El segundo gobierno aprista se ha caracterizado por la profundización de la corrupción en el país, siendo el caso de los denominados “petroaudios” el referente más escandaloso, debido a que miembros vinculados al régimen negocian recursos de todos los peruanos para beneficiar a determinados grupos de poder económico.
A esto se suman, los continuos escándalos en el Congreso y en el Poder judicial, visiblemente controlados por el APRA.
Mientras tanto, millones de trabajadores continúan esperando el cumplimiento de diversas promesas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las familias, siempre postergadas por un modelo económico que privilegia los intereses de las corporaciones empresariales dedicadas a generar lucro en base a los privilegios políticos y no en la productividad o generación de empleo, como lo demuestra la estrepitosa caída del PBI nacional del 9,8% en el 2008 a menos del 1% en el 2009.
Asimismo, el gobierno aprista se niega por el cuento de la inflación a incrementar la Remuneración Mínima Vital que empujaría los salarios y propiciaría un mayor dinamismo de la economía interna por el aumento del gasto de los trabajadores; sin embargo, sí permite que empresarios y especuladores continúen acumulando ganancias, muchas de las cuales no son reinvertidas en el país y que van a parar a las bóvedas de bancos extranjeros.
Teniendo como marco este escenario, la CGTP ha convocado a todas sus bases a la IX Asamblea Nacional de Delegados que se realizará el 13 de marzo con la finalidad de establecer un plan de acción destinado a deslindar con esta política económica y social, la corrupción, el autoritarismo y la represión que propugna la derecha gobernante.
El debate se efectuará teniendo en consideración que el 2010 es un año electoral. Los trabajadores somos conscientes que debemos contribuir con hechos concretos a la unidad de las fuerzas políticas y sociales para enfrentar la realidad descrita y coadyuvar a la construcción de una alternativa de gobierno que ofrezca un programa de cambios, destinado a asegurar el desarrollo sostenible del país, sobre la base del trabajo con derechos y una justa distribución de la riqueza.
Asimismo, tenemos que defender y fortalecer la organización sindical y el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores. Ello implica mejorar la gestión de la central y resolver los problemas que afectan la labor de la institución.
Estos retos y temas formarán parte de las deliberaciones que se realizarán durante la asamblea y que son fundamentales para lograr el cambio que todos los peruanos y peruanas anhelamos.
