Las lecciones que no se aprendieron en Bagua.
Los trágicos incidentes de Chala –porque toda muerte es una tragedia, ¿no?– vuelven a traslucir la gran dificultad de gestión de un gobierno que, incluso diseñando buenas normas como el DU 012, se tropiezan por su aplicación sin buen sentido de la oportunidad; sin capacidad de diálogo ni de prevención; y, finalmente, si se requiere usar las fuerzas del orden para el indispensable desbloqueo de una carretera –que es, sin duda, un delito–, hacerlo con inteligencia en toda la extensión del significado de esta palabra.
Para empezar, no hay duda de que la ‘minería informal’ –o ‘ilegal’ para ser más precisos– es un gran problema para el país, la ciudadanía, el ambiente por la contaminación que implica, el fisco por los impuestos no pagados, o trabajadores que son sometidos a prácticas laborales infrahumanas.
No hay duda, entonces, de que se requería, con urgencia, una intervención gubernamental. Mi lectura del decreto de urgencia 012 me permite concluir, hasta donde llega mi entendimiento de estos asuntos, que es un avance correcto para enfrentar el problema de la minería informal en Madre de Dios.
El problema acá radica en lo que han hecho notar varias personas sensatas y de pensamiento distinto, como, por ejemplo, Patricia Teullet cuando pregunta si se repetirá la historia (de Bagua) por un estado incompetente que no sabe comunicar, o Carlos Basombrío cuando dice que el restablecimiento del orden no se puede hacer con métodos primitivos e ineficientes.
Para los que andan con actitud de hiena que quiere aprovechar todo conflicto social para que corra sangre con el fin de ‘disciplinar a la indiada’, lo sucedido debe darles satisfacción.
Pero gobernar en el sentido cabal de la palabra implica algo muy diferente que, aunque más complejo, es indispensable y pasa por armonizar varios componentes tales como: a) el ordenamiento de una actividad económica ilegal que viola las normas elementales de respeto al ambiente y a la vida humana –y que, como ha señalado Confiep, estaría vinculada al lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando–; b) el diálogo preventivo para evitar el desmadre de un problema que la Defensoría del Pueblo ya había advertido desde, por lo menos, el año 2007; y, finalmente, c) si deben actuar las fuerzas del orden, porque impedir la circulación de las personas por las carreteras es un delito, lo hagan con pericia, con el equipamiento correcto y con armas que no maten a la gente sino que la disuadan.
Hacer compatible todo eso es, no hay duda, una tarea compleja, y gobernar un país lo es, salvo que, por falta de previsión o pericia, o por sentirse envalentonado por la arenga de las hienas, se gobierne creyendo que una dosis de sangre es indispensable para que la gente entienda bien ‘cómo son las cosas’.
Los trágicos incidentes de Chala –porque toda muerte es una tragedia, ¿no?– vuelven a traslucir la gran dificultad de gestión de un gobierno que, incluso diseñando buenas normas como el DU 012, se tropiezan por su aplicación sin buen sentido de la oportunidad; sin capacidad de diálogo ni de prevención; y, finalmente, si se requiere usar las fuerzas del orden para el indispensable desbloqueo de una carretera –que es, sin duda, un delito–, hacerlo con inteligencia en toda la extensión del significado de esta palabra.
Para empezar, no hay duda de que la ‘minería informal’ –o ‘ilegal’ para ser más precisos– es un gran problema para el país, la ciudadanía, el ambiente por la contaminación que implica, el fisco por los impuestos no pagados, o trabajadores que son sometidos a prácticas laborales infrahumanas.
No hay duda, entonces, de que se requería, con urgencia, una intervención gubernamental. Mi lectura del decreto de urgencia 012 me permite concluir, hasta donde llega mi entendimiento de estos asuntos, que es un avance correcto para enfrentar el problema de la minería informal en Madre de Dios.
El problema acá radica en lo que han hecho notar varias personas sensatas y de pensamiento distinto, como, por ejemplo, Patricia Teullet cuando pregunta si se repetirá la historia (de Bagua) por un estado incompetente que no sabe comunicar, o Carlos Basombrío cuando dice que el restablecimiento del orden no se puede hacer con métodos primitivos e ineficientes.
Para los que andan con actitud de hiena que quiere aprovechar todo conflicto social para que corra sangre con el fin de ‘disciplinar a la indiada’, lo sucedido debe darles satisfacción.
Pero gobernar en el sentido cabal de la palabra implica algo muy diferente que, aunque más complejo, es indispensable y pasa por armonizar varios componentes tales como: a) el ordenamiento de una actividad económica ilegal que viola las normas elementales de respeto al ambiente y a la vida humana –y que, como ha señalado Confiep, estaría vinculada al lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando–; b) el diálogo preventivo para evitar el desmadre de un problema que la Defensoría del Pueblo ya había advertido desde, por lo menos, el año 2007; y, finalmente, c) si deben actuar las fuerzas del orden, porque impedir la circulación de las personas por las carreteras es un delito, lo hagan con pericia, con el equipamiento correcto y con armas que no maten a la gente sino que la disuadan.
Hacer compatible todo eso es, no hay duda, una tarea compleja, y gobernar un país lo es, salvo que, por falta de previsión o pericia, o por sentirse envalentonado por la arenga de las hienas, se gobierne creyendo que una dosis de sangre es indispensable para que la gente entienda bien ‘cómo son las cosas’.
