martes, 11 de mayo de 2010

Garrido-Lecca sospechoso de enriquecimiento ilícito


Hay indicios de que aprovechó su cargo para beneficiarse económicamente.


Giselle Giannotti, ex gerente de Business Track, empresa que interceptaba las comunicaciones, ratificó ayer ante la fiscal Gladys Echaíz que en uno de sus dos USB que fueron robados, se encontraban archivos comprometedores de Garrido-Lecca en relación a sus negocios con el Banco Azteca y su intervención en la rebaja de los aranceles del cemento y en los proyectos para la construcción de hospitales.
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DETALLE: Si el Ministerio Público encuentra pruebas suficientes contra Hernán Garrido-Lecca tendrá que pedir al Congreso que le levante su inmunidad, la cual lo protege hasta cinco años después de haber dejado el cargo de ministro, según explicó el penalista Mario Amoretti.
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Precisó que el delito de enriquecimiento ilícito se castiga con 8 años de pena privativa de la libertad.
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La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, ha logrado reunir una serie de indicios que la llevan a sospechar que el ex ministro de Salud y Vivienda, Hernán Garrido-Lecca, se enriqueció ilícitamente realizando gestiones desde el Estado para favorecer a empresas mexicanas y al inversionista dominicano Fortunato Canaán.
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La titular del Ministerio Público descubrió en las cuentas bancarias de Garrido-Lecca varios montos que llamaron su atención porque no corresponden con sus ingresos como ministro de Estado y más bien coinciden con las gestiones que realizó para que el Banco Azteca opere en el Perú y para reducir los aranceles que debía pagar Cementos Mexicanos (Cemex).Además, Echaíz ha logrado establecer con certeza las relaciones de negocios que existían entre los funcionarios del Banco Azteca y el ex miembro del gabinete de García. Por ejemplo: la contratación de Garrido-Lecca para que gestione la licencia de la entidad financiera.
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Garrido-Lecca había sido investigado hace cuatro meses por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de corrupción de funcionarios debido a sus gestiones en los proyectos de construcción de hospitales. Esa denuncia, sin embargo, fue archivada por la fiscal adscrita a la Fiscalía de la Nación, Flor de María Alva López.
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En ese momento, y a pesar de que interrogó al empresario dominicano Fortunato Canaán, la fiscal Alva López no pudo encontrar indicios suficientes en contra del ex ministro de Salud sobre actos de corrupción dentro de la administración, pero eso no significa, según explicaron fuentes de la Fiscalía, que Garrido-Lecca no se haya enriquecido ilícitamente haciendo favores y usando para ello su condición de ministro de Estado.
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Giannotti lo delata: Tal es la decisión de la fiscal Echaíz de seguir adelante en esta investigación contra Garrido-Lecca que ayer interrogó personalmente a Giselle Giannotti, ex gerenta de Business Track, empresa que interceptó, entre otras tantas, las comunicaciones del ex ministro aprista.
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Giannotti ratificó lo que dijo a LA PRIMERA el 10 de abril pasado.
Indicó que en uno de sus dos USB que fueron robados, se encontraban archivos que comprometían a Garrido-Lecca por sus negocios con el Banco Azteca y su intervención en la rebaja de los aranceles al cemento y en los proyectos para la construcción de hospitales. La ex analista de BTR, procesada ante el 34 Juzgado Penal por interceptación telefónica, detalló que en aquel USB existían cuatro carpetas: una relacionada a petroaudios, otra a los aranceles de Cemex, la tercera sobre hospitales y la última referida al Banco Azteca.Dijo que en las tres últimas carpetas existían comunicaciones de Garrido-Lecca y que en la carpeta hospitales existían audios entre el ex ministro y el lobista Rómulo León Alegría. En estos, según detalló a la fiscal de la Nación, se les escuchaba hablar acerca de que Luis Sifuentes Valverde, ex director de Infraestructura del Ministerio de Salud, iba a facilitar todo para que Canaán gane las licitaciones de construcción de hospitales. Además, Giannotti, según coincidieron en señalar dos personas que estuvieron en la diligencia de ayer, detalló que también había audios entre Garrido-Lecca y funcionarios del Banco Azteca.