La corrupción es el principal problema político del Perú.
La corrupción tiene que ver con las instituciones.
El tema no se reduce a las concesiones petroleras. A otra escala, hemos visto ahora denuncias de tráfico de terrenos en Chilca y Paracas, a través de Cofopri.
Y se repite el libreto.
El congresista aprista Edgar Núñez acusa al jefe zonal de Cofopri-Ica de haber dado propiedad a un poseedor, también aprista, terrenos de la Reserva de Paracas.
Luego, el ex jefe zonal acusa a Núñez de haber querido patrocinar a otros interesados en la adjudicación de terrenos en Chilca.
Conocemos la punta del iceberg gracias al pleito de influencias, al pleito por el poder y el reparto del botín.
¿Por qué el ex jefe zonal de Cofopri Eddy García no acusó antes a Núñez?
¿Por qué el congresista Núñez, el de la hija no reconocida, no acusó antes a García?
Solo vamos a conocer los casos de corrupción en los que la arrancadera de las mafias las hace echarse aceite hirviendo. La traición y la venganza los hace salir a la luz pública, no la indignación o la justicia.
No es casual que conozcamos de todos estos casos hacia el final del gobierno. En el momento del reparto hay descontentos. Se comienzan a echar el aceite, y salpica. Es el momento del salpicón.
El presidente Alan García pide sanciones rápidas, aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Creo que no ha analizado bien el problema de la corrupción.
No bastan sanciones “ex post” (luego de la comisión del ilícito). Se necesitan mecanismos de control “ex ante” (para prevenir el delito). Eso no existe en nuestro ordenamiento institucional. Hay que hacer una reforma de la tecnología institucional. A los pillos y zamarros, de cualquier partido y gobierno, no los vamos a desaparecer. Podemos aspirar, a lo sumo, a controlarlos y fiscalizarlos, a no dejarlos sueltos en río revuelto.
Para eso hay que limitar y balancear el poder. Empirismo en el poder judicial, en Cofopri, en la Fiscalía, en la Policía, en el Congreso, en todos lados.
Ningún partido ha planteado ninguna idea sobre la reforma institucional.