El 20 de diciembre del 2009, durante el desarrollo de las pruebas rendidas por los aspirantes a magistrados supremos, en la Universidad “San Martín de Porres”, sucedió un hecho vergonzoso que afectó seriamente a uno de los postulantes para ser integrante del Poder judicial (PJ), sobre el cual, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) mantienen un total hermetismo y guardan un profundo silencio; sin embargo, hemos sido informados, verbalmente, que existe un acta levantada por la Fiscal de Prevención del Delito, Ana Chuecas, quien estuvo presente en aquella fecha.
Dicho documento, tendría las firmas de los propios consejeros y del candidato.
El postulante afectado rindió sus dos pruebas, al terminar acudió en compañía de un supervisor para imprimirla, ante lo cual, otro funcionario responsable observó que en uno de los exámenes no estaba consignada la hora del inicio, ni del término de la prueba; ante ello, inexplicablemente, decidieron destruir aquel documento (rompieron la prueba) y la arrojaron al tacho de basura, porque no tenía valor.
El candidato volvió a la máquina de trabajo para realizar la enmienda, grabar el texto e imprimirla, pero, no se pudo, por razones técnicas, ajenas a su voluntad; entonces, como se trató de una extraña falla del supervisor, se consultó el tema con los consejeros presentes, llamaron a un técnico en computación, quien no pudo recuperar el material trabajado. Pues bien, para sorpresa del postulante, se decidió, sacar el examen del tacho de basura, unir los restos como si se tratara de un rompecabezas, pegarlos con cinta adhesiva y rearmar el documento para que continúe su trámite.
El candidato se quedó perplejo con la decisión; el código de barras resultaba ineficaz y sería fácil reconocer la prueba parchada e identificar al examinado.
La población no fue informada de este lamentable hecho, pero sí conoció las graves denuncias de los postulantes para fiscales supremos, Avelino Guillén y Tomás Gálvez, quienes pusieron sobre la mesa las serias deficiencias ocurridas en la corrección de los exámenes y algunos probables ilícitos penales que comprometían seriamente al consejero Efraín Anaya, que demostraban debilidades en el desarrollo del concurso; además, se conoció la renuncia del fiscal Pedro Angulo, quien fue separado del concurso.
El proceso de selección se derrumbaba; se especulaban atrocidades legales y barbaridades jurídicas, circulaban los nombres de los probables elegidos, antes de la entrevista. Había un serio cuestionamiento sobre la intervención del consejero Edmundo Peláez, se comentaba, públicamente, la existencia de una incompatibilidad sobreviniente, con la designación de su hermano José Antonio, como fiscal supremo.Finalmente, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anuló el concurso; anteriormente, había comunicado lo sucedido al Poder Legislativo y ministerio Público para que actúen conforme a sus atribuciones legales.
