Sáb, 28/11/
Por Alberto Adrianzén M। (*)
El escándalo en torno a la Universidad Alas Peruanas (UAP) demuestra lo mal que anda nuestro sistema universitario। Como se sabe, la UAP, gracias a una sentencia judicial inaudita, es la única universidad que está al margen de la Ley Universitaria. Su historia muestra claramente cómo la corrupción y la impunidad fujimoristas, campean aún en nuestro país.
Como ha informado este diario (13/11/09) fue gracias a un fallo “del inefable Juzgado de Derecho Público (ahora desaparecido) –que presidió el procesado y destituido Percy Escobar y que fuera creado por Montesinos para operar judicialmente de acuerdo con los intereses fujimoristas– que la UAP ha podido abrir hasta la fecha 26 filiales a nivel nacional (en 23 diferentes regiones) y unas 9 Unidades Académicas Descentralizadas, pese a que la Ley Universitaria lo prohíbe expresa y estrictamente”।... La UAP es la única universidad que opera “legalmente” (hace ya varios años) al margen de la legalidad universitaria ya que no es fiscalizada ni por el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu) ni por la Asamblea Nacional de Rectores (ANP)।
Sin embargo, el escándalo de la UAP no solo es corrupción. La UAP evidencia cómo la proliferación de universidades privadas sin ningún control y de baja calidad, ha hecho un daño estructural a la educación y al país. Ello ha terminado por sepultar cualquier posibilidad de desarrollo de carreras técnicas de mando medio. Los esfuerzos del sistema educativo desde los años 70 por establecer una educación más vinculada al trabajo y menos a los “títulos profesionales”, han naufragado con la multiplicación de estos centros superiores.
En los años 90 diversas encuestas (ver Imasen Confidencial) mostraban que sectores importantes de la sociedad optaban por carreras técnicas. Incluso, se creía que un técnico podía ganar más dinero que un profesional. Se puede afirmar que se estaba frente a un cambio cultural: la movilidad social era posible gracias al trabajo y al esfuerzo personal (procesos más igualitarios), y no mediante el simple expediente de imitar a la elite que basaba su legitimidad en el título profesional. Se estaba construyendo una racionalidad moderna muy distinta a las pautas oligárquicas.
Ese cambio cultural abortó. No es extraño que hasta hoy a los miembros de la clase alta, por ejemplo, se les siga llamando “doctores”. La mercantilización de la educación, tanto escolar como universitaria, vendió la ilusión del título profesional como el principal vínculo de ascenso social. Hoy sabemos que esa ilusión, además de ser una gran estafa, es también una gran frustración: los hijos de las clases populares que estudian en esas universidades y que obtienen su título profesional difícilmente podrán competir con los de clases altas y medias que estudian en otras escuelas y universidades privadas tanto nacionales como extranjeras.
Las carreras técnicas, tan necesarias para nuestro desarrollo, quedaron así relegadas a un segundo plano, y los técnicos al no tener un “título profesional” carecen de reconocimiento social. Vivimos en una sociedad bloqueada y premoderna que solo favorece a las elites y a unos cuantos pillos (socios incluidos) que lucran con la educación y con los peruanos. Finalmente, no hay que olvidarnos que quien maneja hoy los destinos de la educación es dueño de una universidad privada y amigo del Presidente.
(*) albertoadrianzen.lamula.pe