El art. 92º de la Constitución determina que la función de congresista es incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado contrato de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos; y, el inciso b) del artículo 19º del Reglamento del Congreso desarrolla, literalmente, la misma incompatibilidad y la letra b) del artículo 23º precisa que los legisladores tienen el deber de cumplir la Carta Política y las leyes del Perú, así como respetar su propio Reglamento.El artículo 4º de la Ley Nº 28044, opiniones de la Defensoría del Pueblo y sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han establecido de manera inequívoca y contundente que la educación es un servicio público; hay un criterio unificado y sólido para su definición.
Nadie puede dudar que la cuestionada Universidad “Alas Peruanas” tiene como actividad principal la educación y si detectamos algún congresista implicado en alguna incompatibilidad ligada a dicho centro de estudios superiores estaría, seriamente, comprometido en una grave infracción constitucional y podría ser inhabilitado hasta diez años en el ejercicio de la función pública.
Los legisladores Edgar Núñez y Wilder Calderón tienen un cordón umbilical con la Universidad “Alas Peruanas”; Aurelio Pastor, ex presidente de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA), apareció compartiendo el directorio de una empresa, con gente cercana al Rector Fidel Ramírez. Ítem más, Mauricio Mulder, secretario general del APRA, y José Vargas, jefe del grupo parlamentario aprista, han efectuado extraños viajes al extranjero, sin ser docentes, ni dictar charlas, conferencias, seminarios, diplomados, ni efectuar labores académicas, en dicho centro de estudios superiores.
Por otro lado, en el Poder Judicial (PJ), la cuestionada Universidad “Alas Peruanas” ha sido mortal para la vida de los vocales supremos titulares, Francisco Távara (ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y ex jefe de la OCMA) y Jorge Solís, integrante del ConsejoEjecutivo del Poder Judicial (CEPJ); ambos, tienen un proceso disciplinario ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y deberían ser destituidos por aceptar una sospechosa invitación a Francia. con todos los gastos pagados por dicho centro de estudiosAhora bien, ellos no serían los únicos jueces supremos, que habrían viajado con esa misma modalidad; Távara arrojó la piedra, dijo no ser “acusete” y prefirió proteger a sus colegas, guardando un silencio cómplice que podría terminar favoreciendo la impunidad.Finalmente, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) inició una pesquisa preliminar contra los jueces o vocales superiores que pudieran o hubieran favorecido a los representantes de la cuestionada Universidad “Alas Peruanas”; lo que falta saber es, si el Ministerio Público ha iniciado alguna indagatoria criminal contra las autoridades universitarias.
