A catorce meses de las elecciones generales del 2011 ya existen 23 agrupaciones inscritas y siete esperan registro ante el JNE.
Sin embargo, en la política peruana, como sucede en otros ámbitos de la vida, cantidad no es necesariamente calidad, como lo prueba el hecho de que varias de estas agrupaciones ya negocian desvergonzadamente, a vista de todos, cómo prestar esta inscripción, como vientres de alquiler, a candidatos ajenos a su propio partido.
¿Qué significa esto?
Pues que no hemos aprendido nada.
Los dirigentes siguen sin tomar en serio la política y no reparan en el papel trascendental que corresponde a los partidos en el andamiaje democrático e institucional del país.
Es decir, algunos conciben la política como un trampolín para satisfacer vanidades personales, caprichos caudillistas o, peor aun, para servir a grupos de interés, que podrían estar vinculados al narcotráfico.
Todo esto es más preocupante por la escasa fiscalización de los entes electorales, atados de manos pues el Congreso no aprueba los cambios legales para escudriñar el financiamiento y aplicar sanciones duras.
Así, la fiscalización de partidos es una entelequia, que deja las puertas abiertas a cualquier embeleco.
En cuanto a los liderazgos regionales, pues adolecen de la misma patología. A ocho meses de las elecciones regionales y municipales, sin contar la segunda vuelta, ya se vive una crispación electoral, donde el número de candidatos es inversamente proporcional al número de planes de gobierno presentados para resolver los problemas que aquejan a los vecinos, como la inseguridad ciudadana, el transporte y la planificación urbana.
También por su ambición y ansias de poder, dichos líderes continúan anclados a visiones localistas que cierran el paso a las iniciativas para fusionar regiones, lo más adecuado para descentralizar y promover el desarrollo de los pueblos del interior.
No extraña, en esta coyuntura que ya hemos advertido antes, que los partidos, según encuesta de Ipsos Apoyo, estén en el zócalo de la credibilidad ciudadana, con un porcentaje de 13%, muy por debajo del Congreso y del Poder Judicial, lo que es escandaloso.
Es decir, no han salido de sus crisis ni al parecer quieren hacerlo, con poquísimas y honrosas excepciones.
Si, junto a ello, consideramos los resultados de un informe de Ciudadanos al Día (CAD) que indica que el 50% de ciudadanos no sabe qué es democracia, y de un sondeo de la PUCP que señala que el 60% de los limeños se declara insatisfecho con el sistema democrático, pues el panorama se vislumbra sombrío.
¿Qué hacer?
Aún estamos a tiempo de recapacitar, lo que corresponde primeramente a los afiliados de los partidos, que deben exigir el cumplimiento escrupuloso de elecciones internas para elegir candidatos. Paralelamente, tienen que promover debates partidarios para analizar sus posibilidades electorales y, antes de eso, para revisar su doctrina y compromiso con el país.
La alerta está dada. Mientras los partidos no entiendan que son parte fundamental del sistema democrático y que de allí deben salir los candidatos para asumir el gobierno, seguiremos a expensas de la irrupción de “outsiders” y caudillos de última hora, muchos de los cuales conciben la política no como un servicio al país sino solo como una lotería en la que pueden ganar algo
