Sería bueno preguntarles a aquellos que redactaron, debatieron, aprobaron y promulgaron la ley 29470, que modifica diversos artículos (ocho en total) de la Ley de Elecciones Regionales, si se detuvieron a pensar que ello podría afectar a las mujeres, fragmentar la representación en las regiones y, por lo tanto, disminuir la capacidad política de los gobiernos regionales en su relación con el centralismo.
La ley 29470 introduce algunos cambios importantes:
a) crea la segunda vuelta cuando ninguna de las listas obtenga más del 30%;
b) aumenta el número de consejeros regionales: siete como mínimo y veinticinco como máximo;
c) la elección de estos consejeros se realiza “en forma conjunta con el proceso de elección de presidentes y vicepresidentes regionales”;
d) para la elección de consejeros regionales, cada provincia constituye un distrito electoral;
e) las agrupaciones políticas que participan de las elecciones deben presentar “conjuntamente una fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia y una lista al consejo regional”;
f) los presidentes, vicepresidentes, alcaldes y regidores deben renunciar 180 días antes de la fecha de elecciones.
Acaso la primera crítica que se puede hacer a esta ley es por qué las autoridades regionales (presidente y vicepresidente) y locales (alcaldes y regidores) tienen que renunciar 180 días antes y no los consejeros regionales y menos los congresistas que aprobaron la ley.
La segunda, es que la cuota de género se verá afectada. No sería nada extraño que las mujeres vayan (para cumplir con la cuota) en las listas provinciales para consejeras donde les sea más difícil ganar a la respectiva lista regional.
Sin embargo, lo más grave es que las modificaciones alientan la fragmentación política en las regiones. Una interpretación es que el proceso electoral regional se compondría de dos elecciones conjuntas: para presidente y vicepresidente, por un lado, y para consejeros regionales, por el otro.
Ello se fundamenta en que la provincia es un distrito electoral distinto al regional.
Por eso el elector votaría dos veces Ahora bien, puede darse el caso que una lista regional gane la presidencia y pierda en todas las provincias. También que haya consejeros regionales de tantas listas como las que existen en una región.
Además, al no existir una segunda vuelta para los consejeros regionales, es también probable que se pueda ganar con una baja votación. El incremento de consejeros regionales con distrito electoral propio, ejercerá una enorme presión de los caudillos locales para llevar listas regionales con poca significación pero importantes en el ámbito provincial. El otro problema grave, por cierto, es que no existe valla electoral en las elecciones regionales (sí existe en las locales) con lo cual se alienta a las minorías y la fragmentación políticas.
Sobre la segunda vuelta se puede decir lo siguiente: si la votación regional de este año fuera igual a la del 2006, en trece regiones habría segunda vuelta, ya que en las otras doce el ganador obtuvo más del 30%. De esas trece regiones, el APRA pasaría a la segunda vuelta en cinco (Ayacucho, Áncash, Lima provincias, Moquegua y Piura), además de que conservaría La Libertad, de repetir su votación. Ahora bien, si consideramos que aquellas listas que ganaron en el 2006 con entre el 30% y el 35% de los votos podrían no repetir esa cifra por el desgaste político sufrido estos años de gobierno, el APRA podría (es una posibilidad) pasar a segunda vuelta en cuatro regiones más (Ica, Huánuco, Pasco y Puno). No sería extraño que el APRA esté calculando que con este mecanismo podría ganar hasta un máximo de diez u once regiones en las próximas elecciones. Algo similar al año 2002.
Como se puede apreciar, la ley atenta contra las mujeres, alienta una mayor fragmentación política, aumenta la posibilidad de desgobierno, le da más poder al centralismo limeño, y, por último, podría beneficiar al APRA ahora que tiene el control del Estado.
(*) albertoadrianzen.lamula.pe
