En materia de justicia, el Perú es un caso clínico.
Acá, el Poder Judicial está podrido desde lo más alto, que ahora resulta lo más bajo.
Me refiero al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Ese órgano se encarga, por mandato de la Constitución, de la selección y el nombramiento de jueces y fiscales.
Las dudas sobre la rectitud del CNM habían empezado cuando se supo que al fiscal Avelino Guillén lo había desaprobado un personaje anónimo nombrado por el CNM, el cual había puesto a prueba a Guillén en un caso que éste conocía perfectamente.
El anuncio de renuncia de Guillén a su condición de Fiscal fue un detonante. Luego, los síntomas de corrupción en el Poder Judicial se han precipitado.
Primero fue la denuncia contra Efraín Anaya, consejero del Consejo, quien había pedido “apoyo económico” al fiscal supremo adjunto Tomás Gálvez, que postulaba en el examen en el que Guillén fue “jalado”.
Anaya, representante de los colegios profesionales, es un enfermero con maestría de Derecho Constitucional conferida por la Universidad “Federico Villarreal”.
De resultas del escándalo, el CNM ha anulado, dizque por fallas técnicas, el concurso para la selección de magistrados de la Corte Suprema.
Sin embargo, Javier Villa Stein, presidente del Poder Judicial, ha calificado esa decisión como una burla al país, puesto que no reconoce que las claves del caso fueron la corrupción y la injusticia.
Luego apareció Hugo Salas Ortiz, representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados en el Comité Ejecutivo del Poder Judicial. Salas se jactaba en una grabación de su influencia para nombrar jueces y vocales, y de su buena fortuna en el campo sentimental.
Las declaraciones de Salas le valieron el repudio general y lo obligaron a renunciar al cargo.Los escándalos en el aparato judicial se producen a granel. Uno de los más espectaculares es el del juez Raúl Rosales Mora, quien apuntó con una pistola, apretando el gatillo, contra el reportero gráfico Carlos Saavedra, de la revista Caretas.
Otro magistrado, Walter Flores Ochoa, fiscal adjunto provisional de Cañete, resulta asesino de su amante.La serie no termina.
Hace unos días, Dora Carhuamaca, jueza del Callao, ha autorizado la importación de cien mil automóviles hasta con 20 años de antigüedad (¡!). La ley autoriza la importación de vehículos hasta con cinco años de antigüedad, si son gasolineros, y hasta con dos años, si son petroleros.
A la jueza, entonces, hay que denunciarla.
En la situación de caos vehicular que padece Lima, por obras municipales mal concebidas y excesivamente prolongadas, esas importaciones convertirían el tránsito capitalino en un infierno al cubo.
A bordo de esas carcochas viajaría un cargamento de irrespirable contaminación ambiental.
