Domingo 14 de Febrero del 2010
La inacción del Gobierno en el tema de los transgénicos es apabullante. No hace ni deja hacer. La sociedad civil, cada vez más organizada y sensible en torno al tema, exige que se prohíba el ingreso al país de estos alimentos genéticamente modificados o que, al menos, los productos que los contengan sean etiquetados para distinguirlos. Así los consumidores estarían adecuadamente informados, lo cual es su derecho. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en reglamentar la Ley 27104 o de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, que no ha tenido el amplio debate que el tema ameritaba.
Lo cierto es que los alimentos modificados han ingresado al Perú. Forman parte de la dieta de los peruanos, aunque la mayoría no sepa lo que está consumiendo, pues el Congreso no debate el proyecto de ley 2601 para etiquetar esos productos. Datos de especialistas agrarios indican, además, que semillas de maíz modificado ya se están usando en el norte chico.
El Gobierno no sabe no opina, aunque lo peor sería que entre gallos y medianoche apruebe una norma que oficialice el libre consumo de estas sustancias e instaure en el país una nueva amenaza para la salud de los consumidores, el ambiente y la biodiversidad.
Países europeos (Francia, Grecia, Austria, Hungría, Luxemburgo y Alemania) han prohibido como medida de precaución el cultivo del maíz Mon 810 de la transnacional Monsanto. Estas naciones valoran las investigaciones sobre cultivos de maíz y soya transgénicos, comercializadas en Estados Unidos desde hace 13 años, y que revelan cómo no han elevado el rendimiento de la producción.
En cambio, en América Latina, continente rico en recursos naturales, no hay grandes avances para cerrar las puertas a esos productos. El año pasado Greenpeace denunció al presidente mexicano, Felipe Calderón, por permitir la siembra experimental de maíz transgénico e infringir la legislación ambiental de ese país. Al parecer, la presión pública habría generado un cambio en las políticas de salud para hacer frente a problemas vinculados, como la obesidad, alergias, entre otros. Greenpeace también señala que al menos 60% de los productos de soya comercializados mundialmente (margarinas, aceites y leche) son elaborados con soya transgénica.
En nuestro país, en tanto, preocupa que el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, niegue que se está investigando la presencia de cultivos ilegales de alimentos no orgánicos en el país, pese a que el año pasado el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) precisó todo lo contrario. Incluso ese organismo anunció que había tomado muestras de maíz amarillo duro en Barranca para evaluar si eran modificadas. Finalmente se halló que 14 de un total de 42 eran transgénicos. Correspondía que el ministro diera a conocer estos resultados con total transparencia, pero ha preferido negar de manera rotunda incluso la realización misma de esos estudios, lo cual evidentemente genera escepticismo sobre lo que se puede estar ocultando.
También ha olvidado que existe un grupo técnico sobre biodiversidad biológica y que algunos de sus miembros han informado a nuestro Diario que solicitarán la participación con voz y voto del Ministerio del Ambiente. Como se sabe, este portafolio está en contra de los transgénicos. Debe considerarse además que autoridades, como el Gobierno Regional de Huánuco, exigen que su territorio quede libre de transgénicos.
Desde El Comercio sostenemos que la única política posible que el país puede y debe adoptar es rechazar frontalmente el consumo y cultivo de alimentos que son incompatibles con el banco de recursos genéticos nativos que posee el Perú. El Perú como territorio libre de transgénicos poseería una ventaja comparativa en el creciente mercado de los cultivos orgánicos y daría garantías para la seguridad alimentaria y la salud pública.
Lo cierto es que los alimentos modificados han ingresado al Perú. Forman parte de la dieta de los peruanos, aunque la mayoría no sepa lo que está consumiendo, pues el Congreso no debate el proyecto de ley 2601 para etiquetar esos productos. Datos de especialistas agrarios indican, además, que semillas de maíz modificado ya se están usando en el norte chico.
El Gobierno no sabe no opina, aunque lo peor sería que entre gallos y medianoche apruebe una norma que oficialice el libre consumo de estas sustancias e instaure en el país una nueva amenaza para la salud de los consumidores, el ambiente y la biodiversidad.
Países europeos (Francia, Grecia, Austria, Hungría, Luxemburgo y Alemania) han prohibido como medida de precaución el cultivo del maíz Mon 810 de la transnacional Monsanto. Estas naciones valoran las investigaciones sobre cultivos de maíz y soya transgénicos, comercializadas en Estados Unidos desde hace 13 años, y que revelan cómo no han elevado el rendimiento de la producción.
En cambio, en América Latina, continente rico en recursos naturales, no hay grandes avances para cerrar las puertas a esos productos. El año pasado Greenpeace denunció al presidente mexicano, Felipe Calderón, por permitir la siembra experimental de maíz transgénico e infringir la legislación ambiental de ese país. Al parecer, la presión pública habría generado un cambio en las políticas de salud para hacer frente a problemas vinculados, como la obesidad, alergias, entre otros. Greenpeace también señala que al menos 60% de los productos de soya comercializados mundialmente (margarinas, aceites y leche) son elaborados con soya transgénica.
En nuestro país, en tanto, preocupa que el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, niegue que se está investigando la presencia de cultivos ilegales de alimentos no orgánicos en el país, pese a que el año pasado el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) precisó todo lo contrario. Incluso ese organismo anunció que había tomado muestras de maíz amarillo duro en Barranca para evaluar si eran modificadas. Finalmente se halló que 14 de un total de 42 eran transgénicos. Correspondía que el ministro diera a conocer estos resultados con total transparencia, pero ha preferido negar de manera rotunda incluso la realización misma de esos estudios, lo cual evidentemente genera escepticismo sobre lo que se puede estar ocultando.
También ha olvidado que existe un grupo técnico sobre biodiversidad biológica y que algunos de sus miembros han informado a nuestro Diario que solicitarán la participación con voz y voto del Ministerio del Ambiente. Como se sabe, este portafolio está en contra de los transgénicos. Debe considerarse además que autoridades, como el Gobierno Regional de Huánuco, exigen que su territorio quede libre de transgénicos.
Desde El Comercio sostenemos que la única política posible que el país puede y debe adoptar es rechazar frontalmente el consumo y cultivo de alimentos que son incompatibles con el banco de recursos genéticos nativos que posee el Perú. El Perú como territorio libre de transgénicos poseería una ventaja comparativa en el creciente mercado de los cultivos orgánicos y daría garantías para la seguridad alimentaria y la salud pública.
