domingo, 14 de febrero de 2010

FMP: Debe investigarse antes de denunciar negligencias médicas

FMP: Debe investigarse antes de denunciar negligencias médicas

Antes de hacer pública una denuncia por negligencia médica, los galenos exigen que se realice una exhaustiva investigación, pues los médicos “no son educados para hacer daño”, expresó el presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Leoncio Díaz.A través de CNR, indicó que la mayoría de estos casos no son por errores médicos sino por la condición de trabajo que engloba el acto médico.“Los médicos no estamos formados para hacer daño; la formación del médico es muy reconocida, no sólo en el país. Todas esas cosas ameritan que se investigue previamente”, declaró.Manifestó que de las 25 mil atenciones en todo el país -tanto médicas como quirúrgicas-, existen 170 denuncias por negligencia; pero de esas 160, apenas cinco merecen consideradas como tal.En ese sentido, mostró su acuerdo en la creación de un fondo para resarcir a los pacientes víctimas de negligencia médica; sin embargo, recomendó que no sea administrado por aseguradoras particulares.“No queremos un fondo que sea administrado por aseguradoras que solo crearían una expectativa tremenda en la población, y empiecen a aparecer denuncias por cualquier cosa y que solo beneficiaria a estas aseguradoras”, acotó.

PRESIDENTE FMP Leoncio Diaz: Médicos proponemos un fondo de contingencia


Díaz pide que administración de fondo no esté a cargo de las empresas aseguradoras.

El presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Leoncio Díaz Díaz, se declaró a favor de la creación de un fondo de contingencia que sirva para indemnizar a los pacientes afectados por negligencias médicas.
El galeno explicó que dicho fondo deberá garantizar no sólo el pago indemnizatorio a las víctimas de negligencias, sino también el tratamiento médico que deberán recibir, sin que se descarten las sanciones éticas y penales –previa investigación– al personal médico que incurra una mala praxis.
Díaz recalcó que el fondo de contingencia no debe ser manejado por las aseguradoras, sino que el Estado debe destinar una partida presupuestaria a fin de que las unidades ejecutoras de los establecimientos de salud del Estado, manejen dicho presupuesto.
Asimismo, insistió en señalar que el proyecto de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil por Servicios de salud, que se encuentra en el Congreso, debe ser encarpetado ya que el también llamado Soat médico sólo encarecerá los servicios de salud y enfrentará a los pacientes con los médicos.
Mejoras laborales
De otro lado, mencionó que “es el momento de mejorar las condiciones precarias en las que trabajamos, a fin de optimizar la atención de los pacientes. También se debería evaluar la necesidad de construir un sistema de salud distinto”.
Sobre un fondo de contingencia para el sector privado, el presidente de la FMP indicó que los establecimientos particulares también pueden establecer un fondo especial y que los galenos podrían a su vez adquirir un seguro sin que ello sea un requisito para ejercer en el sector privado.

Comercio: Cerrar puertas a transgénicos por la salud y el ambiente

Cerrar puertas a transgénicos por la salud y el ambiente

Domingo 14 de Febrero del 2010

La inacción del Gobierno en el tema de los transgénicos es apabullante. No hace ni deja hacer. La sociedad civil, cada vez más organizada y sensible en torno al tema, exige que se prohíba el ingreso al país de estos alimentos genéticamente modificados o que, al menos, los productos que los contengan sean etiquetados para distinguirlos. Así los consumidores estarían adecuadamente informados, lo cual es su derecho. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en reglamentar la Ley 27104 o de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, que no ha tenido el amplio debate que el tema ameritaba.
Lo cierto es que los alimentos modificados han ingresado al Perú. Forman parte de la dieta de los peruanos, aunque la mayoría no sepa lo que está consumiendo, pues el Congreso no debate el proyecto de ley 2601 para etiquetar esos productos. Datos de especialistas agrarios indican, además, que semillas de maíz modificado ya se están usando en el norte chico.
El Gobierno no sabe no opina, aunque lo peor sería que entre gallos y medianoche apruebe una norma que oficialice el libre consumo de estas sustancias e instaure en el país una nueva amenaza para la salud de los consumidores, el ambiente y la biodiversidad.
Países europeos (Francia, Grecia, Austria, Hungría, Luxemburgo y Alemania) han prohibido como medida de precaución el cultivo del maíz Mon 810 de la transnacional Monsanto. Estas naciones valoran las investigaciones sobre cultivos de maíz y soya transgénicos, comercializadas en Estados Unidos desde hace 13 años, y que revelan cómo no han elevado el rendimiento de la producción.
En cambio, en América Latina, continente rico en recursos naturales, no hay grandes avances para cerrar las puertas a esos productos. El año pasado Greenpeace denunció al presidente mexicano, Felipe Calderón, por permitir la siembra experimental de maíz transgénico e infringir la legislación ambiental de ese país. Al parecer, la presión pública habría generado un cambio en las políticas de salud para hacer frente a problemas vinculados, como la obesidad, alergias, entre otros. Greenpeace también señala que al menos 60% de los productos de soya comercializados mundialmente (margarinas, aceites y leche) son elaborados con soya transgénica.
En nuestro país, en tanto, preocupa que el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, niegue que se está investigando la presencia de cultivos ilegales de alimentos no orgánicos en el país, pese a que el año pasado el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) precisó todo lo contrario. Incluso ese organismo anunció que había tomado muestras de maíz amarillo duro en Barranca para evaluar si eran modificadas. Finalmente se halló que 14 de un total de 42 eran transgénicos. Correspondía que el ministro diera a conocer estos resultados con total transparencia, pero ha preferido negar de manera rotunda incluso la realización misma de esos estudios, lo cual evidentemente genera escepticismo sobre lo que se puede estar ocultando.
También ha olvidado que existe un grupo técnico sobre biodiversidad biológica y que algunos de sus miembros han informado a nuestro Diario que solicitarán la participación con voz y voto del Ministerio del Ambiente. Como se sabe, este portafolio está en contra de los transgénicos. Debe considerarse además que autoridades, como el Gobierno Regional de Huánuco, exigen que su territorio quede libre de transgénicos.
Desde El Comercio sostenemos que la única política posible que el país puede y debe adoptar es rechazar frontalmente el consumo y cultivo de alimentos que son incompatibles con el banco de recursos genéticos nativos que posee el Perú. El Perú como territorio libre de transgénicos poseería una ventaja comparativa en el creciente mercado de los cultivos orgánicos y daría garantías para la seguridad alimentaria y la salud pública.

Por: Noam Chomsky Lingüista : La absorción corporativa de la democracia estadounidense

EL PODER MÁS ALLÁ DE OBAMA



14 Febrero 2010


El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos, y su declinación.
Ese día, la Suprema Corte de EE.UU. dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las corporaciones aporten gastos políticos en elecciones —una decisión que afecta profundamente la política gubernamental, tanto interna como internacionalmente—.
La decisión constituye un heraldo de incluso mayores conquistas corporativas sobre el sistema político de EE.UU.
Para los editores de “The New York Times”, el fallo “golpea el corazón mismo de la democracia” al haber “facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para abrumar las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados”.
La corte estuvo dividida, 5-4, con los cuatro jueces reaccionarios (engañosamente llamados “conservadores”) acompañados por el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente John G. Roberts Jr. eligió un caso que fácilmente pudo haber decidido sobre bases estrechas y maniobró a la corte para que fuera usado con el fin de hacer aprobar un dictamen de grandes alcances que revierte un siglo de precedentes de restricción de contribuciones corporativas a las campañas federales.
Ahora los gerentes corporativos pueden, de hecho, comprar comicios directamente, evitando medios indirectos más complejos. Es bien sabido que las contribuciones corporativas, en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones, para así dirigir la política. La corte acaba de entregar mucho más poder al pequeño sector de la población que domina la economía.
La “Teoría de inversiones de política” del economista político Thomas Ferguson es un pronosticador exitoso de la política gubernamental durante un largo período. La teoría interpreta las elecciones como ocasiones en las que segmentos del poder del sector privado se unen para invertir en el control del Estado.
La decisión del 21 de enero solo refuerza los medios para socavar la democracia funcional.

El trasfondo es revelador. En su disensión, el juez John Paul Stevens admitió que “desde hace tiempo hemos sostenido que las corporaciones están amparadas por la Primera Enmienda” —la garantía constitucional de libertad de expresión, que incluye el apoyo a los candidatos políticos—.

A principios del siglo 20, los teóricos legales y las cortes implementaron el fallo de la corte en 1886 de que las corporaciones —esas “entidades colectivistas legales”— tienen los mismos derechos que las personas de carne y hueso.
Este ataque contra el liberalismo clásico fue rotundamente condenado por la raza en extinción de los conservadores. Christopher G. Tiedeman describió el principio como “una amenaza a la libertad del individuo, y a la estabilidad de los estados americanos como gobiernos populares”.
Morton Horwitz escribe en su historia legal estándar que el concepto de personalidad corporativa evolucionó a la par que el desplazamiento del poder de los accionistas hacia los gerentes, y finalmente a la doctrina de que “los poderes de la mesa directiva… Son idénticos a los poderes de la corporación”.
En años posteriores los derechos corporativos se expandieron mucho más allá que los de las personas, particularmente mediante los mal llamados “acuerdos de libre comercio”. Bajo esos acuerdos, por ejemplo, si General Motors establece una planta en México, puede exigir ser tratada igual que una empresa mexicana (“trato nacional”) —a diferencia de que un mexicano de carne y hueso pudiera buscar “trato nacional” en Nueva York, o incluso los derechos humanos mínimos.

Hace un siglo, Woodrow Wilson, en ese entonces un académico, describió un Estados Unidos en el que “grupos comparativamente pequeños de hombres”, gerentes corporativos. “ejerzan un poder y control sobre la riqueza y las operaciones de negocios del país”, convirtiéndose en “rivales del propio Gobierno”.
En realidad, esos “grupos pequeños” se han convertido cada vez más en los amos del Gobierno. La corte Roberts les da una dimensión aún mayor.
El fallo de 21 de enero llegó tres días después de otra victoria para la riqueza y el poder: la elección del candidato republicano Scott Brown para reemplazar al finado senador Edward M. Kennedy, el “león liberal” de Massachusetts. La elección de Brown fue presentada como una “reacción populista” contra los elitistas liberales que manejan el Gobierno.
Los datos de la votación revelan una historia diferente.
Una asistencia alta de votantes de los suburbios afluentes y baja en las áreas urbanas demócratas contribuyeron a elegir a Brown. “Un 55% de los votantes republicanos dijeron estar “muy interesados” en la elección, informó la encuesta Wall Street Journal/NBC, “en comparación con 38% de los demócratas”.
De forma que los resultados fueron realmente una revuelta contra las políticas del presidente Obama: para los ricos, no estaba haciendo lo suficiente para enriquecerlos aún más, en tanto que para los sectores pobres, estaba haciendo demasiado para lograr ese fin.
La ira popular es perfectamente comprensible, dado que los bancos están prosperando, gracias a los rescates, mientras el desempleo se ha elevado a 10%.
En la manufactura, uno de cada seis está sin trabajo: un desempleo en el nivel de la Gran Depresión. Con la financialización creciente de la economía y el desplome en la industria productiva, las perspectivas de recuperar los tipos de empleo que se perdieron son deprimentes.

Brown se presentó como el voto 41 contra el programa de salud pública —esto es, el voto que podría socavar el dominio de la mayoría en el Senado de EE.UU.
Es cierto que el programa de atención médica de Obama fue un factor en la elección de Massachusetts. Los titulares están en lo correcto cuando informan que el público se está volviendo contra el programa.
Las cifras de la encuesta explican por qué: la iniciativa de ley no llega lo suficientemente lejos. La encuesta Wall St. Journal/NBC reveló que la mayoría de los votantes desaprueba el manejo del sistema de salud tanto de los republicanos como de Obama.
Estas cifras se alinean con encuestas nacionales recientes. La opción pública fue favorecida por 56% de los encuestados, y la compra de Medicare a los 55 años de edad por 64%; ambos programas fueron abandonados.
Un 85% cree que el Gobierno debería tener el derecho de negociar los precios de los medicamentos, como en otros países; Obama garantizó a las grandes industrias farmacéuticas que no elegirá esa opción.
Grandes mayorías favorecen el recorte de costos, lo que tiene sentido: los costos per cápita en EE.UU. por atención médica son aproximadamente el doble que en otros países industrializados, y los resultados en términos de salud están en el extremo inferior.
Pero el recorte de costos no puede ser emprendido seriamente cuando se trata con gran generosidad a las corporaciones farmacéuticas, y el sistema de salud está en las manos de aseguradores privados prácticamente no regulados —un sistema costoso peculiar de Estados Unidos—.
El fallo del 21 de enero eleva importantes barreras nuevas a la superación de la grave crisis del cuidado de la salud, o a la solución de asuntos tan críticos como las inminentes crisis ambiental y energética. La brecha entre la opinión pública y la política pública es cada vez mayor. Y el daño a la democracia estadounidense no puede ser exagerado.

Por Luis Jaime Cisneros: Los tránsfugas

Dom, 14/02/2010 - 19:43

Qué pena me ha dado tanto dato sobre el numeroso grupo de ciudadanos que han cambiado su inscripción partidaria, para poder ser candidatos en las filas de otra agrupación. Y no me han apenado menos los comentarios de alguna prensa. Triste noticia sobre nuestra vida política y sobre nuestra vida democrática. Mucho (y desagradable) nos ofrece la noticia sobre la pobre educación cívica que la escuela puede ofrecernos. Ya era desagradable reconocer que somos un país más de caudillos que de ideas. En algunos casos, desaparecido el caudillo, se acabó el fervor, se acabó el entusiasmo, se derritió la fe. La cosa es grave, porque si somos capaces de vivir sin ideas, sin fe en los valores determinados, es difícil que podamos proponernos reflexionar sobre el futuro gobierno del país.
Las candidaturas surgen y se esfuman por arte de birlibirloque. Y ciertamente, ha llegado la hora de reflexionar. Si en estos temas relacionados con las elecciones no ponemos inteligencia y reflexión, seremos responsables. La indiferencia cívica es peor que el terrorismo. Los partidos políticos realmente organizados no llegan a cuatro en el país: tienen larga vida y los respalda trabajo parlamentario y trabajo de gobierno. Lo demás es fanfarria. Lo único cierto que tenemos, cada vez que hay elecciones, son candidatos. No todos parecen asignar al acontecimiento la seriedad de que está revestido.
La escuela debe prevenir a los muchachos. Buen número de ellos inauguran pronto su vida cívica y están a merced de la farándula, privados de entrenamiento, ajenos a las promesas seductoras de tanto inspirado orador. Bien entrenados estarían estos muchachos si la escuela hubiera aclarado con ellos, en sesiones de educación cívica, cómo es necesario haber concluido los estudios secundarios y haber adquirido entrenamiento en algún tipo de servicio comunitario, o en alguna profesión, para poder aspirar a una curul en el parlamento. El recién egresado de la Secundaria debe saber estas cosas para elegir con responsabilidad, y para de ese modo premiar méritos y valores.
El voto es necesariamente fruto de reflexión y análisis. Todo aquello de que hemos sido testigos estos últimos 20 años no debe volver a ocurrir. De nosotros depende. Nuestra es la responsabilidad. Nuestro es el compromiso.
En verdad, la escuela no ha hecho mucho por la educación cívica de los estudiantes. Nuestro mapa político denuncia cómo funciona nuestro sistema educativo. En la escuela deberíamos aprender cómo aprender a no dejarnos gobernar de cualquier manera y a defender nuestros principios cívicos. Pero a cumplir con esos deberes debe también empeñar la escuela todo su esfuerzo. Tengo muy grabadas las palabras con que Eugenio María de Hostos arengó a los portorriqueños, en una famosa jornada cívica: “Dadme la verdad, y os doy el mundo. Vosotros, sin la verdad, destruiréis el mundo. Y yo con la verdad, con sólo la verdad, reconstruiré el mundo tantas veces cuanto lo hayáis vosotros destruido”.
Las repetíamos con entusiasmo cuando aprendimos que lo que debemos aprender a defender en las urnas es la verdad. Verdad en los contenidos. Nos recordaron en el aula el nombre de todos los que habían trabajado para asegurar a su patria justicia, trabajo y libertad. Nunca oímos en la escuela, a propósito de estos temas políticos, la palabra corrupción. Nunca, que se pudiera ‘mentir’ o ‘traicionar’. Entonces, todo lo referido a la política parecía sinónimo de ‘honradez’. Si nos atenemos a las noticias periodísticas, de este como del Viejo Mundo, las cosas han cambiado. Dos maneras hay en que se nos hacen visibles. O hay muchas agrupaciones políticas, y por tanto, muchos aspirantes. O hay que reforzar los viejos principios para defender viejos valores. Pero insisto: a la escuela corresponde rescatar a la democracia de esta confusión, revivir los valores fundamentales y devolvernos la fe en el porvenir, que es la fe en el trabajo que realizan los partidos políticos, como garantía de una vida democrática. Todavía en América somos caudillistas. Eso quiere decir falta de fe en las ideas y exagerado interés por el poder. Debemos aprender a preocuparnos por el gobierno, y no por el poder. Nos lo enseñaron los griegos.

Félix Jiménez : La defensa del modelo neoliberal de Ricardo Lago

Por Félix JiménezEconomista Ph. D.Profesor Principal de la PUCP

No hay piedra de toque para el juicio como aplicarnos a nosotros mismos la ley que a los demás queremos imponer. –J. S. Mill
Ricardo Lago ha publicado un artículo en el diario Correo del 07/02/2010, en el que intenta rebatir las críticas que le hago a su defensa del neoliberalismo en mi artículo “Acerca del debate sobre el modelo neoliberal”. Desafortunadamente, como veremos enseguida, Lago responde con prejuicios y agravios.
Sobre el modelo primario exportador
Dice que afirmo que él “defiende el modelo estractivista (sic), desindustrializador, que no genera empleo sostenible y que afecta al medio ambiente, aunque se cuida de no declararlo explícitamente”. Pero, lo que yo dije es que “Lago defiende para el Perú el modelo primario exportador, extractivista, desindustrilizador, que no genera empleo sostenible y que afecta al medio ambiente, aunque se cuida de no declararlo explícitamente”. El buen lector notará que no digo que él defiende sus secuelas, sino que él defiende el modelo primario exportador. Que él no crea que esas sean sus secuelas, es otra cosa. Ahora bien, ¿por qué digo que él defiende el modelo primario exportador? Porque él defiende la especialización asociada al libre comercio y en Perú el modelo primario exportador es su resultado. La defensa de la especialización asociada al libre comercio está en su artículo donde, refiriéndose a los efectos del NAFTA en México, dice: “Claro que suben la importaciones... y las exportaciones, de eso se trata, de especializarse en lo que uno es más eficiente”. Si Lago cree que el modelo primario exportador no existe en el Perú, que lo demuestre.
Lago es un cultor del libre comercio bajo ventajas comparativas y se proclama por eso defensor de los consumidores, de la soberanía del consumidor. Según esta teoría de las ventajas comparativas, los países comercian porque son diferentes entre sí, es decir, porque tienen distintas especializaciones y que, por lo tanto, pueden beneficiarse del comercio si cada uno produce y vende lo que sabe hacer relativamente mejor. “De eso se trata”, dice Lago. Sin embargo, con un poco de análisis no es difícil comprender que el libre comercio basado en el patrón de especialización, en economías en proceso de crecimiento, generaría más pérdidas que beneficios si al abrir el comercio la especialización existente no es la óptima. Además, según la literatura de los años setenta y ochenta, el libre comercio, en ciertas condiciones, puede no ser la mejor opción y resultar incluso una opción inferior a la autarquía (Parrinello, Levy, Krugman, Ros).
Secuelas del modelo primario exportador o modelo del “óbolo minero”
Con el modelo primario exportador, basado en la especialización, las inversiones efectuadas en las dos últimas décadas no han modificado los bajos niveles de productividad que se registran desde fines de los años ochenta y tampoco han servido para superar el largo estancamiento de la relación capital/trabajo, importante indicador de modernización. En todo el período neoliberal no hemos tenido proceso alguno de modernización ni de cambio técnico que impacte al conjunto de la economía. Y esto tiene que ver también con el notable deterioro de la educación en todos sus niveles, pues se redujo el gasto del Estado afectando la calidad de todos sus servicios. De otro lado, en esta economía del “óbolo minero”, el 71.7% de la PEA de 14.7 millones, trabajan en actividades de servicios y el 77% en empresas de 1 a 10 trabajadores donde el ingreso promedio mensual es 600 soles. Las actividades de servicios, de bajísima productividad, generan el 61% del PBI. Estas son sus secuelas. Por eso digo que la defensa de Lago del libre mercado es deleznable, es decir, inconsistente y frágil.
Los infundios de Lago
Refiriéndose a mi propuesta de planes quinquenales de infraestructura, Lago dice que estos son “Técnicas matemáticas que utilizaban profusamente los burócratas del Gosplan… para sellar con el imprimatur de científicos como Pontryagin, Leontief y Kantorovich… sus ‘planes quinquenales’ de inversión y producción. Planes que suplantaban la soberanía del consumidor y decidían por nosotros sobre nuestras vidas». Este párrafo, de intenciones sibilinas, sugiere que yo adhiero a la ideología del Gosplan. Lago lee lo que él imagina e imagina de acuerdo con sus odios ideológicos. Si este no fuera el caso, él entendería que en el tema de infraestructura y en otros, el Perú merece un gobierno contrario a la improvisación para involucrar al sector privado, con planes y proyectos de plazos definidos, en la tarea de conectar la economía con la demografía y la geografía, y de ordenar el territorio económica y ecológicamente.
Finalmente, refiriéndose a Howard Fast, autor del epígrafe que encabeza mi artículo (“Se hace duro pensar cuando el mundo entero tiene miedo del pensamiento o la verdad”), Lago dice: este “autor de la extraordinaria novela Espartaco… fue militante del partido comunista de los EEUU y merecedor en 1953 del Premio Stalin de la Paz en la peor época de la URSS. ¡Vaya menudo inspirador, un stalinista!» Lago intenta invalidar mis argumentos creando sospecha. Si esto no es verdad, entonces es un ignorante de la obra de Fast, es decir, Lago desconoce la obra de Howard Fast. Fast no solo escribió Espartaco, sino muchas otras obras como La Pasión de Saco y Vanzetti, Moisés: Príncipe de Egipto y El Dios Desnudo. Esta última, publicada en 1957, es una crítica al totalitarismo de Stalin y un canto a la libertad. En esta obra, Fast dice «El mañana pertenece a aquellos que rompen las paredes de la prisión que encierra la mente humana, no a aquellos que sostienen esas paredes». Me pregunto si Lago sabrá de cuál de las obras de Fast saqué la cita que encabeza mi artículo

Por Federico Salazar : El Gobierno comete traición

El gobierno contempla otorgar un bono de hasta mil soles a miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Los ministerios de Defensa e Interior tendrán que rehacer sus presupuestos. El bono será por única vez.
¿Qué dirá ahora la ministra Nidia Vílchez? Ella había calificado de “traidor” al vicepresidente Luis Giampietri por estar a favor del bono. Después pidió disculpas, pero en el camino reveló el nivel de tolerancia del gobierno.
No fue la única. El canciller, José García Belaunde, calificó al primer vicepresidente de la República de “vicepresidente de la oposición”. Eso no es un insulto, pero políticamente equivale a una condena al ostracismo.
Tales excesos sólo se explican por la fuente común. Hay un temperamento, que debe ser muy fuerte, del que surge la condena. “Si defiendes el bono, eres de la oposición”. “No eres de los nuestros”, “eres enemigo, traidor”, podrían ser expresiones de ese pensamiento.
Ningún ministro pidió en su momento aligerar el tono usado contra Giampietri. Sólo hubo expresiones de alivio luego de las disculpas de la ministra Vílchez.
Mientras tanto, surgieron informaciones que daban cuenta de una posible huelga policial en abril. El gobierno, al parecer, decidió revisar sus planes, rascar la olla, mirar al fondo de la billetera. En otras palabras, decidió prestarle atención al tema.
Ahora, el gobierno hace un anuncio que, si recordamos al canciller, debería ser calificado como “digno de la oposición”. Si hubiera sido la intención inicial, ni el canciller ni la ministra de la Mujer se habrían atrevido a lanzar sendos anatemas.
El caso revela, una vez más, el nivel de improvisación del gobierno. El bono no estaba en los planes. Sólo aparece en ellos luego de la amenaza de huelga.
El caso revela, también, la debilidad del gobierno. El gobierno es capaz de cambiar de planes con tal de lograr ciertos niveles mínimos de aprobación.
El orden y el planeamiento no son virtudes del gobierno. El presidente del Congreso puede aumentar el sueldo de sus secretarias a más de siete mil soles, pero es una traición postular un bono para los policías y militares.
Debilidad, improvisación e intolerancia no son las mejores virtudes para administrar los recursos públicos. Basta con reconocer el derecho al reclamo para recuperar humildad.
Sin humildad no habrá corrección. Ese déficit, sin embargo, parece más difícil de revertir que el de las cuentas fiscales. Tenemos un año y un poco más para saber si, finalmente, este gobierno algo aprendió. Aunque se convierta en “traidor”.