Falta voluntad política para combatir a la corrupción.
Cada vez que el presidente Alan García enfrenta una crisis por un gran escándalo de corrupción, responde sacando un conejo del sombrero que en realidad es gato encerrado pues solo sirve para distraer a la tribuna pero no para combatir efectivamente a este mal.
Es valioso, sin duda, que el presidente rechace con energía –al menos verbal– la corrupción destapada en varios frentes, al igual que el reconocimiento de que el Apra atraviesa una crisis severa por la corrupción, que diga que la trafa de Cofopri es “asquerosa”, que “hay ratas y miserables dispuestos a aprovecharse”, que tome distancia de dirigentes del partido que –como Jorge del Castillo– hoy tienen un manto de sospecha justificado, o que proclame que “no protejo a ningún compañero (…) si creen que voy a estar tapando, ¡vayan al diablo!”.
Todo eso está muy bien. El problema, sin embargo, surge porque al pasar del dicho al hecho se percibe rápidamente que su furia no se transforma en acciones efectivas y viables.
Por ejemplo, su exigencia de que “el código procesal penal, que permite la solución rápida de los juicios de manera oral, y en algunos meses o días, se aplique a los temas de corrupción”, se enfrenta con la realidad de que la complejidad de estos procesos impide emitir sentencias muy rápidas, lo cual no implica, por supuesto, admitir el empantanamiento de un caso que, en los dieciocho meses posteriores al destape, lo único relevante ha sido la adulteración de las pruebas.
Lo mismo ocurre con su propuesta para modificar la ley de partidos políticos con el fin de que sea causal de disolución de una agrupación política el hecho de encontrar que alguien involucrado con el narcotráfico haya postulado en sus listas.
La iniciativa parece radical y agresiva contra el narcotráfico, pero carece de sentido práctico pues las penas siempre son individuales y no colectivas; porque sería muy fácil disolver un partido simplemente infiltrando en sus filas a un ‘burrier’; o porque aumentarían los incentivos en el partido para encubrir al narco. Habría que agregar que si esa norma ya estuviera vigente, el Apra ya habría sido disuelto pues en el último lustro se han identificado candidatos narcos en sus filas.
El presidente se equivoca –o quiere engatusar a todos– con nuevas iniciativas legales, cuando bastaría cumplir las actuales y, para eso, lo que se requiere es voluntad política real de combatir a la corrupción, algo que este gobierno carece.
Por ejemplo, ¿ya le pidió un informe al Ministerio del Interior sobre por qué ya pasaron 55 días sin que se encuentre al prófugo José Enrique Crousillat? O cree el presidente que también necesita una nueva ley para atraparlo.
