bienes y cargos públicos para fines privados. Y si no hay quien los bote de una vez, sería recomendable que la ciudadanía no vote por ellos en la próxima elección.

Un país corrupto

Un país corrupto .08/2010 - 01:56

Por: Sinesio López Jiménez

Donde se pone el dedo brota pus. El lapidario diagnóstico del Perú que González Prada hizo un siglo atrás sigue en pie. Según diversas encuestas sobre la corrupción, el gobierno, el Estado y el país, todos ellos son corruptos. El 80% de la gente piensa que el Perú es un país corrupto. Casi nada ni nadie se salvan. Esta es, sin duda, una visión desmoralizada y desmoralizante de los ciudadanos. Ella transmite una sensación de derrota. Da la impresión que la corrupción es un mal incurable frente al cual casi todos han tirado la toalla. ¿Este diagnóstico es realista o pesimista? Si la corrupción es generalizada, ¿quiénes y a través de qué medios pueden combatirla con eficacia?
Antes de sugerir algunas propuestas de lucha contra la corrupción, quiero analizar primero el realismo o el pesimismo del diagnóstico. Creo que la percepción de la gente es exagerada, justificada quizá por la persistencia del fenómeno y por el poco o nulo interés de los gobiernos (salvo el breve gobierno de Paniagua), las instituciones estatales, los partidos políticos y las organizaciones sociales para combatirlo. En términos objetivos, la corrupción del fujimorismo (que alcanzó dimensiones siderales) no ha sido superada. Los gobiernos que lo sucedieron han sido menos corruptos, sin duda. Pero ninguno de ellos ha sido capaz de proponer y desarrollar una política pública coherente y eficaz de lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, han imaginado políticas para evadirla.
García, por ejemplo, se afanó por buscar un contralor amigo de su gobierno, inventó incluso una contralora a su medida dentro del Ejecutivo, ha copado algunas instituciones de control horizontal (instancias del Poder Judicial, Fiscalía, CNM, TC), ha buscado neutralizar el control social (persecución contra las ONG y pretensión de debilitar a algunos medios de comunicación incómodos), trata de evadir el control vertical (no presentando candidatos al municipio y a la Presidencia de la República para evitar la sanción ciudadana) y ha gobernado con el fujimorismo (sus dos vicepresidentes y el apoyo fujimorista en el Congreso). Todo esto encubierto con un discurso demagógico anticorrupción que, obviamente, nadie cree. Esta es la razón por la cual los ciudadanos piensan que los gobiernos y las instituciones estatales son crecientemente corruptos.
Como es natural, la gente habla del Estado visible (poderes del Estado, burocracia civil y militar, sistema legal y judicial, distribución del poder estatal en el territorio), pero se le escapa lo que he llamado el Estado invisible: los poderes fácticos que han capturado los aparatos económicos del Estado y que, junto con la cúpula de los gobiernos, deciden políticas económicas y se reparten el botín. Es allí (los aparatos económicos) donde se produce la gran corrupción. Es el Estado cleptopatrimonialista. Es hora de comenzar a iluminar estos espacios oscuros e invisibles del Estado para ir más allá de la corruptela y comprender la corrupción en grande.
¿Qué hacer? En primer lugar, es necesario dejar operar con autonomía a todas las organizaciones e instituciones de control horizontal, social y vertical. En segundo lugar, todas estas instituciones de control deben formular y desplegar en forma coordinada una propuesta coherente y eficaz de política anticorrupción. En tercer lugar, cada uno debe hacer lo suyo (su especialización) en esa propuesta coordinada. Todos controlan y fiscalizan, pero los ciudadanos (control vertical) sancionan a los políticos corruptos no eligiéndolos, la sociedad civil y la esfera pública (control social) vigilan, denuncian e iluminan permanentemente los actos de corrupción del Estado y del gobierno, y las instituciones estatales de control horizontal sancionan legalmente. Los ciudadanos bien podrían comenzar ya en las próximas elecciones (2010 y 2011) que se avecinan. De ese modo acabarían también con los sueños de volver el 2016.