Dom, 21/02/2010 - 05:00
El presidente Alan García es un político de marchas y contramarchas.
Cuando el Congreso aprobó el bono policial respondió que no gobernaba para los que tienen trabajo en el Estado sino para los pobres.
Más tarde se encargó de descartar el bono y habló de aumentar a militares y policías en base a los méritos de cada uno.
Finalmente, ayer dejó de lado lo último y anunció el bono en una medida que lejos de tranquilizar ha removido aún más las aguas de la policía que se hallan bastante movidas desde hace algún tiempo.
Si no, veamos las declaraciones de los efectivos detenidos por participar en la pasada protesta de sus colegas en retiro.
Uno de ellos advirtió que mientras el Presidente indulta a los corruptos apresa a los policías que entregan su vida en defensa del país y que ganan sueldos miserables. Lo hizo con una expresión que refleja el sentimiento de molestia y encono que existe en la mayoría de ellos.
Es indudable que el bono es un auxilio para policías y militares, sobre todo en esta época de gastos escolares. Es positivo también en tanto se aplica sin escalas –de comandantes a suboficiales– y alcanza a las viudas de los efectivos caídos en función y de los discapacitados. Hasta ahí los beneficios de la bonificación. Los problemas comienzan cuando deja de lado a los pensionistas y jubilados en una medida que todas las organizaciones policiales y militares –sin excepción– han rechazado. Su respuesta inmediata: la marcha en marzo próximo.
El Presidente anunció también un aumento de 100 soles en dos etapas y la formación de una nueva comisión –imaginan cuántas se han formado en este gobierno y no han concluido en nada– para determinar en 180 días una propuesta de reestructuración de los sueldos de las Fuerzas Armadas y de la Policía. La decisión presidencial confirma un hecho que se ha convertido en una realidad en este gobierno: sólo reacciona ante la protesta de las organizaciones sociales. Si las esposas de los policías y militares, las viudas, los jubilados y los discapacitados no hubieran protestado no habría salido ni el bono.
Ocurre que García olvidó, como ha sucedido con muchas de sus otras promesas, que en su campaña para retornar al poder prometió en el objetivo seis Defensa Nacional la homologación de los sueldos de las FFAA y PNP, a través de una ley de haberes. En el 2006, dos meses antes de la primera vuelta, en una reunión con militares en retiro, reiteró este compromiso. Y olvidó también que a fines de su primer gobierno promulgó el DL 213-90, por el cual disponía se homologara los sueldos de unos y otros, algo que nunca se cumplió. Como se ve, militares y policías tienen más de un motivo para estar indignados con este gobierno y para no creer en los resultados de la nueva comisión.
Es la misma indignación que recorre entre los damnificados de los últimos desastres abandonados a su suerte, de los maestros ninguneados en sus reclamos, de los agricultores para quienes el PREDA es una burla más, de los docentes universitarios tratados como ciudadanos de otro país, de los empleados civiles de los institutos armados que llevan sus sueldos congelados por años o de los nativos que ven cómo la Ley de la Selva sigue siendo una espada de Damocles para sus comunidades. Hasta el próximo domingo
