Hacia un espacio integrado
UNASUR: límites y posibilidades políticas
Los esfuerzos destinados a fortalecer la integración latinoamericana en una etapa de crisis global son, más que una opción, una necesidad para garantizar el desarrollo de los países de esta parte del mundo.
La conformación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) adquiere una relevancia fundamental en el actual escenario. En efecto, en base a una historia compartida y solidaria, con diversidad étnica, lingüística y cultural, mediante el Tratado suscrito en Brasilia el 23 de mayo del año 2008, los países de la región constituyeron la Unión de Naciones Suramericanas como una organización dotada de personalidad jurídica internacional.
Este organismo, que incorpora la variable política como un elemento sustancial, constituye una respuesta de convergencia luego de etapas de la historia caracterizadas por un relativo aislamiento entre las naciones de la región.
El objetivo de UNASUR es amplio y complejo, dado que pretende la construcción “de manera participativa y consensuada” de un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre los pueblos. Para tal efecto no sólo se considera la acción de los gobiernos, que tienen la representación y la condición de miembros plenos. Además se incorporan otras instancias de participación ciudadana, en armonía con los nuevos instrumentos destinados a fortalecer al régimen democrático.
UNASUR persigue lograr el cumplimiento de sus objetivos mediante un conjunto de acciones que incluyen el diálogo político, el avance en los aspectos sociales y educativos, la integración energética y la inversión en infraestructura. Por otro lado se propone la acción conjunta en las áreas financieras y de protección ambiental para lograr el desarrollo sustentable.
Es importante subrayar que UNASUR tiene una direccionalidad política en el conjunto de sus actividades en la medida en que se propone lograr “la inclusión social y la participación ciudadana”.
El cumplimiento de tales fines permite fortalecer la democracia y reducir las asimetrías que se registran al interior de cada uno de los países que integran el organismo.
Además, en el Tratado constitutivo se subraya la trascendencia de fortalecer la soberanía y la independencia de los Estados como parte del proceso institucional de UNASUR.
Además, en el Tratado constitutivo se subraya la trascendencia de fortalecer la soberanía y la independencia de los Estados como parte del proceso institucional de UNASUR.
Para una región que en determinados momentos de la historia no ha utilizado el diálogo como instrumento de consulta y coordinación, UNASUR le otorga la mayor prioridad a este mecanismo de naturaleza política.
Se trata de conformar, como consecuencia de un esfuerzo institucional permanente, un espacio maduro de concertación, destinado a impulsar sobre bases firmes la integración en la región y, además, la participación de nuestros países en el escenario internacional.
Este esfuerzo, empero, no se registra aislado de las políticas nacionales, centradas en el logro de objetivos cualitativamente superiores al simple crecimiento económico, tales como el desarrollo social y humano, la equidad, la inclusión, la erradicación del analfabetismo y el acceso universal a la educación de calidad. Todo ello, además, respetando la biodiversidad y los ecosistemas.
Otro elemento que se considera como parte esencial de las tareas y propósitos de UNASUR corresponde a la consolidación de una identidad sudamericana. En esta etapa de la historia caracterizada por el impulso a la globalización económica es significativo señalar como los pueblos procuran fortalecer sus propios valores y elementos culturales.
Puede resultar hasta paradójico comprobar como el esfuerzo de la globalización ha permitido la libre circulación de bienes y de servicios, pero no ha sido capaz de lograr la misma flexibilidad en lo que respecta al tratamiento de las personas. Por tal razón uno de los temas que UNASUR aborda se refiere a la migración “con un enfoque integral bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la armonización de políticas”.
Evidentemente los temas de la promoción de la diversidad cultural y de la participación ciudadana incorporan a los diversos actores sociales en la formulación de políticas destinadas a lograr la integración sudamericana. A diferencia de otros procesos integradores centrados fundamentalmente en los aspectos económicos y comerciales, en el caso de UNASUR se procura lograr un adecuado equilibrio entre tales elementos y los aspectos vinculados con el desarrollo social.
De tal manera el objetivo que UNASUR se propone lograr corresponde a un proceso de integración participativa, con la intervención de los pueblos y no únicamente de los organismos del Estado responsables del cumplimiento de los fines y propósitos de la integración.
El sistema institucional del organismo regional incluye la participación de los Jefes de Estado y de Gobierno para efectos de establecer los lineamientos políticos, los planes de acción y las prioridades para instrumentar los programas y proyectos. Además la adopción de los criterios para las relaciones con terceros países, asunto crucial por el proceso de la interdependencia.
Mecanismos jurídicos
Constituyen fuentes jurídicas de UNASUR, el Tratado Constitutivo y los instrumentos adicionales, así como los acuerdos específicos que celebren los Estados Miembros. Todos los dispositivos deben estar en armonía con el Tratado Constitutivo y con las decisiones y resoluciones adoptadas por los diferentes organismos que forman parte de la estructura institucional de UNASUR.
Es importante subrayar, conforme lo establece el artículo 12 del Tratado Constitutivo, que “toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso”. Tal es, de alguna manera, un límite para una más rápida adopción de acuerdos pero, al mismo tiempo, constituye un desafío para conseguir el consenso sobre la base de la búsqueda de un adecuado equilibrio entre las diferentes posiciones de carácter nacional.
En ese orden de ideas el diálogo político, establecido como instrumento esencial en el artículo 14 del Tratado Constitutivo, dispone que “la concertación política entre los Estados Miembros de UNASUR será un factor de armonía y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional, que sustente la preservación de los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos”.
Conviene efectuar una reflexión respecto de los alcances del citado artículo 14. En efecto, la política real indica que, dentro de América del Sur, son diferentes las opciones políticas. Los gobiernos procuran alcanzar el desarrollo económico y social utilizando diferentes mecanismos. En tal contexto, la tolerancia y el respeto al derecho soberano de cada país de establecer sus propias acciones, constituyen hechos objetivos que el Tratado Constitutivo de UNASUR acepta y reconoce.
Los elementos que unen a los países de la región básicamente son la democracia y los derechos humanos. Ambos son valores tutelados que inspiran la acción nacional y regional. Por ende se mencionan, de manera expresa, en el antes citado artículo 14.
Por otro lado para conseguir el propósito de adoptar las decisiones según el Convenio Constitutivo se subraya que deberá reforzarse la práctica de “construcción de consensos”. Es decir conseguir la unidad para abordar temas esenciales de la agenda internacional y además promover “iniciativas que afirmen la identidad de la región como un factor dinámico en las relaciones internacionales”.
El desafío democrático
La defensa del sistema democrático ha constituído preocupación esencial durante la primera etapa de la existencia institucional de UNASUR.
El año 2008, en el entorno de una circunstancia difícil, se aprobó la declaración de la UNASUR con relación a la situación boliviana que, en ese momento, se encontraba caracterizada por el enfrentamiento de diversos grupos civiles y los desencuentro entre los diferentes actores
El gobierno de Chile, que en esa oportunidad tenía la responsabilidad de ejercer la Presidencia de UNASUR, subrayó en la declaración el propósito y la total disposición del organismo para colaborar con el gobierno boliviano “en el esfuerzo por identificar e implementar vías de diálogo y de entendimiento que, bajo la conducción de las legítimas autoridades de la nación boliviana, permitan a las fuerzas políticas y sociales retomar la senda pacífica, institucional y democrática, de solución de problemas e impulso al desarrollo”.
En la declaración de La Moneda, suscrita el 15 de setiembre de 2008, referida igualmente al caso boliviano, se subrayó, en primer término, que con arreglo al Tratado Constitutivo de UNASUR los principios fundamentales que deben ser respetados por los países miembros incluyen el de la soberanía nacional, la no injerencia en asuntos internos, la integridad e inviolabilidad territorial, la democracia y el respeto a sus instituciones. Además se subrayó la protección de los derechos humanos.
En ese orden de ideas UNASUR en su propósito de contribuir a resolver la entonces crítica situación de Bolivia destacó la importancia del diálogo para superar la situación crítica y buscar una “solución sustentable en el marco del pleno respeto al estado de derecho y al orden legal vigente”.
A pesar de las opiniones pesimistas sobre la viabilidad de un proyecto político como UNASUR, los hechos demuestran que, de manera gradual, se intentan aproximar posiciones en asuntos de interés compartido. La búsqueda del equilibrio, en un entorno de concepciones ideológicas diversas, exige madurez y convicción acerca de la importancia de perseguir la utopía integradora. Lo alcanzado hasta la fecha por UNASUR permite otorgarle nota aprobatoria. ♦
REFERENCIAS
*Director asociado de Le Monde diplomatique, edición peruana.
