La fiscal de Ayacucho Cristina Olazábal Ochoa, que ha llevado los principales casos de violaciones a los derechos humanos, procesada por denuncia de Alan García.
El ciudadano Alan García denunció a la fiscal Cristina Olazábal en el 2005, porque la magistrada lo había incluido como uno de los responsables de la matanza de Accomarca, ocurrida en su primer gobierno.
La Oficina de Control Interno de Ayacucho declaró infundada la denuncia.
Pero siendo García presidente, las cosas cambiaron.
En febrero del 2008, la fiscalía suprema de Control Interno declaró fundada la denuncia de prevaricato y el último día del año 2009 la fiscal Gladys Echaíz hizo lo mismo.
En consecuencia, Cristina Olazábal, una fiscal corajuda, que ha denunciado a los asesinos de Accomarca, Putis, Chuschi, Los Cabitos, la desaparición de Jaime Ayala y otros casos, ha sido acusada ante la Primera Sala Superior de Ayacucho.
Un hecho gravísimo que puede tener consecuencias funestas no solo para Olazábal, sino para todos los magistrados que contra viento y marea están llevando los casos contra militares violadores de los derechos humanos.
Ahora, el propio presidente de la República está personalmente involucrado en esta campaña a favor de la impunidad de los criminales.
Accomarca otra vez
La masacre de Accomarca es quizás la más famosa de toda la guerra antisubversiva. El 14 de agosto de 1985, a las dos semanas de inaugurado el gobierno de Alan García, una patrulla del Ejército reunió a 69 personas, la mayoría ancianos y niños (los más pequeños de dos años y los mayores de ochenta años), los encerró en una cabaña y disparó granadas incendiarias y explosivas contra ellos, matándolos a todos.
El caso horrorizó al Perú. En ese momento, con el gobierno recién empezado, una comisión investigadora del Congreso viajó a la zona y recogió abundantes testimonios que corroboraron ampliamente los hechos.
El jefe de la patrulla, el entonces subteniente Telmo Hurtado, en su declaración ante los parlamentarios no solo no se arrepintió de la masacre, sino se ufanó de ella. Justificó el asesinato de niños diciendo que Sendero Luminoso los adoctrinaba desde los dos y tres años. Y, además, enrostró a los parlamentarios: si ustedes están sentados en sus curules, les dijo, es gracias a nosotros que estamos combatiendo al terrorismo.
Huelga militar
Al principio, el joven e impetuoso presidente García reaccionó con rapidez y energía. Destituyó al jefe político militar de Ayacucho, el general Wilfredo Mori y al jefe de la II Región Militar, el general Sinesio Jarama.
Los militares, que habían dejado el poder solo cinco años atrás, en 1980, después de una larga dictadura, se sentían todavía fuertes. Y los políticos civiles, tan timoratos como siempre, les tenían temor.
Las Fuerzas Armadas iniciaron una huelga. Decidieron no salir a patrullar, en momentos en los que Sendero, a consecuencia de los errores de los propios militares, de la policía y de los gobiernos civiles, crecía rápidamente y se había extendido de su inicial reducto ayacuchano, a cada vez más regiones del Perú.
Los senderistas se adueñaron momentáneamente de las áreas rurales. El gobierno cedió ante los militares
Las investigaciones se paralizaron. El subteniente Hurtado siguió en el Ejército y ascendió a capitán y luego a mayor. (Fue descubierto por el IDL en el gobierno de Alberto Fujimori que, ante el escándalo, lo pasó recién a retiro).
Lo más importante, Alan García y su gobierno nunca más criticaron, denunciaron o investigaron las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden. Al contrario, fueron los primeros en encubrirlas.
Una fiscal ejemplar
La fiscal Olazábal, que ha tenido un papel valiente y destacado en investigar y denunciar las violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna, probablemente se equivocó al incluir a Alan García en la denuncia de Accomarca. García no fue responsable de esa masacre.
No hay comparación, por ejemplo, con el papel que jugó un año más tarde en la matanza de El Frontón.
Pero en todo caso, podría ser un error de criterio de la fiscal Olazábal.
De ninguna manera prevaricato (que implica dolo, es decir, ánimo expreso de actuar en contra de la ley), como denunció Alan García y ahora acusa la fiscal de la Nación.
Por último, cabe mencionar que la denuncia de Olazábal contra García no prosperó. El Poder Judicial lo excluyó del proceso de Accomarca.
En síntesis, un yerro de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, que empaña el buen desempeño que ha tenido en su cargo.
Y un despropósito de Alan García, denunciar a una fiscal como Cristina Olazábal, que se ha convertido en un puntal en la difícil y peligrosa lucha por la justicia.
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