martes, 15 de diciembre de 2009

INFORME DE BAGUAZO NO PERMITE LLEGAR A LA VERDAD

Pretenden responsabilizar de Baguazo a mala informacion a indigenas amazonicos -
Denuncia Comisionada

diciembre de 2009

Siguen considerándolos "no ciudadanos de primera clase"Hermana Maricarmen no firmará documento que impide conocer la verdad.

La religiosa Carmen Gómez Calleja, se niega a aceptar criterio racista que concluiría que la matanza de Bagua se debería a manipulación de organizaciones extranjeras y nacionales, no atribuyéndole criterio propio a los nativos en la defensa de sus recursos y territorio.
Informe Final de la Comisión Investigadora de los hechos de Bagua que será entregado el 13 Diciembre, no ha seguido propuesta del Relator de Naciones Unidas de realizar una investigación exhaustiva e imparcial de esos hechos de sangre y tampoco el esquema que se aprobó incialmente: analizar situación de los pueblos indígenas, sucesos del 05 Junio en Bagua y elaboración de recomendaciones.

La representante de las comunidades nativas de esa Mesa de Trabajo, informó que en las conclusiones, los indígenas amazónicos aparecen como engañados por grupos "enemigos de la democracia", que habrían creído que les iban a quitar sus mujeres y sus tierras, versión claramente vejatoria de la inteligencia de los pobladores que habían manifestado su oposición a los decretos inconstitucionales que había promulgado el Gobierno aprista, lesivos a sus intereses y que además habían sido aprobados inconsultamente, en contradicción con las leyes internacionales que los protegían, entre ellas el Convenio 169, hecho por el cual, sus representantes intentaron negociar su derogación iniciando protestas en sus localidades.

Contó además que en la última reunión del 7 Diciembre, no todos los comisionados estuvieron de acuerdo en centrar la investigación concretamente en el 05 Junio, cosa que lamentó profundamente ya que de ser aprobado el Informe tal y como está "todo quedará como al comienzo: con una versión de los awajún y otra versión de la Dinoes".

Es imperativo que se sancione a los responsables de esta matanza.

Basta ya de hipocresía gubernamental, de mecidas en las Mesas de Diálogo mientras se sigue persiguiendo judicialmente a los líderes de Aidesep.
Que los que dieron la orden de "despejar" la Carretera en La Curva del Diablo a sangre y fuego purgen condena y paguen por la muerte de tantos civiles inocentes
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MINSTRO UGARTE (SALUD) DEBE IRSE............Correo...........Aldo Mariategui

UGARTE DEBE IRSE


15,12,2009 A. Mariategui Correo


LIMA -No huele a imparcialidad y sí más bien a mangonera politiquería de argolla roja el reciente concurso hecho por el Minsa para cubrir varios puestos de directores de hospitales públicos.
Desde haber eliminado en la declaración jurada los requisitos de "no haber cumplido o haber mantenido sanción disciplinaria o cese temporal sin goce de remuneraciones ni tener procesos judiciales pendientes con el Estado por razones funcionales con carácter preexistente" (lo que evidentemente ayudó a varios que tenían estas barreras por sanciones administrativas y procesos judiciales abiertos por actuaciones anteriores como directores, que "curiosamente" son médicos rojimios o caviares) hasta desconocer la evaluación de la propia comisión calificadora para subirle puntos a determinados candidatos en apelaciones declaradas fundadas por sectores políticamente cercanos, donde el viceministro aprista Melitón Arce increíblemente se inhibió de ver las apelaciones, a lo Poncio Pilatos, y le dejó la cancha libre a los izquierdistas.
Asimismo, el MINSA ha ignorado medidas cautelares dispuestas por el PJ para pedir la anulación o revisión de estos nombramientos, así como las recomendaciones de los congresistas Menchola y Reátegui.
Existe una comprensible gran bronca en los médicos de los hospitales Cayetano Heredia, Santa Rosa, Dos de Mayo, Larco Herrera y el Instituto de Rehabilitación, y es de temer que muchos de éstos opten por irse o, peor aún, sigan trabajando desmoralizados y hasta hostigados por no ser rojimios, amén que nombrar a izquierdistas es abrirle la puerta a futuras huelgas y cerrársela a cualquier intento de reforma.
Esto equivale a volver a darle la dirección de los colegios fiscales al SUTEP, un retroceso a los 70.No, no se pueden variar requisitos y apoyar a médicos que tienen procesos anteriores por gestiones discutidas por probables irregularidades. No puede ser que se nombren directores sólo porque parecen sintonizar políticamente con un ministro con un pasado en IU (ahora caviar con Yehude), un jefe de gabinete izquierdista como Fernando Campos y una federación capturada por ultras (y el Colegio Médico participó aún dominado por el comunista Julio Castro Gómez).
¡No puede ser que a Alan García, al APRA y al gobierno le metan estos goles tan tontos por la huacha! EL MINISTRO UGARTE DEBE RENUNCIAR Y ESTOS CONCURSOS VOLVER A REPETIRSE, CON UNA EVALUACIÓN QUE DEBE SER HECHA IMPARCIALMENTE, TAL VEZ POR UNA UNIVERSIDAD O UNA AUDITORA EXTERNA. Ya es hora de que dejemos de permitir pasivamente que los rojos capturen los puestos estratégicos para seguir fregando.
Son sectores minoritarios pero poderosos precisamente porque se les permite estas cosas por el miedo de ser tildados de "macartistas" cuando ellos son los primeros sectarios.
Seamos directos: ¡No a la toma del sistema hospitalario público por los comunistas! Ya salimos del SUTEP en Educación, salgamos de sus homólogos en Salud.
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Nota: Asi piensa y escribe un sector de la prensa nacional.....
No conmpartimos muchas opiniones.

ALAS MORTALES

Alas mortales Por. H. Benitez R.


El art. 92º de la Constitución determina que la función de congresista es incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado contrato de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos; y, el inciso b) del artículo 19º del Reglamento del Congreso desarrolla, literalmente, la misma incompatibilidad y la letra b) del artículo 23º precisa que los legisladores tienen el deber de cumplir la Carta Política y las leyes del Perú, así como respetar su propio Reglamento.El artículo 4º de la Ley Nº 28044, opiniones de la Defensoría del Pueblo y sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han establecido de manera inequívoca y contundente que la educación es un servicio público; hay un criterio unificado y sólido para su definición.


Nadie puede dudar que la cuestionada Universidad “Alas Peruanas” tiene como actividad principal la educación y si detectamos algún congresista implicado en alguna incompatibilidad ligada a dicho centro de estudios superiores estaría, seriamente, comprometido en una grave infracción constitucional y podría ser inhabilitado hasta diez años en el ejercicio de la función pública.


Los legisladores Edgar Núñez y Wilder Calderón tienen un cordón umbilical con la Universidad “Alas Peruanas”; Aurelio Pastor, ex presidente de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA), apareció compartiendo el directorio de una empresa, con gente cercana al Rector Fidel Ramírez. Ítem más, Mauricio Mulder, secretario general del APRA, y José Vargas, jefe del grupo parlamentario aprista, han efectuado extraños viajes al extranjero, sin ser docentes, ni dictar charlas, conferencias, seminarios, diplomados, ni efectuar labores académicas, en dicho centro de estudios superiores.


Por otro lado, en el Poder Judicial (PJ), la cuestionada Universidad “Alas Peruanas” ha sido mortal para la vida de los vocales supremos titulares, Francisco Távara (ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y ex jefe de la OCMA) y Jorge Solís, integrante del ConsejoEjecutivo del Poder Judicial (CEPJ); ambos, tienen un proceso disciplinario ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y deberían ser destituidos por aceptar una sospechosa invitación a Francia. con todos los gastos pagados por dicho centro de estudiosAhora bien, ellos no serían los únicos jueces supremos, que habrían viajado con esa misma modalidad; Távara arrojó la piedra, dijo no ser “acusete” y prefirió proteger a sus colegas, guardando un silencio cómplice que podría terminar favoreciendo la impunidad.Finalmente, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) inició una pesquisa preliminar contra los jueces o vocales superiores que pudieran o hubieran favorecido a los representantes de la cuestionada Universidad “Alas Peruanas”; lo que falta saber es, si el Ministerio Público ha iniciado alguna indagatoria criminal contra las autoridades universitarias.