Si bien algunas de sus decisiones son constitucionalmente inimpugnables, es inadmisible el tratamiento que aplica en el nombramiento de magistrados
Lunes 22 de febrero de 2010
A unque no es la primera vez que el Consejo NAcional de la Magistratura (CNM) se sumerge en vergonzosos y grotescos escándalos, las graves denuncias formuladas en su contra en las últimas semanas no tienen parangón ni excusa. Se evidencia con total crudeza el grado de descomposición institucional en que se encuentra una de las entidades más importantes del sistema judicial.
Nuestro Diario, que ha cumplido con fundamentar gran parte de las últimas denuncias y otras producidas en años anteriores, tiene que reiterar lo que es una exigencia a voces: que el Congreso inicie de inmediato el camino a la reforma del CNM, que por todo lo que viene ocurriendo en su seno, no está en condiciones de garantizar la eficiencia y ética de la administración de justicia en el Perú.
Uno de esos lastres radica en la consabida y perniciosa intromisión política que deben hacer frente el Poder Judicial, en general, y el CNM, en particular.
Se trata, sin duda, de un mal antiguo, producto de las dependencias presupuestales y no presupuestales que históricamente ha padecido la administración de justicia peruana, pero que ahora se ha hecho más intensa, evidente e incluso descarada, al punto que uno de los miembros del CNM acaba de reconocer que efectivamente existen presiones políticas que flaco favor hacen a la transparencia e imparcialidad que debe caracterizar la función jurisdiccional.
Ante esto, bien vale recordar por qué y para qué nació el CNM. Si bien estaba presente en la Constitución de 1979, fue al amparo de la Carta Constitucional de 1993 que se buscó cambiar sus atribuciones y estructura para despolitizar la elección de jueces y fiscales, impedir que sean digitados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, y garantizar que la sociedad civil —representada por colegios profesionales, diferentes al de abogados, y las universidades— participara en ese proceso.
Después de 17 años de esas modificaciones, hay que someter a evaluación al propio consejo e identificar sus aportes y omisiones a la administración de justicia, después del nefasto fujimorato, los gobiernos de Paniagua y Toledo, y en el actual.
En principio, hoy es claro que su actual configuración ha sido rebasada, y debe ser reemplazada por otra igualmente constitucional, capaz de impedir que las altas esferas del poder de turno o sus circunstanciales allegados se entrometan directa o indirectamente en el proceso de selección, evaluación, ratificación y sanción de los magistrados peruanos.
Tampoco la participación de los colegios profesionales ha sido ejemplar: la infiltración política es mayor a su independencia y la corrupción, superior al compromiso ético. Así lo demuestran los dos casos denunciados por El Comercio: el del consejero Efraín Anaya, representante del Colegio de Enfermeros, acusado con evidencias de haber pedido “favores económicos” a un magistrado a cambio de apoyarlo para que alcance una plaza en el reciente concurso de fiscales y vocales supremos. ¡Qué decir del fiscal destituido y denunciado penalmente, pero admitido como evaluador del CNM, con la venia del resto de integrantes de la comisión de nombramiento!
A estas alturas, bien vale preguntarse qué otras irregularidades no denunciadas se habrán perpetrado en ese proceso, herido de muerte, viciado y que por equidad debe ser suspendido de manera definitiva.
Además, hay un problema en el modus operandi del CNM. Si bien algunas de sus decisiones son constitucionalmente inimpugnables, es inadmisible el tratamiento que aplica en el nombramiento de magistrados, así como su abdicación para ceder a terceros la calificación de jueces y fiscales. Esto abre demasiadas suspicacias, sospechas y falta de credibilidad en el sistema judicial, como ha sucedido en el caso del destacado fiscal Avelino Guillén, de impecable desempeño profesional y moral, inexplicablemente desaprobado en el mencionado concurso.
Por todo esto, y mientras los poderes del Estado se deciden a iniciar la ineludible reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, deben hacerse los controles de daños necesarios, en defensa de la institucionalidad, el Estado de derecho y la democracia, para convertirnos en un país cuya administración de justicia realmente ofrezca garantías.
