viernes, 15 de enero de 2010

OJO CON BAYLY

15.01.2010

Ojo con Bayly Por: César Hildebrandt

Para votar por Jaime Bayly no habrá que taparse la nariz como muchos hicieron con Alan García.Votar por Bayly será la obra cumbre del peruanismo moderno, aquel que podríamos situar como nacido con el golpe de Estado a Guillermo Billinghurst.
En efecto, después de esa maniobra correctora que la vieja derecha peruana realizó en contra del populista Billinghurst la política peruana ha consistido en seguir cavando el foso que separa a ricos y pobres.
Se amplió el foso sin pausa, aunque con dos paréntesis: el del primer Belaunde Terry, saboteado por la Apra aliada con la oligarquía terrateniente desde 1963; y el de Velasco, proyecto transformador desmantelado radicalmente por su sucesor, el general Morales Bermúdez.
No incluyo en esas treguas al conservadurismo el periodo del primer alanismo, porque ese régimen fue una auténtica cacocracia, un quinquenio cuyo programa máximo fue la abolición de las cerraduras y las bóvedas.De modo que desde Billinghurst hemos estado en las mismas, vendiéndonos a los británicos primero, a los estadounidenses después, y a los franquiciadores de los estadounidenses siempre y sin pausa.
Porque el peruano promedio no tiene vocación de nación ni sueña con ser parte de un país más o menos integrado. El peruano promedio tiene vocación de visa, sueños de subasta, apetitos de rendición.
García, convertido en monigote de la vieja derecha que secuestró también a Haya, dijo el otro día que hubo mucho heroísmo en la batalla de San Juan y Miraflores.Hubo heroísmo de pocos y huidas y corrupción de muchos. Lo que García no quiso recordarnos es que la gran responsable del desastre de la guerra perdida fue la impertérrita derecha a la que ahora sirve. Y quien crea que exagero al proponer la continuidad histórica de la derecha peruana, podría hacerse esta pregunta: “¿Ha cambiado la mentalidad de la clase dominante en relación a sus metas económicas excluyentes, su gustosa subordinación a intereses extranjeros, su concepción primario-exportadora, su racismo apenas disimulado?”Que cada quien se responda como pueda o quiera.
Lo cierto es que cuando hoy uno lee a algunos de sus matones letrados, el mensaje parece haber salido de la derecha que habló por boca de los encomenderos realistas que se opusieron a la independencia de España.
En suma, que hay algo pétreo e irreductible en lo que, con generosidad, alguien podría llamar “pensamiento conservador”. Que tiene muchísimo de conservador y poquísimo de pensamiento. Porque la derecha peruana es viuda intelectual de Riva Agüero y, desde entonces, se dedicó a los negocios y al torerío y huyó de los libros como si fueran impuestos.
Y bien, si hay algo de cierto en todo esto, ¿por qué no Bayly?Bayly es decadente. ¿Y no es la decadencia una segunda naturaleza del Perú contemporáneo?Bayly es un irresponsable. ¿Y no ha sido la irresponsabilidad la marca de fábrica de Fujimori, Toledo y García?Bayly es más reaccionario que una velita misionera.
¿Y quién nos gobierna acaso?
Bayly es un pluriambiguo. ¿Y qué?
¿No sería hora de hacer experimentos con los organismos bilaterales?
Bayly puede decir cualquier cosa. ¿Y?
¿No nos suena eso de lo más familiar?
Bayly tiene un lado involuntariamente tragicómico. ¿Y?
¿Qué cosa suponen que somos como país cuando nos creemos lo máximo porque producimos miles de hectolitros de aguardiente de uva?
Bayly firmaría TLC hasta con Birmania y llamaría al coronel del KFC como asesor militar para enfrentar a las tribus amazónicas cuando “Avatar” se escenifique en la Curva del Diablo.
¿Y qué creen que está pensando hacer Alan García?
De modo que no se burlen de los chistes de Jaimito. Si el Perú tiene a veces pinta de suicidio en masa, Bayly tiene el perfil de una Smith and Wesson.

En 15 minutos, Francis Allison aceptó su culpabilidad

La esposa del ex ministro no admitió los cargos probablemente como parte de una estrategia.

El próximo 28, la pareja Allison será sentenciada y, probablemente, expulsada. (César Fajardo)

El ex ministro de Vivienda Francis Allison Oyague se declaró culpable de los cargos que le imputa la justicia de Estados Unidos por haber intentado salir de este país con más de 50,000 dólares en efectivo sin declararlos en su totalidad, pero no así su esposa, Carla Robbiano Montes, quien también se encuentra comprendida en el proceso.

Según documentos del proceso llevado a cabo en la Corte Distrital del Sur de Florida, Estados Unidos, y a los que tuvo acceso Infopública-IPYS, Robbiano no presentó ningún documento asumiendo responsabilidad en el caso, como sí lo hizo el ex titular de Vivienda. Ello obedecería a una estrategia legal de la pareja.

No obstante, la acusación del fiscal Jeffrey H. Sloman señala tres cargos contra Allison y Robbiano.
El primero está referido a la omisión voluntaria y con conocimiento de declarar, ante la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, el traslado de una suma mayor a 10,000 dólares americanos desde este país a un lugar fuera del mismo.
El segundo cargo sustentado por el fiscal Sloman da cuenta del ocultamiento voluntario, y con conocimiento, de una suma superior a 10,000 dólares americanos, en su cuerpo o en sus efectos personales, con la finalidad de transportarla fuera del citado país.
En tanto que el tercero establece que, con voluntad y conocimiento, Allison y su esposa efectuaron una declaración y representación falsa, fraudulenta y ficticia, al decir inicialmente que no transportaban más de 10,000 dólares cuando, en realidad, sí lo estaban haciendo.

En suma, los tres delitos por los que se le procesa al ex integrante del gabinete peruano y a su esposa son los de falso testimonio, contrabando de dinero en efectivo y omisión de declaración.

CULPABLE EN 15 MINUTOS. Como informó Perú.21 el 13 de enero pasado, el ex ministro Allison se declaró culpable de los cargos que el fiscal le imputó. Ello se aprecia en el documento de Infopública-IPYS, donde Allison retiró su alegación inicial de inocencia para declararse culpable de todos los cargos.

En apenas 15 minutos, el ex funcionario admitió su responsabilidad en los tres delitos por los que se le acusa ante el juez del distrito, Federico Moreno. El magistrado no necesitó más pues aceptó su declaración de inmediato. Ahora, se espera que el próximo 28 de enero, a las 10 de la mañana, Moreno dicte su sentencia.

No se descarta que, cuando la justicia norteamericana los sentencie, le imponga a la pareja el pago de una fuerte multa y los expulse de Estados Unidos, con la consiguiente anulación de la visa de turista que ambos ostentan. Esta multa se sumaría a la fianza por 100,000 dólares que ya pagaron anteriormente para salir de prisión y obtener su arresto domiciliario.

Infopública-IPYS destaca la transparencia judicial de la Corte de Distrito del Sur de Florida, “que permite el acceso a esta información de especial interés público, sobre todo para los peruanos. Ello representa un panorama diametralmente distinto, donde la justicia local entiende erróneamente el concepto de reserva judicial

El faenón de Antamina

15/01/2010 Por: Humberto Campodónico

En los últimos días, la prensa internacional ha informado acerca del plan de inversiones de Antamina por US$ 1,288 millones. Como se sabe, este plan incluye reinversiones por US$ 900 millones, las que no pagarán impuesto a la renta (IR), debido al convenio de estabilidad tributaria que la empresa firmó bajo Fujimori en 1999 (ver Antamina: reinvirtiendo con nuestros impuestos, www.cristaldemira.com, 23/11/2009).

El no pago del IR implica que Sunat dejará de recaudar US$ 270 millones (900 millones x 30%), lo que afectará en 50% al gobierno central y en 50% a la Región Áncash (gobierno regional y gobiernos locales). Eso desató importantes movilizaciones en toda la Región.
Hemos dicho en esta columna que ese incentivo tributario fue derogado en setiembre del 2000 porque ya no estamos en 1990-91 y por su alto costo fiscal. Si bien todavía rige para Antamina debido al convenio de estabilidad, la actual coyuntura de altos precios hace innecesario que la empresa lo utilice.
Miren, si no, lo que acaba de declarar Greg Waller, vicepresidente de Teck (empresa canadiense que tiene el 22.5% de Antamina): “El proyecto se financiará con el propio flujo de caja de la empresa. Agregó el Sr. Waller que Teck no invertirá “cash”, sino que solo reducirá la distribución de utilidades en una cifra no mayor a US$ 100 millones en los próximos dos años” (13/1/2010, http://www.tcetoday.com/tcetoday/NewsDetail.aspx?nid=12424).
En cristiano, el Sr. Waller dice que de ese mismo cuero saldrán las correas. Claro que sí. Antamina ha tenido utilidades superiores a los US$ 1,000 millones anuales del 2006 al 2009 (en total US$ 6,320 millones). Y las seguirá teniendo, pues los precios del cobre y del zinc siguen altos. Así, la inversión se iba a hacer de todas maneras, con o sin incentivo tributario (para ellos, un ripio).
Así, la reinversión, que se hará en cuatro años, del 2010 al 2013, se financiará con el flujo de caja. Lo mismo sucederá con los US$ 388 millones adicionales del total del plan de inversión. No solo eso. Antamina seguirá teniendo utilidades netas todos esos años, las mismas que “solo se reducirán en algo”. ¡Qué bonito negocio! No queda duda de que la empresa ha logrado un faenón para sus accionistas (no para el Perú), que es legal, pero no legítimo.
El problema aquí tiene que ver solo en parte con las empresas, que siempre van a buscar maximizar sus utilidades. El otro lado del problema –el principal– es que el actual gobierno no le ha planteado a la empresa, en ningún momento, sentarse a la mesa para discutir la repartición de las sobreganancias por los extraordinarios altos precios de los minerales. Por eso aceptan, sin mover una ceja, no recaudar US$ 270 millones que podrían invertirse en educación, salud e infraestructura.
No solo eso. El premier interpuso sus “buenos oficios” para que el presidente de la Región Áncash, César Álvarez, que al principio objetó el programa de reinversión, también lo acepte. La empresa le aseguró a Álvarez que cubriría cualquier “faltante” que se presentara en los programas de inversión de la Región y de las municipalidades en los próximos años por el menor pago del IR.
La cuestión es que en Áncash quizá no falte dinero porque, de un lado, hay excedentes acumulados del canon de años anteriores y, de otro, que Antamina seguirá teniendo utilidades, por lo que va a haber poco o ningún “faltante”.
Pero aun si lo hubiera (y la empresa lo cubre), el problema central es, repetimos, que el Estado peruano no asume la responsabilidad que le corresponde: aprovechar los beneficios que generan los precios extraordinarios de los recursos naturales, que son de la Nación. No lo hace con los contratos pasados y tampoco modifica la legislación para que esto no se vuelva a repetir en el futuro. ¿Y la oposición? Bien, gracias.
Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com

Jaque pastor en los petroaudios

15/01/2010 - 01:02


Por qué el ministro de Justicia propuso una ilegalidad.

Por: Augusto Álvarez

Que en el caso de los petroaudios hay bastante más en juego de lo que se piensa se está reflejando en los conflictos frecuentes que produce entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, siendo el más reciente entre los dos últimos.

La tensión es fuerte si se presta atención a la respuesta de Javier Villa Stein –presidente del Poder Judicial– a la iniciativa del Consejo de Ministros expresada anteayer por el titular de la cartera de Justicia, Aurelio Pastor, para que se cambie al juez Jorge Barreto, responsable del caso ‘petroaudios’.


“En representación del Consejo de Ministros, quiero hacer una invocación y solicitud al presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, para que consulte con su Sala Plena la posibilidad de cambiar al juez Barreto del proceso de los petroaudios”, señaló Pastor el miércoles en el patio de Palacio de Gobierno.
La respuesta del presidente del Poder Judicial fue una manera elegante, pero no por ello menos tajante, de meterle una cuadrada de padre y señor mío: “Lo solicitado por el ministro de Justicia no es compatible con la legalidad vigente”.
Es decir, que están pidiendo una ilegalidad pues esa solicitud no puede hacerla el ministro de Justicia al Presidente de la Corte Suprema sino, en todo caso, una de las partes a través de un recurso de recusación.


Si el actual fuera un gobierno de ingenieros, economistas o médicos, podría sospecharse de un conocimiento jurídico insuficiente en el gabinete. Pero el hecho de que tanto el responsable de Justicia como el propio presidente de la República sean abogados, impide alegar tanta ignorancia.


Se debe intuir, entonces, que el pedido del ministro Pastor de sacar al juez Barreto del caso de los petroaudios no es una iniciativa sincera del gobierno sino un amago, una movida mañosa, seguramente con el fin de intentar tomar distancia, de cara a la opinión pública, frente a lo que va a ser el escándalo más grande de este lustro político.


Porque peor que la red de corrupción que empezó a tejer el pirata dominicano, con la complicidad de Rómulo León y Alberto Químper, y la colaboración entusiasta y previsiblemente convenida de un montón de funcionarios del gobierno aprista, va a ser el enjuague que está en marcha para que este caso de podredumbre ética sea convertido en un intento periodístico frustrado de fastidiar al gobierno del presidente Alan García, lo cual seguramente va a ser corroborado en breve por la próxima entrega de las encuestas bamba de la ‘RIP’ (Red Informática del PAP).

Fragmentación, mujeres y centralismo

Sáb, 16/01/2010 Por Alberto Adrianzén M. (*)

Sería bueno preguntarles a aquellos que redactaron, debatieron, aprobaron y promulgaron la ley 29470, que modifica diversos artículos (ocho en total) de la Ley de Elecciones Regionales, si se detuvieron a pensar que ello podría afectar a las mujeres, fragmentar la representación en las regiones y, por lo tanto, disminuir la capacidad política de los gobiernos regionales en su relación con el centralismo.

La ley 29470 introduce algunos cambios importantes:
a) crea la segunda vuelta cuando ninguna de las listas obtenga más del 30%;
b) aumenta el número de consejeros regionales: siete como mínimo y veinticinco como máximo;
c) la elección de estos consejeros se realiza “en forma conjunta con el proceso de elección de presidentes y vicepresidentes regionales”;
d) para la elección de consejeros regionales, cada provincia constituye un distrito electoral;
e) las agrupaciones políticas que participan de las elecciones deben presentar “conjuntamente una fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia y una lista al consejo regional”;
f) los presidentes, vicepresidentes, alcaldes y regidores deben renunciar 180 días antes de la fecha de elecciones.
Acaso la primera crítica que se puede hacer a esta ley es por qué las autoridades regionales (presidente y vicepresidente) y locales (alcaldes y regidores) tienen que renunciar 180 días antes y no los consejeros regionales y menos los congresistas que aprobaron la ley.
La segunda, es que la cuota de género se verá afectada. No sería nada extraño que las mujeres vayan (para cumplir con la cuota) en las listas provinciales para consejeras donde les sea más difícil ganar a la respectiva lista regional.

Sin embargo, lo más grave es que las modificaciones alientan la fragmentación política en las regiones. Una interpretación es que el proceso electoral regional se compondría de dos elecciones conjuntas: para presidente y vicepresidente, por un lado, y para consejeros regionales, por el otro.
Ello se fundamenta en que la provincia es un distrito electoral distinto al regional.
Por eso el elector votaría dos veces Ahora bien, puede darse el caso que una lista regional gane la presidencia y pierda en todas las provincias. También que haya consejeros regionales de tantas listas como las que existen en una región.
Además, al no existir una segunda vuelta para los consejeros regionales, es también probable que se pueda ganar con una baja votación. El incremento de consejeros regionales con distrito electoral propio, ejercerá una enorme presión de los caudillos locales para llevar listas regionales con poca significación pero importantes en el ámbito provincial. El otro problema grave, por cierto, es que no existe valla electoral en las elecciones regionales (sí existe en las locales) con lo cual se alienta a las minorías y la fragmentación políticas.
Sobre la segunda vuelta se puede decir lo siguiente: si la votación regional de este año fuera igual a la del 2006, en trece regiones habría segunda vuelta, ya que en las otras doce el ganador obtuvo más del 30%. De esas trece regiones, el APRA pasaría a la segunda vuelta en cinco (Ayacucho, Áncash, Lima provincias, Moquegua y Piura), además de que conservaría La Libertad, de repetir su votación. Ahora bien, si consideramos que aquellas listas que ganaron en el 2006 con entre el 30% y el 35% de los votos podrían no repetir esa cifra por el desgaste político sufrido estos años de gobierno, el APRA podría (es una posibilidad) pasar a segunda vuelta en cuatro regiones más (Ica, Huánuco, Pasco y Puno). No sería extraño que el APRA esté calculando que con este mecanismo podría ganar hasta un máximo de diez u once regiones en las próximas elecciones. Algo similar al año 2002.
Como se puede apreciar, la ley atenta contra las mujeres, alienta una mayor fragmentación política, aumenta la posibilidad de desgobierno, le da más poder al centralismo limeño, y, por último, podría beneficiar al APRA ahora que tiene el control del Estado.
(*) albertoadrianzen.lamula.pe

LOS PROBLEMAS DE FONDO

15/01/2010 Por: Sinesio López Jiménez

En las coyunturas electorales (que se avecinan) reaparecen con fuerza los viejos problemas de fondo que se busca soslayar o a los que se busca dar solución de diverso tipo. Aquí señalo sólo las cuestiones básicas que se refieren a la agenda interna y que tocan tangencialmente los asuntos internacionales.

Me refiero a la inclusión social (empleo, desigualdad, pobreza); a la consolidación democrática (representación, sistema electoral, sistema de partidos, formas de gobierno, poderes fácticos); a las deficiencias del Estado (inefectividad legal, ineficacia burocrática en salud, educación y seguridad, centralismo, falta de autonomía y estructura parcializada) y a la mantención, reforma o cambio del modelo económico neoliberal.
La forma como se pretende resolver estos problemas es lo que define el carácter y la dinámica de los actores políticos: neoliberales autoritarios, neoliberales democráticos, antineoliberales-reformistas y radicales y otras variantes.
Como es obvio, estos no son problemas de coyuntura. Son problemas estructurales que se encrespan en las coyunturas electorales, se discuten apasionadamente y se plantean soluciones diferentes y hasta contrapuestas. Algunas propuestas son parciales, muy limitadas y hasta distorsionadoras de los problemas que buscan resolver.
Reducir la inclusión a la pobreza y combatirla principalmente mediante programas asistencialistas, por ejemplo. O el planteo de la renovación congresal por mitades (o reducción de la elección congresal a la mitad del período presidencial), eliminación del sufragio universal para instaurar el voto voluntario, establecimiento de la doble vuelta electoral en las regiones donde los candidatos no alcanzan el 30% de los votos en la creencia falsa de que esas propuestas resuelven los problemas de representación, de consolidación democrática y de gobernabilidad.
Aunque se enfrenten los problemas por etapas, su solución requiere planteamientos integrales que le den sentido a cada paso y a cada reforma parcial.
Estos problemas, además, no se presentan aislados. Están interrelacionados. La inclusión, por ejemplo, tiene que ver con el modelo económico. Al actual modelo primario exportador, sin embargo, no le interesa el problema del empleo y, aunque le interesara, es difícil que lo resuelva dentro de sus propios parámetros. ¿Pueden las empresas mineras resolver el problema del desempleo teniendo en cuenta que en ese sector crear un empleo cuesta más de 300 mil dólares? La eliminación del sufragio universal busca excluir a los ciudadanos que, en las elecciones del 2006, votaron contra el modelo neoliberal. La heterogeneidad estructural (que el modelo primario exportador refuerza) incide decisivamente en la inefectividad legal y en la ineficacia burocrática del Estado en el territorio y en toda la sociedad.

Pese a la innegable interrelación de estos problemas de fondo, es posible imaginar soluciones con cierta autonomía unas de otras. No tanto en el tema de la inclusión cuya solución está estrechamente vinculada a las características del modelo económico y a la voluntad estatal. En los asuntos que se refieren al Estado, a la democracia y al modelo neoliberal, en cambio, se puede proponer y realizar cambios específicos que pueden tener cierta eficacia en su respectivo nivel.
Para que tengan eficacia y coherencia es necesario, sin embargo, que las propuestas de cambio sean integrales en cada nivel (Estado, democracia, modelo económico) con objetivos definidos, políticas eficaces, medidas y acciones precisas y etapas claramente establecidas en el tiempo.
Si la eficacia específica de las reformas en el Estado, la democracia y el modelo económico es alcanzable, ¿por qué en el Perú no hemos llegado a ese nivel? ¿Por qué entonces todo se pone en cuestión en las coyunturas electorales? Volveremos sobre este decisivo problema de cuestionamientos y de inestabilidad.