Culpan a gobierno por negligencias

La Primera 12-02.010

Castro señala que fallos graves en atenciones clínicas pudieron evitarse y llegar a margen mínimo.

DETALLISTA de verificación ha sido aprobada por 250 organizaciones de más de 40 países en un reciente evento realizado el pasado 25 de junio en Washington DC, y su aplicación, según la OMS, ayuda a reducir hasta en un 50% los eventos adversos ajenos a la enfermedad.
El ex decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Julio Castro Gómez, responsabiliza al gobierno por las continuas negligencias médicas ocurridas en los establecimientos de salud estatales y privados, pues, afirma que las malas prácticas se hubieran terminado o, al menos, disminuido drásticamente si el ministerio de salud (Minsa) hubiera implementado y difundido adecuadamente la “Lista de chequeo de cirugía segura” –la que es recogida mediante resolución ministerial 533-2008/Minsa– vigente desde julio 2008. La norma indica el procedimiento que deben seguir los equipos médicos de cirugía antes y después de toda operación, esto con el fin de evitar complicaciones ajenas a la enfermedad. Castro Gómez acusa al gobierno de no hacer “nada” para implementar o difundir la lista de chequeo en los establecimientos de salud públicos y privados, así como no capacitar a los profesionales de salud sobre la necesidad de aplicar esta norma. “No basta con firmar y publicar la resolución en el diario oficial, sino, primero que nada se debió hacer acciones de difusión ¿qué hizo el ministerio de salud por difundir la lista de verificación en los establecimientos de salud y centros quirúrgicos? Nada. Tampoco supervisó si los centros de salud están cumpliendo con la norma”, cuestionó.El ex decano del CMP dijo que la lista de chequeo de cirugía identifica tres etapas dentro del proceso operatorio, como el momento previo a la administración de la anestesia (comprobación preoperatoria), el momento previo a la incisión (comprobación preincisión) y el momento previo al abandono del quirófano (comprobación presalida).Rechaza desidiaConsultado sobre las acusaciones de Castro Gómez, el ministro de salud Oscar Ugarte dijo que su despacho si ha cumplido con difundir la ´Lista de chequeo de cirugía segura´, además de capacitar a los médicos.

Mario Huamán: Precarización laboral durante el gobierno aprista

Mientras el presidente García pregona sobre una supuesta modernidad y crecimiento económico, en el ámbito laboral conocidas empresas privadas y el propio gobierno vulneran los derechos humanos de miles de trabajadores que son despedidos u hostilizados por exigir que se respete la ley.

Esta violación del sistema laboral nacional e internacional afecta al país, debido a que se paga menos impuestos al recortarse los derechos laborales.

Asimismo, impide al Estado solventar los gastos en salud, Educación, seguridad y otros servicios públicos.

Además se debilita la economía porque las familias se ven en la necesidad de disminuir su consumo y ahorro. Durante el gobierno aprista se ha profundizado el incumplimiento de la legislación laboral. Los trabajadores ejercen su labor sin contratos escritos o por “recibos por honorarios” disfrazando una relación de dependencia, además de estar obligados a trabajar más de ocho horas diarias en precarias condiciones.

Se ha generado despidos colectivos en el último año bajo el pretexto de la crisis económica, usándose la modalidad de “no renovación de contratos”, afectando principalmente a trabajadores con más de cuatro años de servicios y que se han sindicalizado. A esto se suma, el incremento de las prácticas antisindicales y del paralelismo con la formación de sindicatos “amarillos” promovidos por los jefes de recursos humanos.

Las negociaciones colectivas se entrampan debido a que la mayoría de empresas no desean brindar condiciones de trabajo de manera equitativa y razonada.

Hay que resaltar también las irregularidades y obstáculos que se ponen en el ministerio de Trabajo para entregar el Registro Sindical y el atraso de las inspecciones laborales, cuyos resultados coinciden “extrañamente” con los criterios empresariales.

Son innumerables los gremios que junto a la CGTP se enfrentan en una lucha desigual contra el poder económico y la indiferencia del gobierno aprista.

En ese sentido, exigimos solución a las demandas de los trabajadores de Hermes, Bimbo, Iza Motors, Acinsa, Sencico, Pronaa, San Ignacio (Backus), Clínica Montefiori, Universidad Cayetano Heredia, Candados peruanos, Paramonga (Grupo Wong), Orus, Et Granel, Yeso La Limeña, San Fernando, Industria El Espino, Servicios Cobranzas e Inversiones (Scotiabank), Laive, Andahuasi, Molitalia, Kola Real, Ambev Peru, etc.

Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores estatales y su derecho a un aumento de sus remuneraciones, especialmente para los integrantes de la Policía Nacional, cuyas demandas y protestas son justas y legítimas.

Por Sinesio López Jiménez: Los modelos y la política

12/02/2010

El modelo económico neoliberal vuelve al debate.

Los economistas de la PUCP (Waldo Mendoza, Pedro Fran-cke, Óscar Dancourt, Félix Jiménez, José Oscátegui, Germán Alarco), de Actualidad Económica (Armando Mendoza) y Ricardo V. Lago, economista español que tuvo que ver con la instauración del modelo neoliberal extremo en los 90, han esgrimido argumentos a favor y en contra.

Manteniendo un excelente nivel académico, la discusión es, sin embargo, asequible a los no iniciados. Queda claro que no existe un solo modelo de crecimiento, que el neoliberalismo extremo es sólo uno más (con resultados discutibles) y que entre los polos del mercado y del Estado caben otros modelos posibles.

Me permito citar in extenso el excelente artículo de Óscar Dancourt para situar y entender mejor el debate: “El desempeño macroeconómico (…) de economías poco industrializadas como las del Perú (…) depende de tres factores independientes entre sí:

1) el contexto externo (precios mundiales de materias primas altos o bajos, entrada o salida de capitales extranjeros, la economía mundial crece o no),

2) la política macroeconómica a cargo del banco central (…) y del fisco (…) y, por último,

3) el modelo de crecimiento que se refiere a un conjunto de rasgos estructurales de la economía (cuánto Estado y cuánto mercado, cuánta industria manufacturera y cuánta exportación primaria, cuánta protección arancelaria y cuánto libre comercio, cuánto sindicalismo y cuánta represión laboral, cuánta dolarización y cuánta desregulación financiera, libre movilidad de capitales o no, cuán extensa y eficaz la red de protección a los pobres y cuánta redistribución vía impuestos desde arriba hacia abajo, etc)”.

“El error más común es atribuir el desempeño macroeconómico al modelo, olvidando el papel que juegan los otros dos factores. Es claro, sin embargo, que para comparar dos modelos distintos hay que descontar el efecto positivo o negativo que el contexto externo y la política macroeconómica tienen sobre el crecimiento del empleo y la producción, la inflación y la pobreza. Si esto no se hace, podemos elegir como el mejor modelo al que, en realidad, es el peor”.

El debate de los economistas se mueve en un nivel tecnoeconómico. El riesgo es que se quede allí. Ningún modelo de crecimiento es viable si no hay una correlación social y política de fuerzas que lo haga viable. El neoliberalismo extremo se impuso no sólo por la desastrosa situación económica de algunos países de AL sino gracias al impulso de los poderes fácticos (organismos financieros internacionales, inversión extranjera, burguesía local, medios) y a la derrota de la izquierda, de los sindicatos y los movimientos sociales.

En otros países (como Brasil) la élite estatal y los partidos de centro y de izquierda impulsaron una economía de mercado abierta a un papel activo y eficiente del Estado alcanzando resultados satisfactorios. En toda AL el tipo de la relación entre economía de mercado y Estado depende de la relación social y política entre las fuerzas conservadoras y las progresistas y de izquierda.

Así fue también en el pasado si se miran los diversos modelos de crecimiento y desarrollo. En la industrialización temprana (Inglaterra, Francia, Estados Unidos) jugó un papel central el mercado y los empresarios privados, en la tardía (Alemania, Japón y en parte Italia) el impulso central estuvo en manos del Estado y la banca privada.

En donde la cosa no funcionó fue en las industrializaciones postardías de Hirschman (España, Portugal, Grecia y en América Latina) en las que el rol activo del Estado no obtuvo los resultados esperados. Pero en los llamados tigres asiáticos una élite estatal muy calificada (con estudios en las mejores universidades del mundo) y reclutada en base al mérito logró formular proyectos agresivos de industrialización, comprometió a las élites privadas y consiguió los resultados que todos conocemos.

Se requiere liderazgo para zanjar la crisis militar-policial

La advertencia fue oportuna y clara: el problema de los sueldos policiales y militares no se debe seguir tratando de manera improvisada porque, mientras más se demore la solución integral, lo único que se está haciendo es inflar un globo negro que, tarde o temprano, puede estallar con peligrosas consecuencias políticas para la República.
Un primer síntoma de ello es el enfrentamiento entre miembros del gobierno aprista, tal como, destempladamente, lo evidencian las diatribas lanzadas por el canciller García Belaunde y la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vílchez, en contra del primer vicepresidente y aliado electoral del oficialismo, almirante (r) Luis Giampietri, quien a su turno ha sido poco cauto.

TEMA PENDIENTE

El recuento del caso no deja lugar a dudas: este gobierno no ha avanzado en el tema hipersensible de los sueldos y pensiones militares y policiales tal como se comprometió en su plan para el mandato 2006 – 2011. Peor todavía si se recuerda que el propio presidente de la República reiteró ese compromiso ante la Asociación de Oficiales Generales (Adogen) y ante los altos mandos de los tres institutos armados y de la PNP.
Además, durante la gestión de los ministros de Defensa Allan Wagner, Ántero Flores- Aráoz y Rafael Rey se trabajaron propuestas económicas que generaron expectativas crecientes, pero nunca se implementaron ni para incrementar los ingresos del personal en actividad y en retiro, ni para afrontar la sempiterna crisis de la Caja de Pensiones Militar-Policial.
Debido a esa inacción en el Congreso —y con apoyo aislado de algunos oficialistas— se lanzaron propuestas que pueden ser bien intencionadas, pero que nada solucionan realmente, como el bono extraordinario y un incremento mínimo de remuneraciones.
Con la lógica de cautelar el Tesoro Público y no financiar gastos insostenibles en el tiempo, el Ministerio de Economía indujo a que el Ejecutivo observase tal proyecto, pero sin dar soluciones, y centró el caso en un ángulo espinoso como el de la cédula viva. *TENSIONES ACUMULADAS*Ante el empantanamiento, y luego de largos años de reclamaciones desatendidas, el conjunto de militares y policías ha hecho conocer su malestar a través de las respectivas agremiaciones. Incluso se está insistiendo en la posibilidad de un paro el próximo mes de abril.

En este contexto es que, en vez de convocar a un mecanismo de concertación urgente y prudente, desde el oficialismo se lanzan las diatribas en contra de su propio aliado electoral, en lo que parece ser una peligrosa comedia de insensateces. A su turno, el mismo Giampietri persiste en una actitud que, si bien puede entenderse en un marino que defiende la institución castrense, peca de imprudente al romper lo que debe ser la unidad conceptual de un gobierno.

Y mientras ello ocurre, en la base de los militares, sobre todo retirados, ya se oyen prédicas que ahondan más el descontento.

SOLUCIONES INEVITABLES

La historia demuestra que los problemas políticos y sociales nunca se resuelven por obra de un milagro. Por eso hoy, en vez de relativizar la gravedad de la crisis, se necesita que el gobierno de una vez por todas convoque a los interesados y se ponga a trabajar en una solución integral del caso.
Esa solución no puede centrarse únicamente en la cuestión salarial. El problema policial y militar tiene un marco mucho mayor, que consiste en que el poder político democrático defina qué tipo de FF.AA. y policía requiere nuestra patria. Sobre esto hay antecedentes importantes: la misión francesa que organizó al Ejército —hasta entonces desarticulado— en 1896; y las misiones, una norteamericana y otra española, que reorganizaron la Marina de Guerra y la Guardia Civil en la década de 1920. Hoy, claro, no se necesitan misiones extranjeras, pero sí una reforma profunda que supere la dicotomía civil-militar.
Precisado eso debe procederse a la modificación de todo el esquema remunerativo con plazos y metas, sin plantear homologaciones imposibles en un Estado que todavía padece de mucho desorden en su servicio público. Solo entonces sí podrá exigirse que se subsane el vacío constitucional en torno a la cédula viva, que hoy objetivamente cautela más el interés de los jefes y oficiales en retiro, antes que el de los subalternos.
Consideramos además, que nadie en su sano juicio podría objetar una reforma integral, incluyendo la pérdida de algunas prerrogativas, si el Gobierno perfila por lo menos una luz al final del túnel. O, dicho de otro modo, sí es factible llegar a acuerdos para que la solución económica no sea traumática para el fisco, sino que pueda financiarse en un plazo prolongado, tal como en su momento se hizo con la deuda externa.

LA DEUDA SOCIAL

En la base del raciocinio político que debe orientar la búsqueda de soluciones, subyace un principio que nadie debe olvidar: este gobierno no puede dejar de atender la gravísima deuda social que se ha venido acumulando a los largo de muchas décadas.
En el caso de los militares es cierto que especialmente bajo el montesinismo se permitieron esquemas de corrupción; pero la sanción a las cúpulas de entonces no debe hacer que se pierda de vista el derecho legítimo a remuneraciones y pensiones jubilatorias decentes de quienes visten el uniforme de la patria y ponen en riesgo su vida. Miles de familias dependen de que el Estado —por definición único y continuo en el tiempo— honre la deuda que tiene con ellas.
Hay, claro, muchos otros casos, pero también está, por ejemplo, el de los maestros de las universidades públicas que —proporcionalmente a los militares y policías, aunque sin la misma capacidad de protesta— necesitan que se los atienda.
El Comercio invariablemente está de acuerdo en que no se afecte el equilibrio fiscal, que se actúe con responsabilidad en la administración estatal y que no se hipoteque el futuro con medidas populistas.
Pero El Comercio también está invariablemente alineado con las grandes causas populares y hoy reitera lo que ha dicho a lo largo de sus 170 años de existencia: los problemas del Perú deben resolverse oportunamente y bajo compromiso de quienes tienen las riendas del poder democrático, porque literalmente patear los casos complicados para que los atienda el siguiente gobierno es una actitud irresponsable