Más del 60 por ciento de la población, que no cuenta con un seguro, continúa en el abandono.
DETALLE
La superintendencia Nacional de Salud regulará y fiscalizará las instituciones que financian el aseguramiento universal y las que prestan los servicios.
Tras la avalancha de denuncias, en las últimas semanas, por parte de la ciudadanía contra las malas prácticas médicas en los establecimientos de salud estatales y privados, quedó a la vista –nuevamente- la crisis en la que se encuentra el sector salud en el país, pero, además se advirtió la carencia de una legislación que acelere los tramites y establezca los criterios para indemnizar a las personas afectadas por una negligencia médica.
Para tapar esta ausencia en la legislación, el ministro de salud Oscar Ugarte anunció que la Superintendencia Nacional de salud –órgano que entrará en funcionamiento dentro de 90 días- podría asumir entre sus funciones la conciliación en casos de demandas de pacientes por malas prácticas médicas, ello con el “fin de evitar juicios innecesario”.
Sin embargo, para el Coordinador Nacional de Forosalud Mario Ríos la iniciativa ministerial discriminaría a más del 60 por ciento de la población, principalmente a las familias más pobres, pues estas personas no cuentan con ningún tipo de seguro de salud.
Dijo que si la Superintendencia Nacional de salud -creado por la ley marco de aseguramiento universal de salud- asume la función para conciliar en casos de negligencia, los beneficiados sólo serán los pacientes que se encuentren asegurados. “Como la norma no es retroactiva la Superintendencia de salud sólo podría conciliar en los casos de negligencia que se dieran posterior a su entrada en funcionamiento, dejando de lado los cientos de personas afectadas desde años atrás por las malas prácticas médicas”, subrayó.
Por su parte, Eva María Ruiz, presidenta de la Red Nacional de Pacientes dijo que la entrada en funcionamiento de Superintendencia Nacional de salud podría servir para regular el tema de las negligencias, pero recalcó que el gobierno antes de buscar “apagar el incendio al último minuto”, debería cumplir con implementar las normativas vigentes, como la Ley de derechos de las personas usuarias de los servicios de salud (Ley 29414).
El titular de Foro salud coincidió con Ruiz y recalcó que la ley 29414 establece criterios y montos que recibirán las personas afectadas por malas praxis y lo más importante, “no margina a ningún ciudadano”.
