El presidente Alan García ha sido exitoso en cumplir un objetivo no declarado de su gobierno: aumentar significativamente la corrupción.
Mucho más exitosa que ProInversión es Pro Corrupción, la invisible institución mimada del gobierno. Prácticamente no hay semana alguna en la que no broten nuevos actos de corrupción que involucren al gobierno.
La comedia del ministro Aurelio Pastor pidiendo el cambio del juez Jorge Barreto, que tiene en sus manos los casos de los petroaudios, ha sido un intento –inútil por cierto– de hacer creer que el gobierno no tiene nada que ver con el entorpecimiento del proceso.
El faenón del encubrimiento
Barreto ha tenido un desempeño desastroso. Durante la investigación impidió que el fiscal y el procurador asistieran a la revisión del computador de Rómulo León.
Quedan justificadas dudas sobre si se han incluido todos los materiales que debieron o si existían documentos y correos que involucraban otros casos de corrupción y a más personajes del gobierno que han sido enterrados.
Eliminó los audios como pruebas y después hizo lo mismo con los informes de Contraloría. Un tribunal superior lo ha obligado a enmendar esa decisión, pero la orientación del magistrado no deja dudas.
Como precisa Friz Du Bois, “es claro que el juez ha venido metódicamente cumpliendo la instrucción que le han dado, asegurándose de que no haya ningún condenado”. (“Muerte anunciada de un caso emblemático”, Perú.21, 13.1.10).
Corrupción exitosa
Desde su primer gobierno, el presidente Alan García y los apristas que lo acompañan han cambiado en algunas cosas, como la orientación de la política económica. En realidad, antes y ahora, se han subido a las corrientes de moda en cada momento.
Pero si García abandonó el populismo es porque resultó un total fracaso y lo llevó a la ruina política.
Lo que fue un éxito completo fue la corrupción. El gobierno 1985-90 fue considerado masivamente, por todos los sectores de la sociedad, como extraordinariamente corrupto. A pesar de lo cual no hubo sanciones penales para nadie, con la excepción de un par de funcionarios del Banco Central que purgaron unos años de cárcel.
Políticamente tampoco hubo castigo alguno. En la siguiente elección que participó García, el 2001, perdió por un estrecho margen, y la siguiente la ganó.
Políticamente tampoco hubo castigo alguno. En la siguiente elección que participó García, el 2001, perdió por un estrecho margen, y la siguiente la ganó.
Si no sufrieron sanciones penales ni políticas, ¿por qué habrían de cambiar? Al contrario, han regresado con nuevos bríos a lo mismo. Con dos grandes ventajas adicionales: hoy día las arcas públicas están repletas y tienen amplia experiencia en la materia.
Controlar las instituciones
Una cosa en la que los apristas –tan ineptos para gobernar– son expertos es establecer un sólido control sobre las instituciones, sobre todo las encargadas de la fiscalización.
Hoy día tienen completamente sometido al Congreso, a la Contraloría, y gozan de una enorme influencia sobre el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura.
De esa manera se aseguran la impunidad ahora, y más adelante, pues muchos de esos magistrados permanecerán por años en la función pública.
Simbolismo
Las sanciones que han recibido los capitostes de la dictadura de la década de 1990, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza y otros, no los impresionan. Y en la medida de lo posible tratan de ayudarlos. Dos casos recientes, el de José Enrique Crousillat y del general (r) Walter Chacón, son ejemplos de lo que está ocurriendo.
No se trata solo de amarres particulares –que probablemente existen–, sino del simbolismo y la señal que pretende dar el gobierno: los corruptos en el Perú son impunes. Y si por algún accidente de la historia fueron presos, aquí tienen un gobierno amigo que los ayuda a salir del hoyo.
Por eso la alianza con el fujimorismo no ha sido a lo largo de este periodo una mera asociación táctica, sino implicaba algo más profundo, la comunidad de intereses de dos grupos políticos que comparten su adicción a la corrupción, contra un peligro inesperado, una política anticorrupción que, de haber tenido continuidad, amenazaba sus intereses fundamentales.
Lo que ocurrió durante el gobierno de Valentín Paniagua y al comienzo del de Alejandro Toledo, que terminó con algo nunca visto en la historia peruana, cárcel para los otrora poderosos cabecillas de un gobierno podrido, no debe repetirse, es la consigna que anima a apristas y fujimoristas. Ese ejemplo debe ser desterrado.
Su odio visceral a los “caviares” no es tanto por razones ideológicas o por temas de derechos humanos –aunque intenten recubrirlo así–, sino porque les atribuyen el mérito de haber creado y sostenido el hoy languideciente sistema anticorrupción.
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