La advertencia fue oportuna y clara: el problema de los sueldos policiales y militares no se debe seguir tratando de manera improvisada porque, mientras más se demore la solución integral, lo único que se está haciendo es inflar un globo negro que, tarde o temprano, puede estallar con peligrosas consecuencias políticas para la República.
Un primer síntoma de ello es el enfrentamiento entre miembros del gobierno aprista, tal como, destempladamente, lo evidencian las diatribas lanzadas por el canciller García Belaunde y la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vílchez, en contra del primer vicepresidente y aliado electoral del oficialismo, almirante (r) Luis Giampietri, quien a su turno ha sido poco cauto.
Un primer síntoma de ello es el enfrentamiento entre miembros del gobierno aprista, tal como, destempladamente, lo evidencian las diatribas lanzadas por el canciller García Belaunde y la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vílchez, en contra del primer vicepresidente y aliado electoral del oficialismo, almirante (r) Luis Giampietri, quien a su turno ha sido poco cauto.
TEMA PENDIENTE
El recuento del caso no deja lugar a dudas: este gobierno no ha avanzado en el tema hipersensible de los sueldos y pensiones militares y policiales tal como se comprometió en su plan para el mandato 2006 – 2011. Peor todavía si se recuerda que el propio presidente de la República reiteró ese compromiso ante la Asociación de Oficiales Generales (Adogen) y ante los altos mandos de los tres institutos armados y de la PNP.
Además, durante la gestión de los ministros de Defensa Allan Wagner, Ántero Flores- Aráoz y Rafael Rey se trabajaron propuestas económicas que generaron expectativas crecientes, pero nunca se implementaron ni para incrementar los ingresos del personal en actividad y en retiro, ni para afrontar la sempiterna crisis de la Caja de Pensiones Militar-Policial.
Debido a esa inacción en el Congreso —y con apoyo aislado de algunos oficialistas— se lanzaron propuestas que pueden ser bien intencionadas, pero que nada solucionan realmente, como el bono extraordinario y un incremento mínimo de remuneraciones.
Con la lógica de cautelar el Tesoro Público y no financiar gastos insostenibles en el tiempo, el Ministerio de Economía indujo a que el Ejecutivo observase tal proyecto, pero sin dar soluciones, y centró el caso en un ángulo espinoso como el de la cédula viva. *TENSIONES ACUMULADAS*Ante el empantanamiento, y luego de largos años de reclamaciones desatendidas, el conjunto de militares y policías ha hecho conocer su malestar a través de las respectivas agremiaciones. Incluso se está insistiendo en la posibilidad de un paro el próximo mes de abril.
Además, durante la gestión de los ministros de Defensa Allan Wagner, Ántero Flores- Aráoz y Rafael Rey se trabajaron propuestas económicas que generaron expectativas crecientes, pero nunca se implementaron ni para incrementar los ingresos del personal en actividad y en retiro, ni para afrontar la sempiterna crisis de la Caja de Pensiones Militar-Policial.
Debido a esa inacción en el Congreso —y con apoyo aislado de algunos oficialistas— se lanzaron propuestas que pueden ser bien intencionadas, pero que nada solucionan realmente, como el bono extraordinario y un incremento mínimo de remuneraciones.
Con la lógica de cautelar el Tesoro Público y no financiar gastos insostenibles en el tiempo, el Ministerio de Economía indujo a que el Ejecutivo observase tal proyecto, pero sin dar soluciones, y centró el caso en un ángulo espinoso como el de la cédula viva. *TENSIONES ACUMULADAS*Ante el empantanamiento, y luego de largos años de reclamaciones desatendidas, el conjunto de militares y policías ha hecho conocer su malestar a través de las respectivas agremiaciones. Incluso se está insistiendo en la posibilidad de un paro el próximo mes de abril.
En este contexto es que, en vez de convocar a un mecanismo de concertación urgente y prudente, desde el oficialismo se lanzan las diatribas en contra de su propio aliado electoral, en lo que parece ser una peligrosa comedia de insensateces. A su turno, el mismo Giampietri persiste en una actitud que, si bien puede entenderse en un marino que defiende la institución castrense, peca de imprudente al romper lo que debe ser la unidad conceptual de un gobierno.
Y mientras ello ocurre, en la base de los militares, sobre todo retirados, ya se oyen prédicas que ahondan más el descontento.
SOLUCIONES INEVITABLES
La historia demuestra que los problemas políticos y sociales nunca se resuelven por obra de un milagro. Por eso hoy, en vez de relativizar la gravedad de la crisis, se necesita que el gobierno de una vez por todas convoque a los interesados y se ponga a trabajar en una solución integral del caso.
Esa solución no puede centrarse únicamente en la cuestión salarial. El problema policial y militar tiene un marco mucho mayor, que consiste en que el poder político democrático defina qué tipo de FF.AA. y policía requiere nuestra patria. Sobre esto hay antecedentes importantes: la misión francesa que organizó al Ejército —hasta entonces desarticulado— en 1896; y las misiones, una norteamericana y otra española, que reorganizaron la Marina de Guerra y la Guardia Civil en la década de 1920. Hoy, claro, no se necesitan misiones extranjeras, pero sí una reforma profunda que supere la dicotomía civil-militar.
Precisado eso debe procederse a la modificación de todo el esquema remunerativo con plazos y metas, sin plantear homologaciones imposibles en un Estado que todavía padece de mucho desorden en su servicio público. Solo entonces sí podrá exigirse que se subsane el vacío constitucional en torno a la cédula viva, que hoy objetivamente cautela más el interés de los jefes y oficiales en retiro, antes que el de los subalternos.
Consideramos además, que nadie en su sano juicio podría objetar una reforma integral, incluyendo la pérdida de algunas prerrogativas, si el Gobierno perfila por lo menos una luz al final del túnel. O, dicho de otro modo, sí es factible llegar a acuerdos para que la solución económica no sea traumática para el fisco, sino que pueda financiarse en un plazo prolongado, tal como en su momento se hizo con la deuda externa.
Esa solución no puede centrarse únicamente en la cuestión salarial. El problema policial y militar tiene un marco mucho mayor, que consiste en que el poder político democrático defina qué tipo de FF.AA. y policía requiere nuestra patria. Sobre esto hay antecedentes importantes: la misión francesa que organizó al Ejército —hasta entonces desarticulado— en 1896; y las misiones, una norteamericana y otra española, que reorganizaron la Marina de Guerra y la Guardia Civil en la década de 1920. Hoy, claro, no se necesitan misiones extranjeras, pero sí una reforma profunda que supere la dicotomía civil-militar.
Precisado eso debe procederse a la modificación de todo el esquema remunerativo con plazos y metas, sin plantear homologaciones imposibles en un Estado que todavía padece de mucho desorden en su servicio público. Solo entonces sí podrá exigirse que se subsane el vacío constitucional en torno a la cédula viva, que hoy objetivamente cautela más el interés de los jefes y oficiales en retiro, antes que el de los subalternos.
Consideramos además, que nadie en su sano juicio podría objetar una reforma integral, incluyendo la pérdida de algunas prerrogativas, si el Gobierno perfila por lo menos una luz al final del túnel. O, dicho de otro modo, sí es factible llegar a acuerdos para que la solución económica no sea traumática para el fisco, sino que pueda financiarse en un plazo prolongado, tal como en su momento se hizo con la deuda externa.
LA DEUDA SOCIAL
En la base del raciocinio político que debe orientar la búsqueda de soluciones, subyace un principio que nadie debe olvidar: este gobierno no puede dejar de atender la gravísima deuda social que se ha venido acumulando a los largo de muchas décadas.
En el caso de los militares es cierto que especialmente bajo el montesinismo se permitieron esquemas de corrupción; pero la sanción a las cúpulas de entonces no debe hacer que se pierda de vista el derecho legítimo a remuneraciones y pensiones jubilatorias decentes de quienes visten el uniforme de la patria y ponen en riesgo su vida. Miles de familias dependen de que el Estado —por definición único y continuo en el tiempo— honre la deuda que tiene con ellas.
Hay, claro, muchos otros casos, pero también está, por ejemplo, el de los maestros de las universidades públicas que —proporcionalmente a los militares y policías, aunque sin la misma capacidad de protesta— necesitan que se los atienda.
El Comercio invariablemente está de acuerdo en que no se afecte el equilibrio fiscal, que se actúe con responsabilidad en la administración estatal y que no se hipoteque el futuro con medidas populistas.
Pero El Comercio también está invariablemente alineado con las grandes causas populares y hoy reitera lo que ha dicho a lo largo de sus 170 años de existencia: los problemas del Perú deben resolverse oportunamente y bajo compromiso de quienes tienen las riendas del poder democrático, porque literalmente patear los casos complicados para que los atienda el siguiente gobierno es una actitud irresponsable
En el caso de los militares es cierto que especialmente bajo el montesinismo se permitieron esquemas de corrupción; pero la sanción a las cúpulas de entonces no debe hacer que se pierda de vista el derecho legítimo a remuneraciones y pensiones jubilatorias decentes de quienes visten el uniforme de la patria y ponen en riesgo su vida. Miles de familias dependen de que el Estado —por definición único y continuo en el tiempo— honre la deuda que tiene con ellas.
Hay, claro, muchos otros casos, pero también está, por ejemplo, el de los maestros de las universidades públicas que —proporcionalmente a los militares y policías, aunque sin la misma capacidad de protesta— necesitan que se los atienda.
El Comercio invariablemente está de acuerdo en que no se afecte el equilibrio fiscal, que se actúe con responsabilidad en la administración estatal y que no se hipoteque el futuro con medidas populistas.
Pero El Comercio también está invariablemente alineado con las grandes causas populares y hoy reitera lo que ha dicho a lo largo de sus 170 años de existencia: los problemas del Perú deben resolverse oportunamente y bajo compromiso de quienes tienen las riendas del poder democrático, porque literalmente patear los casos complicados para que los atienda el siguiente gobierno es una actitud irresponsable
