En la semana que pasó, el ex premier Jorge del Castillo pidió ser incluido en las investigaciones del caso “petroaudios”.
Lástima nomás que lo hizo al final de la etapa instructiva, cuando se supone que las investigaciones preliminares han sido concluidas, y cuando ya hace casi dos meses de la fugaz visita al Perú de Fortunato Canaán, el único que podría explicar lo que conversaban en privado en las numerosas citas en la suite del hotel Country, cuando el dominicano iba extendiendo su poder, como una mancha de aceite, sobre el Estado peruano.
También en la semana se conoció el texto de un mail de Rómulo León a su querido Lucho (Luis Alva Castro) cuando este era ministro del Interior, en el que le transmite el “sufrimiento” de su amigo Carlos José Motte porque el ministerio había comprado equipos de interceptación de celulares por un millón de dólares a otra firma, a pesar de haberle ofrecido Motte el mismo producto de origen israelí.
Frente a ello, Alva Castro ha aclarado que no recuerda haber recibido la visita de Motte, posteriormente involucrado en la protección del “rata” durante los días en que permaneció en la clandestinidad, y relacionado con empresas de Fortunato Canaán y con la compañía Elbit System, que en el 2009 vendió al Estado, equipos de comunicaciones por varios millones. Pero no negó las gestiones.
De estos dos hechos debería concluirse que, efectivamente, el juez Barreto se ha olvidado de “investigar” a los ex ministros y altos funcionarios implicados en el caso de los petroaudios y está de lo más tranquilo; y que los tentáculos de la corrupción han abarcado interminables operaciones estatales, y que increíblemente el “chuponeado” Romulín, estaba también intermediando para la compra de equipos de interceptación de conversaciones privadas.
¿Con qué cara, su abogado, sale a defenderlo arguyendo que ha sido una pobre víctima de malvadas violaciones a su privacidad?Pero ninguno de estos hechos conmueve al juez Barreto cuyo objetivo es cada vez más evidente: destruir las pruebas que conducen a señalar la existencia de una red organizada para manejar los contratos y concesiones del Estado.
Un año y medio después del escándalo el juez pro-corrupción ha conseguido:
(a) que se retire de la acusación la denuncia por delito de “asociación ilícita”, que no sólo tiene que ver con la severidad de la pena, sino con la definición del tipo de actividad en banda de Canaán, León, Químper y los miembros del Estado que trabajaron con ellos;
(b) poner a un lado el Informe de Contraloría que cuestiona la adjudicación de los lotes petroleros, lo que apunta a definir que tampoco hubo delito en el manejo del concurso;
(c) mantener en el proceso un paquete reducido de mails seleccionado por el juez y el abogado del principal acusado, sin garantías de que no ha habido ocultamiento de evidencias;
(d) Descartar los audios como prueba legítima, que equivale en realidad a decir que el caso no debió abrirse ya que los audios fueron sus desencadenantes;
(e) que Canaán (el verdadero jefe de la banda), quede como un angelito que vino, declaró y se fue a República Dominicana;
(f) que Del Castillo pueda decir que por qué no lo investigan si todos están saliendo regio
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