EL PODER MÁS ALLÁ DE OBAMA
14 Febrero 2010
El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos, y su declinación.
Ese día, la Suprema Corte de EE.UU. dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las corporaciones aporten gastos políticos en elecciones —una decisión que afecta profundamente la política gubernamental, tanto interna como internacionalmente—.
La decisión constituye un heraldo de incluso mayores conquistas corporativas sobre el sistema político de EE.UU.
Para los editores de “The New York Times”, el fallo “golpea el corazón mismo de la democracia” al haber “facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para abrumar las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados”.
La corte estuvo dividida, 5-4, con los cuatro jueces reaccionarios (engañosamente llamados “conservadores”) acompañados por el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente John G. Roberts Jr. eligió un caso que fácilmente pudo haber decidido sobre bases estrechas y maniobró a la corte para que fuera usado con el fin de hacer aprobar un dictamen de grandes alcances que revierte un siglo de precedentes de restricción de contribuciones corporativas a las campañas federales.
Ahora los gerentes corporativos pueden, de hecho, comprar comicios directamente, evitando medios indirectos más complejos. Es bien sabido que las contribuciones corporativas, en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones, para así dirigir la política. La corte acaba de entregar mucho más poder al pequeño sector de la población que domina la economía.
La “Teoría de inversiones de política” del economista político Thomas Ferguson es un pronosticador exitoso de la política gubernamental durante un largo período. La teoría interpreta las elecciones como ocasiones en las que segmentos del poder del sector privado se unen para invertir en el control del Estado.
La decisión del 21 de enero solo refuerza los medios para socavar la democracia funcional.
El trasfondo es revelador. En su disensión, el juez John Paul Stevens admitió que “desde hace tiempo hemos sostenido que las corporaciones están amparadas por la Primera Enmienda” —la garantía constitucional de libertad de expresión, que incluye el apoyo a los candidatos políticos—.
A principios del siglo 20, los teóricos legales y las cortes implementaron el fallo de la corte en 1886 de que las corporaciones —esas “entidades colectivistas legales”— tienen los mismos derechos que las personas de carne y hueso.
Este ataque contra el liberalismo clásico fue rotundamente condenado por la raza en extinción de los conservadores. Christopher G. Tiedeman describió el principio como “una amenaza a la libertad del individuo, y a la estabilidad de los estados americanos como gobiernos populares”.
Morton Horwitz escribe en su historia legal estándar que el concepto de personalidad corporativa evolucionó a la par que el desplazamiento del poder de los accionistas hacia los gerentes, y finalmente a la doctrina de que “los poderes de la mesa directiva… Son idénticos a los poderes de la corporación”.
En años posteriores los derechos corporativos se expandieron mucho más allá que los de las personas, particularmente mediante los mal llamados “acuerdos de libre comercio”. Bajo esos acuerdos, por ejemplo, si General Motors establece una planta en México, puede exigir ser tratada igual que una empresa mexicana (“trato nacional”) —a diferencia de que un mexicano de carne y hueso pudiera buscar “trato nacional” en Nueva York, o incluso los derechos humanos mínimos.
En años posteriores los derechos corporativos se expandieron mucho más allá que los de las personas, particularmente mediante los mal llamados “acuerdos de libre comercio”. Bajo esos acuerdos, por ejemplo, si General Motors establece una planta en México, puede exigir ser tratada igual que una empresa mexicana (“trato nacional”) —a diferencia de que un mexicano de carne y hueso pudiera buscar “trato nacional” en Nueva York, o incluso los derechos humanos mínimos.
Hace un siglo, Woodrow Wilson, en ese entonces un académico, describió un Estados Unidos en el que “grupos comparativamente pequeños de hombres”, gerentes corporativos. “ejerzan un poder y control sobre la riqueza y las operaciones de negocios del país”, convirtiéndose en “rivales del propio Gobierno”.
En realidad, esos “grupos pequeños” se han convertido cada vez más en los amos del Gobierno. La corte Roberts les da una dimensión aún mayor.
El fallo de 21 de enero llegó tres días después de otra victoria para la riqueza y el poder: la elección del candidato republicano Scott Brown para reemplazar al finado senador Edward M. Kennedy, el “león liberal” de Massachusetts. La elección de Brown fue presentada como una “reacción populista” contra los elitistas liberales que manejan el Gobierno.
Los datos de la votación revelan una historia diferente.
Una asistencia alta de votantes de los suburbios afluentes y baja en las áreas urbanas demócratas contribuyeron a elegir a Brown. “Un 55% de los votantes republicanos dijeron estar “muy interesados” en la elección, informó la encuesta Wall Street Journal/NBC, “en comparación con 38% de los demócratas”.
De forma que los resultados fueron realmente una revuelta contra las políticas del presidente Obama: para los ricos, no estaba haciendo lo suficiente para enriquecerlos aún más, en tanto que para los sectores pobres, estaba haciendo demasiado para lograr ese fin.
La ira popular es perfectamente comprensible, dado que los bancos están prosperando, gracias a los rescates, mientras el desempleo se ha elevado a 10%.
En la manufactura, uno de cada seis está sin trabajo: un desempleo en el nivel de la Gran Depresión. Con la financialización creciente de la economía y el desplome en la industria productiva, las perspectivas de recuperar los tipos de empleo que se perdieron son deprimentes.
En la manufactura, uno de cada seis está sin trabajo: un desempleo en el nivel de la Gran Depresión. Con la financialización creciente de la economía y el desplome en la industria productiva, las perspectivas de recuperar los tipos de empleo que se perdieron son deprimentes.
Brown se presentó como el voto 41 contra el programa de salud pública —esto es, el voto que podría socavar el dominio de la mayoría en el Senado de EE.UU.
Es cierto que el programa de atención médica de Obama fue un factor en la elección de Massachusetts. Los titulares están en lo correcto cuando informan que el público se está volviendo contra el programa.
Las cifras de la encuesta explican por qué: la iniciativa de ley no llega lo suficientemente lejos. La encuesta Wall St. Journal/NBC reveló que la mayoría de los votantes desaprueba el manejo del sistema de salud tanto de los republicanos como de Obama.
Estas cifras se alinean con encuestas nacionales recientes. La opción pública fue favorecida por 56% de los encuestados, y la compra de Medicare a los 55 años de edad por 64%; ambos programas fueron abandonados.
Un 85% cree que el Gobierno debería tener el derecho de negociar los precios de los medicamentos, como en otros países; Obama garantizó a las grandes industrias farmacéuticas que no elegirá esa opción.
Grandes mayorías favorecen el recorte de costos, lo que tiene sentido: los costos per cápita en EE.UU. por atención médica son aproximadamente el doble que en otros países industrializados, y los resultados en términos de salud están en el extremo inferior.
Pero el recorte de costos no puede ser emprendido seriamente cuando se trata con gran generosidad a las corporaciones farmacéuticas, y el sistema de salud está en las manos de aseguradores privados prácticamente no regulados —un sistema costoso peculiar de Estados Unidos—.
El fallo del 21 de enero eleva importantes barreras nuevas a la superación de la grave crisis del cuidado de la salud, o a la solución de asuntos tan críticos como las inminentes crisis ambiental y energética. La brecha entre la opinión pública y la política pública es cada vez mayor. Y el daño a la democracia estadounidense no puede ser exagerado.
