LA DESCOMPOSICIÓN DEL CNM

La descomposición del Consejo de la Magistratura

Si bien algunas de sus decisiones son constitucionalmente inimpugnables, es inadmisible el tratamiento que aplica en el nombramiento de magistrados

Lunes 22 de febrero de 2010

A unque no es la primera vez que el Consejo NAcional de la Magistratura (CNM) se sumerge en vergonzosos y grotescos escándalos, las graves denuncias formuladas en su contra en las últimas semanas no tienen parangón ni excusa. Se evidencia con total crudeza el grado de descomposición institucional en que se encuentra una de las entidades más importantes del sistema judicial.
Nuestro Diario, que ha cumplido con fundamentar gran parte de las últimas denuncias y otras producidas en años anteriores, tiene que reiterar lo que es una exigencia a voces: que el Congreso inicie de inmediato el camino a la reforma del CNM, que por todo lo que viene ocurriendo en su seno, no está en condiciones de garantizar la eficiencia y ética de la administración de justicia en el Perú.
Uno de esos lastres radica en la consabida y perniciosa intromisión política que deben hacer frente el Poder Judicial, en general, y el CNM, en particular.

Se trata, sin duda, de un mal antiguo, producto de las dependencias presupuestales y no presupuestales que históricamente ha padecido la administración de justicia peruana, pero que ahora se ha hecho más intensa, evidente e incluso descarada, al punto que uno de los miembros del CNM acaba de reconocer que efectivamente existen presiones políticas que flaco favor hacen a la transparencia e imparcialidad que debe caracterizar la función jurisdiccional.

Ante esto, bien vale recordar por qué y para qué nació el CNM. Si bien estaba presente en la Constitución de 1979, fue al amparo de la Carta Constitucional de 1993 que se buscó cambiar sus atribuciones y estructura para despolitizar la elección de jueces y fiscales, impedir que sean digitados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, y garantizar que la sociedad civil —representada por colegios profesionales, diferentes al de abogados, y las universidades— participara en ese proceso.

Después de 17 años de esas modificaciones, hay que someter a evaluación al propio consejo e identificar sus aportes y omisiones a la administración de justicia, después del nefasto fujimorato, los gobiernos de Paniagua y Toledo, y en el actual.

En principio, hoy es claro que su actual configuración ha sido rebasada, y debe ser reemplazada por otra igualmente constitucional, capaz de impedir que las altas esferas del poder de turno o sus circunstanciales allegados se entrometan directa o indirectamente en el proceso de selección, evaluación, ratificación y sanción de los magistrados peruanos.

Tampoco la participación de los colegios profesionales ha sido ejemplar: la infiltración política es mayor a su independencia y la corrupción, superior al compromiso ético. Así lo demuestran los dos casos denunciados por El Comercio: el del consejero Efraín Anaya, representante del Colegio de Enfermeros, acusado con evidencias de haber pedido “favores económicos” a un magistrado a cambio de apoyarlo para que alcance una plaza en el reciente concurso de fiscales y vocales supremos. ¡Qué decir del fiscal destituido y denunciado penalmente, pero admitido como evaluador del CNM, con la venia del resto de integrantes de la comisión de nombramiento!

A estas alturas, bien vale preguntarse qué otras irregularidades no denunciadas se habrán perpetrado en ese proceso, herido de muerte, viciado y que por equidad debe ser suspendido de manera definitiva.

Además, hay un problema en el modus operandi del CNM. Si bien algunas de sus decisiones son constitucionalmente inimpugnables, es inadmisible el tratamiento que aplica en el nombramiento de magistrados, así como su abdicación para ceder a terceros la calificación de jueces y fiscales. Esto abre demasiadas suspicacias, sospechas y falta de credibilidad en el sistema judicial, como ha sucedido en el caso del destacado fiscal Avelino Guillén, de impecable desempeño profesional y moral, inexplicablemente desaprobado en el mencionado concurso.

Por todo esto, y mientras los poderes del Estado se deciden a iniciar la ineludible reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, deben hacerse los controles de daños necesarios, en defensa de la institucionalidad, el Estado de derecho y la democracia, para convertirnos en un país cuya administración de justicia realmente ofrezca garantías.

Por Humberto Campodónico: Detrás del bono

Lun, 22/02/2010

El bono de 1,000 soles para las FFAA y policiales y el aumento de 100 soles en dos tramos son una clara evidencia del retroceso del gobierno, si bien esta “solución” no resuelve para nada el problema.
Un primer tema es que el gobierno no quiere poner en marcha ningún plan de reforma del Estado, en general, ni de las FFAA y policiales, en particular, si bien esos planes existen desde hace buen tiempo.
Hemos recordado varias veces todos los estudios realizados en la PCM en el 2004 y el 2005 (muchos de ellos financiados con un préstamo del BID de US$ 30 millones a la PCM que, finalmente, solo quedó en jugosas consultorías). Pero la reforma no comenzó y ahora todo está en fojas cero. Solo está “Servir” para capacitar a una treintena de gerentes. Por eso estamos en el sótano de la Región en el ranking del servicio civil, como bien lo ha demostrado el BID en reciente estudio (Cristal de Mira, 07/08/09).
Lo mismo sucede con las FFAA y policiales. Bajo Toledo, inicialmente, hubo un impulso a la reforma. Pero luego se paró. Esto es, entonces, lo que han cosechado. En esa línea se inscribe la comisión formada por García para que “estudie el tema” y le pase las recomendaciones al… próximo gobierno.
Un segundo tema: casi toda la crítica de los neoliberales –que va a ser amplificada en los medios de comunicación afines, o sea, un montón– va a decir que “se ha abierto la puerta a los reclamos de todos los sectores”, que ya comienza la “farra fiscal” y que “no hay dinero” para atender los reclamos. En este caso, eso no es cierto porque se “desviste un santo para vestir a otro”: “Alan García señaló que para pagar el bono hemos dejado de lado las inversiones que se tenían previstas, como construcción de comisarías y adquisición de mobiliarios” (21/02/2010).
Pero nunca se aborda el tema del presupuesto por el lado del aumento de los ingresos tributarios (que están entre los más bajos de América Latina) para así financiar el gasto de manera sostenible. Lo digo otra vez, aumentando los ingresos, palabra tabú para el MEF (dicho sea de paso, ¿dónde está la ministra Aráoz?). Por ejemplo, se puede poner un plazo para disminuir la evasión del impuesto a la renta de las empresas que, según Luis Alberto Arias, ex jefe de la Sunat, llega al 5.2% del PBI (Evasión tributaria en el Perú, Cristal de Mira, 24/10/09). Si se logra aumentar 0.5% del PBI se dispondría de S/. 1,800 millones al año. ¿Entonces?También se podría eliminar la exoneración al pago del IGV que tienen los seguros de vida (para sectores de ingresos altos, fundamentalmente, que sí pueden pagarlo) lo que, según el Marco Macroeconómico del MEF 2010-2012 (página 123), asciende a S/. 252 millones. Esto se puede hacer de inmediato.
También se puede plantear un impuesto extraordinario a las empresas mineras y petroleras, que en los últimos años tuvieron utilidades superiores a los US$ 20,000 millones (Cristal de Mira, 23/11/09). Además, este gobierno permitió que se venda Petro-Tech en el extranjero (la compró la estatal colombiana ECOPETROL) por US$ 900 millones, lo que nos privó de ingresos por US$ 270 millones. Lo mismo sucede con Antamina, empresa que va a reinvertir con nuestros impuestos, lo que nos cuesta, también, US$ 270 millones.
Por tanto, sí se pueden aumentar los ingresos. Pero no se quiere (1).
Por ello, los “brillantes desempeños” del sector público se logran con la austeridad del gasto corriente, vale decir, la represión salarial permanente. Lo mismo sucedía con la inversión pública, pero eso cambió desde el 2008 y, sobre todo, en el 2009, cuando el gobierno se dio cuenta de que necesitaba el “Plan Estímulo”.
Conclusión: no hay visión de largo plazo en la que tenga un lugar central la reforma del Estado. Todo se hace bajo presión y al “tuntún”. Pero todo también tiene un límite. (1) Y, ojo, hubo superávits fiscales del 2006 al 2008 pero no se sabe donde está esa plata pues no se maneja en forma transparente.

Por JAVIER DIEZ CANSECO: Corrupción: pragmatismo y “principismo”

Lun, 22/02/2010 - 05:00

Dos ofertas de información sobre 3,500 cuentas bancarias cifradas (un CD de 1,500 y otro de 2,000, dice Los Angeles Times), copiadas de bancos suizos y que evidenciarían potenciales evasores de impuestos o de dinero ilegalmente obtenido, se pusieron en venta días atrás en Europa.

La oferta es obviamente de información ilegalmente obtenida. Pero, de inmediato –dice la BBC de Londres– los gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Holanda y el Reino Unido ofrecieron comprarla. Y es que, según fuentes suizas, la información podría facilitar a los gobiernos la recuperación de no menos US$500 millones de dólares de impuestos no pagados.

Así, el ministro de Finanzas alemán, Wolfang Schauble, con el aval de la Primera Ministra Ángela Merkel (de la conservadora Democracia Cristiana), autorizó públicamente el pago de una cifra equivalente a US$3.5 millones para hacerse de los datos del primer CD ofertado.

Como por arte de magia, 3,200 evasores -según la prensa alemana de ayer domingo– se han presentado ante la Sunat alemana para regularizar su situación y evitar multas y problemas legales de altísimo costo. Solo el Estado alemán estaría recuperando 300 millones de euros (US$405 millones de dólares) en impuestos evadidos, informan los medios norteamericanos y alemanes. El efecto fue inmediato. Alemania, el 2008, ya había pagado US$7 millones por información similar de otros bancos de Liechtenstein, con excelentes resultados. Y Francia, en diciembre pasado, usó data robada al Hong Kong Shangai Bank (HSBC) en Ginebra, para perseguir a evasores fiscales, motivando un acuerdo sobre el tema con los suizos.

La prensa vinculada a los bancos y grupos económicos se muestra preocupada y sus voceros califican de sinvergüenzas a los que se apropian de la información bancaria y la ponen en venta. Pero los gobiernos europeos han optado por el pragmatismo ante la gigantesca evasión fiscal que merma sus ingresos y presupuestos e impide cumplir con sus metas de educación y salud públicas, inversión en obras y programas sociales, en medio de la más grande crisis capitalista de la historia.

Crisis provocada por la especulación corrupta en el mercado de vivienda y de las bolsas de valores, por la falta de control sobre las trapacerías de banqueros y transnacionales que mostraron la cara real de algunos personajes de cuello, corbata y finas maneras.

En el Perú, en cambio, el gobierno aprofujimorista y sectores del Poder Judicial buscan declarar inválidas las pruebas de los petroaudios o los vladivideos para evitar castigar la corrupción. Y en materia de perseguir evasores de impuestos… ¿qué caso conocen?

Juegan a “principistas” para cubrir las espaldas de los corruptos de las más altas esferas del poder. ¿Acaso no han ido la misma secretaria del Presidente, su secretario personal o el Presidente del Consejo de Ministros, el “tío George”, a las suites de un lujoso hotel para hablar de negocios con oscuros lobbistas? ¿no son claras las grabaciones de Business Track sobre el faenón? ¿no dan “gollerías y enjuagues” tributarios a las mineras como la reinversión de U$$900 millones de utilidades de Antamina y US$800 millones de Cerro Verde sin pagar impuesto a la renta? ¿no reconocen ventas de acciones en paraísos financieros sin pagar impuestos, mientras el país muestra lacerantes injusticias y necesidades? Casi nadie se indigna.

Entonces postulan de candidatos a la Presidencia y a regiones personajes que ofrecen amnistiar al criminal y ladrón de Fujimori, que operaron con Montesinos o que están envueltos hasta el cuello en negociados como el de Relima o la Vía Expresa al Aeropuerto. ¿Seguiremos permitiendo este Perú “principista”? ¡Hasta cuando !!!

Para profundizar el neoliberalismo

Las ilusiones del TLC se han postergado hasta un nuevo aviso. Los costos seran pronto una reaiidad.
El TLC con EEUU se firmó con la promesa de los gobiernos que lo impulsaron, de consolidar el acceso a un mercado principal, fomentar la inversión extranjera. Y, sobre todo, hacer permanentes las políticas de liberalización y apertura de los años noventa. En la campaña mediática se dieron cifras y proyecciones altas, y se sobredimensionó los costos de no firma (“se pierde el Atpdea, se pierde el mercado norteamericano”).En su momento, otros estudios cuestionaron esos datos. Se señaló que las exportaciones no aumentarían significativamente, considerando que los beneficios del acceso a mercado se habían dado básicamente con el ATPA-Atpdea. También se demostró que la inversión extranjera no llega a un país fundamentalmente por acuerdos comerciales regionales. Asimismo, que habían costos significativos potenciales en agricultura, propiedad intelectual (acceso y precio de medicinas, costos de elevación de estándares, pero fundamentalmente la biopiratería), compras del Estado y otras disciplinas. También se advirtió el conflicto que se generaría con la integración regional andina. Las denuncias de Bolivia al Tribunal Andino de las modificaciones de la normativa de propiedad intelectual inducidas por el TLC (junto con otros temas), constituye el acto más reciente de una serie de desencuentros en los últimos años.Las adendas laborales y medioambientales establecieron estándares sumamente elevados, lo que en principio no es negativo. El problema radica en los compromisos asumidos en normativa, cambios institucionales y mecanismos de fiscalización de los acuerdos, que ningún país ha concedido en el mundo (ver especialmente tema forestal). El gobierno procedió a dictar casi un centenar de decretos leyes, con el pretexto de la implementación del TLC con EEUU. Lamentablemente, no incorporaba elementos fundamentales para el fortalecimiento de la competitividad y la diversificación exportadora. Se concentró más bien, en asegurar la normativa para la ejecución del tratado. Pero el objetivo fundamental fue introducir de contrabando un conjunto de medidas que permitieran impulsar la política presidencial del “perro del hortelano”. Más allá de la constitucionalidad o no de los decretos, esto desencadenó la sangrienta crisis de Bagua. El aumento de los precios de los alimentos, previo a la crisis actual, fue un factor externo que limitó los efectos negativos del TLC sobre la agricultura. Pero, el desencadenamiento de la crisis global que golpeó a las economías centrales, afectó significativamente, no solo nuestra economía, sino la relación comercial bilateral. Los flujos de comercio cayeron fundamentalmente por la caída de precios de minerales, aunque también se afectaron sustancialmente exportaciones no tradicionales. Así, se llegó a la paradoja de que con el TLC la participación de EEUU en el comercio peruano disminuyó. La participación de EEUU como destino de nuestras exportaciones se ha visto reducida en los últimos 4 años, de 24% a 17%. En contraparte, se encuentra el incremento de la participación china de 10% a 15% (Mincetur, 2009). Esta tendencia se consolidó en el último año, de crisis internacional.Adiós inversiones, más bien nuevos brotes proteccionistas para enfrentar la crisis. La excepción era el Perú. No sólo tuvo una política unilateral de reducción arancelaria, sino que además de renunciar al uso de la política comercial como instrumento para enfrentar la crisis, siguió suscribiendo nuevos TLC. El TLC con EEUU también generó complicaciones adicionales. Constituyó, por ejemplo un “piso” para las negociaciones andinas con la Unión Europea. Europa puso condiciones muy duras al comienzo, y las diferencias de estrategias y posiciones de los países andinos llevaron a la ruptura de la negociación en bloque y al cambio a un formato bilateral (“multipartes”) que posiblemente culmine este mes en Bruselas, para Perú y Colombia. La Unión Europea siempre fue un factor de cohesión de la CAN, pero deja de serlo cuanto más se parece el componente comercial del acuerdo de asociación, al TLC con EEUU. En suma, el actual contexto de crisis no ha permitido apreciar los beneficios potenciales que se atribuyeron al TLC. Pero cuando se termine de implementar los temas pendientes, irán apareciendo paulatinamente con mayor claridad los costos. No sólo los directamente asociados al TLC, sino que dadas las características de las Pymes y los sectores productivos nacionales no se podrá cumplir con los estándares pactados, lo que puede llevar inclusive a una suspensión del acceso a mercado pactado.En la reciente reunión oficial de la Comisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos, se realizó un balance de los primeros 12 meses de entrada en vigencia del acuerdo. Durante el encuentro se discutieron los mecanismos para monitorear más efectivamente su implementación, los avances en los aspectos laborales y medioambientales, así como la defensa de la propiedad intelectual y la cooperación agrícola y en materia fitosanitaria.Establecieron formalmente el Comité de Comercio agrícola, el Comité de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios para promover la “cooperación y asesoría en asuntos sanitarios y fitosanitarios” y se formó un grupo de trabajo Pymes para “desarrollar ideas y seguir mejorando su productividad y su capacidad de capitalizar los beneficios del TLC”.Y, lo más grave es que si se persiste en usar de pretexto la implementación de TLC con EEUU para impulsar la política del “perro del hortelano”, es previsible una mayor polarización del país y una agudización de conflictos con nuevos desenlaces dolorosos. Así, las ilusiones al TLC se han postergado hasta nuevo aviso. Los costos serán dura realidad en los próximos meses. Y la profundización del modelo neoliberal es el objetivo en que se pretende insistir. Esto es suicida, en un contexto en el que se debe buscar fortalecer la unidad nacional para enfrentar la controversia marítima con el país vecino, y los temas asociados. Alan Fairlie (Economista – Pontificia Universidad Católica)

¿Esto es el Apra? César Lévano

El aprismo, desgarrado no por principios, sino por ambiciones personales y de grupo, no tuvo este año ese “recado del corazón del pueblo” que dijo Manuel Seoane en 1946, al celebrar el cumpleaños de Víctor Raúl Haya de la Torre e instaurar el Día de la Fraternidad Aprista.En vez de eso hubo el viernes una demostración de impostura, cinismo y mentiras. Alan García evocó al mártir Manuel Arévalo, mientras lo custodiaban delincuentes reclutados por él (por García) para la CTP. Mauricio Mulder aseguró que aspiraba a la reelección en la secretaría general del partido, porque así se lo habían pedido “los trabajadores” arriba mencionados. García puso la nota de humor (o desparpajo) al afirmar que ha creado cuatro millones de empleos.Más de un estudioso de la historia social del Perú y más de un aprista me ha pedido que reproduzca parte del discurso que Haya de la Torre pronunció en Trujillo, el 8 de diciembre de 1931, después de su derrota electoral. Éste es el párrafo pertinente:“Quienes han creído que la única misión del aprismo era llegar a Palacio, están equivocados. A Palacio llega cualquiera, porque el camino de Palacio se compra con oro o se conquista con fusiles. Pero la misión del aprismo era llegar a la conciencia del pueblo antes que llegar a Palacio. Y a la conciencia del pueblo se llega, como hemos llegado nosotros, con la luz de una doctrina, con el profundo amor a una causa de justicia, con el ejemplo glorioso del sacrificio”. Qué duras deben de resultar esas palabras para quienes, como Alan García o Jorge del Castillo, se han amarrado, no por amor platónico, con quienes pagan con oro los privilegios de la injusticia.Al leerlas, deben de arderles las orejas a los socios de asesinos de obreros, a los que venden Collique por un plato de lentejas (con cargo de recibir, sin duda, su prebenda de millones), a los que quieren entregar puertos a Chile, a los que buscan despojar de sus tierras a los pueblos amazónicos, a los que ordenan el despido en masa de sindicalistas.Los delincuentes que la dirección aprista emplea hoy como masa de maniobra, son ajenos a la tradición del Apra inicial, que, por encima de contradicciones internas, reclutó obreros anarquistas marcados por una sed de justicia y una limpieza moral.En su discurso ante la Asamblea Nacional de Sindicatos Apristas, el 6 de junio de 1946, dijo Haya:“Fueron obreros también los que en la hora del sacrificio, en la hora de la insurgencia, en la hora del patíbulo, marcaron los derroteros del Partido… Sólo hay que recordar símbolos: Manuel Barreto Calderón el 32 en Trujillo, León Gamboa el 34 en Huancayo, y en la hora de la persecución, de las torturas y la inmolación Manuel Arévalo”. Lo que la cúpula ofrece ahora a Haya es un recado del corazón del hampa.