03.05.2010
Más allá de los discursos universalistas e integradores de las élites, el peruano es un Estado parcializado, inefectivo, ineficaz y poco o nada transparente. La mayoría de los peruanos no se siente defendida ni representada por él. El conjunto de instituciones que lo definen (los poderes del Estado, la distribución del poder en el territorio, los aparatos coercitivos, la burocracia, el sistema legal) constituyen una estructura parcializada que sólo llega a una parte muy limitada del territorio y apenas cubre a las clases medias y altas. La mayor parte del territorio y la mayoría de los peruanos son atendidos en forma muy deficiente o quedan fuera de su alcance y cobertura. Todo esto es parcialmente revelado por el importante y novedoso Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD que examina el alcance y los límites de las políticas sociales.
El PNUD constata que la educación no llega a todo el territorio ni alcanza a todas las clases sociales. No todos asisten ni concluyen la secundaria. El 40% abandona sus estudios secundarios y no logran, por consiguiente, adquirir una de las herramientas que les permite romper el círculo vicioso de la pobreza. El gobierno de García, sin embargo, ha disminuido el porcentaje del PBI dedicado a la educación (del 3.8% en el 2004 a 3.2% en el 2010). Algo parecido sucede con la salud medida en términos de número de médicos por habitante. El 79% de las provincias no supera el mínimo de médicos señalado por el estándar internacional en salud. Como es obvio, las provincias de la costa son las mejor atendidas tanto en la educación como en la salud en desmedro de las de la sierra y de la selva. En estas últimas regiones el Estado es más delgado e inoperante, a diferencia de la primera en donde es más denso.
El Informe del PNUD es exclusivamente cuantitativo. No entra al análisis de la calidad de las políticas públicas en salud y en educación. ¿Qué pasa con la calidad de la educación y la salud públicas en Perú? Mi hipótesis es que, en términos cualitativos, la educación y la salud públicas en Perú y en América Latina son un desastre y que, lejos de ser mecanismos de igualación de oportunidades, constituyen espacios de discriminación. ¿Puede acaso compararse la calidad de una escuela fiscal con la de una escuela privada en donde se educan los hijos de las clases medias y altas? No. De ninguna manera porque en ella se educan los pobres, los indios y los cholos. No es el caso europeo en donde la atención en estos servicios públicos es de alta calidad porque todas las clases sociales sin discriminación asisten a los mismos centros educativos y a los mismos centros de salud. Esto genera, más allá de las jerarquías sociales y las diferencias culturales, un sentimiento de comunidad política que todos comparten y que en Perú casi no existe.
¿Qué sucede con el sistema legal y con los aparatos de justicia? ¿Qué pasa con la efectividad legal? ¿A quiénes llega efectivamente la justicia en el Perú? El Informe del PNUD no examina estos temas que son decisivos para la vigencia y la calidad de la democracia.
Mi hipótesis es que no existe efectivamente igualdad ante la ley y que la justicia no llega por igual a todo el territorio ni cubre a todas clases sociales. No se trata, por cierto, de la normatividad ideal (en el papel) en donde mal que bien se ha avanzado en forma significativa sino de la efectividad legal. Los aparatos de justicia no tratan a todos por igual y no aplican la ley de la misma manera a todos. Están sometidos a los poderes económicos, políticos, mediáticos y religiosos. La gente se siente discriminada en la aplicación de la ley y la expresa claramente en las encuestas: más del 90% afirma que en el Perú no hay igualdad ante la ley ni hay justicia para todos. Estas brechas estatales son una requisitoria feroz contra las élites económicas, los militares y los caudillos que han participado en la construcción del Estado peruano.
El PNUD constata que la educación no llega a todo el territorio ni alcanza a todas las clases sociales. No todos asisten ni concluyen la secundaria. El 40% abandona sus estudios secundarios y no logran, por consiguiente, adquirir una de las herramientas que les permite romper el círculo vicioso de la pobreza. El gobierno de García, sin embargo, ha disminuido el porcentaje del PBI dedicado a la educación (del 3.8% en el 2004 a 3.2% en el 2010). Algo parecido sucede con la salud medida en términos de número de médicos por habitante. El 79% de las provincias no supera el mínimo de médicos señalado por el estándar internacional en salud. Como es obvio, las provincias de la costa son las mejor atendidas tanto en la educación como en la salud en desmedro de las de la sierra y de la selva. En estas últimas regiones el Estado es más delgado e inoperante, a diferencia de la primera en donde es más denso.
El Informe del PNUD es exclusivamente cuantitativo. No entra al análisis de la calidad de las políticas públicas en salud y en educación. ¿Qué pasa con la calidad de la educación y la salud públicas en Perú? Mi hipótesis es que, en términos cualitativos, la educación y la salud públicas en Perú y en América Latina son un desastre y que, lejos de ser mecanismos de igualación de oportunidades, constituyen espacios de discriminación. ¿Puede acaso compararse la calidad de una escuela fiscal con la de una escuela privada en donde se educan los hijos de las clases medias y altas? No. De ninguna manera porque en ella se educan los pobres, los indios y los cholos. No es el caso europeo en donde la atención en estos servicios públicos es de alta calidad porque todas las clases sociales sin discriminación asisten a los mismos centros educativos y a los mismos centros de salud. Esto genera, más allá de las jerarquías sociales y las diferencias culturales, un sentimiento de comunidad política que todos comparten y que en Perú casi no existe.
¿Qué sucede con el sistema legal y con los aparatos de justicia? ¿Qué pasa con la efectividad legal? ¿A quiénes llega efectivamente la justicia en el Perú? El Informe del PNUD no examina estos temas que son decisivos para la vigencia y la calidad de la democracia.
Mi hipótesis es que no existe efectivamente igualdad ante la ley y que la justicia no llega por igual a todo el territorio ni cubre a todas clases sociales. No se trata, por cierto, de la normatividad ideal (en el papel) en donde mal que bien se ha avanzado en forma significativa sino de la efectividad legal. Los aparatos de justicia no tratan a todos por igual y no aplican la ley de la misma manera a todos. Están sometidos a los poderes económicos, políticos, mediáticos y religiosos. La gente se siente discriminada en la aplicación de la ley y la expresa claramente en las encuestas: más del 90% afirma que en el Perú no hay igualdad ante la ley ni hay justicia para todos. Estas brechas estatales son una requisitoria feroz contra las élites económicas, los militares y los caudillos que han participado en la construcción del Estado peruano.
