Dos iniciativas que usted debe apoyar con su firma.
La exclusión de servicios y derechos fundamentales –como educación, salud, seguridad social, empleo o comunicaciones, entre otros– le niega a los peruanos con discapacidad (PCD) la oportunidad de progresar, de ser felices y de contribuir al desarrollo de la sociedad, y constituye, además, una realidad indignante que debe ser cambiada radicalmente, no con eventos lastimeros, sino con políticas públicas efectivas que movilicen los recursos necesarios.
Como esa es la situación de muchos países, la Asamblea de la ONU aprobó, en el año 2008, una convención sobre los derechos de las PCD, ratificada por el Perú, que les reconoce los mismos derechos humanos, sociales, económicos y políticos de cualquier ciudadano: a la vida y la autonomía, la identidad, la educación, la salud, la vivienda, el transporte, las comunicaciones, el deporte, la cultura, la expansión, la accesibilidad, etc.
También prohíbe toda forma de discriminación y obliga a los estados a garantizar y a hacer efectivos estos derechos con políticas concretas y aportando, progresivamente, los recursos financieros que se requieren para ello.
Asimismo, compromete a los estados a desarrollar estudios y generar información que permita identificar la incidencia de la discapacidad en cada país, y a establecer mecanismos de consulta y participación de las personas con discapacidad y de sus organismos en la definición de políticas que los incumba.
El problema, como ocurre casi siempre, es que estas convenciones no pasan de ser declaraciones de buenas intenciones. En el Perú, el 82% de los tres millones de PCD son pobres y excluidos de servicios y derechos básicos; el 94% de las PCD que pertenecen a la PEA están subempleadas o sin trabajo; y dos tercios de los niños con discapacidad no van a la escuela.
Si esta realidad le produce indignación, debe identificar maneras de movilizar al país para cambiarla realmente. Lo que hace falta es que la convención se convierta en realidad en el Perú.
Con dicho fin, el presidente de la Sociedad y Discapacidad, Javier Diez Canseco, y la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú, liderada por Wilfredo Guzmán, están promoviendo una ley –como iniciativa ciudadana ante el Congreso, con la firma de 50 mil ciudadanos– para adecuar la legislación peruana a la convención, y para crear un fondo que financie la implementación de lo establecido en esa convención sobre los derechos de las PCD.
Son dos iniciativas fundamentales para la construcción de un país más digno e integrado, menos excluyente y discriminador. Mi firma en esta columna va para ese esfuerzo que tiene un profundo sentido ético
La exclusión de servicios y derechos fundamentales –como educación, salud, seguridad social, empleo o comunicaciones, entre otros– le niega a los peruanos con discapacidad (PCD) la oportunidad de progresar, de ser felices y de contribuir al desarrollo de la sociedad, y constituye, además, una realidad indignante que debe ser cambiada radicalmente, no con eventos lastimeros, sino con políticas públicas efectivas que movilicen los recursos necesarios.
Como esa es la situación de muchos países, la Asamblea de la ONU aprobó, en el año 2008, una convención sobre los derechos de las PCD, ratificada por el Perú, que les reconoce los mismos derechos humanos, sociales, económicos y políticos de cualquier ciudadano: a la vida y la autonomía, la identidad, la educación, la salud, la vivienda, el transporte, las comunicaciones, el deporte, la cultura, la expansión, la accesibilidad, etc.
También prohíbe toda forma de discriminación y obliga a los estados a garantizar y a hacer efectivos estos derechos con políticas concretas y aportando, progresivamente, los recursos financieros que se requieren para ello.
Asimismo, compromete a los estados a desarrollar estudios y generar información que permita identificar la incidencia de la discapacidad en cada país, y a establecer mecanismos de consulta y participación de las personas con discapacidad y de sus organismos en la definición de políticas que los incumba.
El problema, como ocurre casi siempre, es que estas convenciones no pasan de ser declaraciones de buenas intenciones. En el Perú, el 82% de los tres millones de PCD son pobres y excluidos de servicios y derechos básicos; el 94% de las PCD que pertenecen a la PEA están subempleadas o sin trabajo; y dos tercios de los niños con discapacidad no van a la escuela.
Si esta realidad le produce indignación, debe identificar maneras de movilizar al país para cambiarla realmente. Lo que hace falta es que la convención se convierta en realidad en el Perú.
Con dicho fin, el presidente de la Sociedad y Discapacidad, Javier Diez Canseco, y la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú, liderada por Wilfredo Guzmán, están promoviendo una ley –como iniciativa ciudadana ante el Congreso, con la firma de 50 mil ciudadanos– para adecuar la legislación peruana a la convención, y para crear un fondo que financie la implementación de lo establecido en esa convención sobre los derechos de las PCD.
Son dos iniciativas fundamentales para la construcción de un país más digno e integrado, menos excluyente y discriminador. Mi firma en esta columna va para ese esfuerzo que tiene un profundo sentido ético
