07/02/2010
A inicios de 2009, existían en el país 20 partidos políticos nacionales inscritos ante el JNE. Un número excesivo: en la actualidad, tenemos 23, y podríamos tener más antes de que se cierre el registro para las próximas elecciones. La ley de partidos (ley 28094) ha seguido la filosofía, correcta, de elevar las barreras de entrada al sistema, para que así los débiles e improvisados salgan del escenario, y queden los más fuertes. La ley no está funcionando como debiera: el requisito de las firmas y la constitución de comités es muy alto para quien quiera hacerlo en serio, y relativamente fácil para quien tenga dinero con el cual pagar a los recolectores de firmas y allegados que luego son responsables de comités fantasmas. ¿Cómo se explica la existencia de partidos como “Despertar Nacional”, “Siempre Unidos” o “Participación Popular”?
De otro lado, la ley establece una barrera electoral, según la cual se pierde el registro si es que no se obtiene un mínimo de votos; así perdieron el registro el Partido Socialista, el Partido de la Democracia Social y el Movimiento Nueva Izquierda, pero se han mantenido otros que tampoco cuentan con respaldo electoral. ¿Cómo así? Mediante la cobertura de las alianzas. Así es como se mantuvieron Cambio Radical y Renovación Nacional (dentro de Unidad Nacional), la Coordinadora Nacional de Independientes (dentro del desaparecido Frente de Centro) o Cambio 90 (dentro de las alianzas fujimoristas).
En general, tenemos un grupo de partidos con una mínima representatividad, digamos que alrededor de diez, y otra decena que sobrevive gracias a la debilidad de nuestra ley de partidos. El asunto empeora porque además tenemos movimientos regionales y organizaciones políticas locales que fragmentan todavía más el escenario. En este marco, quienes pretenden construir organizaciones en serio la tienen muy complicada, y las aventuras personalistas la tienen muy fácil. Ya ni siquiera se tiene que hacer el esfuerzo de crear un “movimiento bamba”, basta pedirle a alguien con registro que, a cambio de muy poco, “preste” su organización. Así, Jaime Bayly se presta el logo de Cambio Radical para su aventura presidencial; Kouri no necesita organización para ser candidato a la alcaldía de Lima, porque más de uno le ofrece su logo. Y quienes antes tenían que escalar posiciones y hacer méritos dentro de una organización partidaria, ahora pueden ser tránsfugas y candidatear con cualquiera. Y después nos quejamos porque hay mucha improvisación y descoordinación en la política y en la gestión pública.
La solución a esto es buscar mejores maneras de hacer más exigente la actividad política, hoy excesivamente abierta y permisiva. Esto no tiene por qué ser considerado conservador (ver artículo de Alberto Adrianzén, de ayer en este diario); si la izquierda tomara en serio el desafío, debería ser uno de los pilares de un nuevo sistema de partidos.
A inicios de 2009, existían en el país 20 partidos políticos nacionales inscritos ante el JNE. Un número excesivo: en la actualidad, tenemos 23, y podríamos tener más antes de que se cierre el registro para las próximas elecciones. La ley de partidos (ley 28094) ha seguido la filosofía, correcta, de elevar las barreras de entrada al sistema, para que así los débiles e improvisados salgan del escenario, y queden los más fuertes. La ley no está funcionando como debiera: el requisito de las firmas y la constitución de comités es muy alto para quien quiera hacerlo en serio, y relativamente fácil para quien tenga dinero con el cual pagar a los recolectores de firmas y allegados que luego son responsables de comités fantasmas. ¿Cómo se explica la existencia de partidos como “Despertar Nacional”, “Siempre Unidos” o “Participación Popular”?
De otro lado, la ley establece una barrera electoral, según la cual se pierde el registro si es que no se obtiene un mínimo de votos; así perdieron el registro el Partido Socialista, el Partido de la Democracia Social y el Movimiento Nueva Izquierda, pero se han mantenido otros que tampoco cuentan con respaldo electoral. ¿Cómo así? Mediante la cobertura de las alianzas. Así es como se mantuvieron Cambio Radical y Renovación Nacional (dentro de Unidad Nacional), la Coordinadora Nacional de Independientes (dentro del desaparecido Frente de Centro) o Cambio 90 (dentro de las alianzas fujimoristas).
En general, tenemos un grupo de partidos con una mínima representatividad, digamos que alrededor de diez, y otra decena que sobrevive gracias a la debilidad de nuestra ley de partidos. El asunto empeora porque además tenemos movimientos regionales y organizaciones políticas locales que fragmentan todavía más el escenario. En este marco, quienes pretenden construir organizaciones en serio la tienen muy complicada, y las aventuras personalistas la tienen muy fácil. Ya ni siquiera se tiene que hacer el esfuerzo de crear un “movimiento bamba”, basta pedirle a alguien con registro que, a cambio de muy poco, “preste” su organización. Así, Jaime Bayly se presta el logo de Cambio Radical para su aventura presidencial; Kouri no necesita organización para ser candidato a la alcaldía de Lima, porque más de uno le ofrece su logo. Y quienes antes tenían que escalar posiciones y hacer méritos dentro de una organización partidaria, ahora pueden ser tránsfugas y candidatear con cualquiera. Y después nos quejamos porque hay mucha improvisación y descoordinación en la política y en la gestión pública.
La solución a esto es buscar mejores maneras de hacer más exigente la actividad política, hoy excesivamente abierta y permisiva. Esto no tiene por qué ser considerado conservador (ver artículo de Alberto Adrianzén, de ayer en este diario); si la izquierda tomara en serio el desafío, debería ser uno de los pilares de un nuevo sistema de partidos.
