Por: Farid Kahhat Internacionalista *
31 Enero 2010
Las citas que siguen provienen de la segunda página de la edición del 21 de enero de este Diario: “El director ejecutivo del FMI, Dominique Strauss-Khan, sugirió algún tipo de Plan Marshall a favor de Haití”. Acto seguido, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sostuvo que “no es suficiente con reconstruir el país tal como estaba antes, ni caben los arreglos cosméticos. Hay que ayudar a construir un mejor Haití”. Por último, al referirse al envío de un nuevo contingente de tropas hacia Haití, el vocero del Departamento de Estado, George Adams, dijo lo siguiente: “El presidente Obama ha dicho que estamos comprometidos con Haití a largo plazo. Entonces, supongo que vamos a estar años; todo lo que tome recuperarse”. ¿Cuál es el problema con esas declaraciones? Que en todas ellas se pretende avizorar el futuro de Haití, sin mayor referencia a los haitianos.
Podría alegarse que la absoluta incompetencia de la élite política haitiana explica el hecho de que ese país se haya convertido en un protectorado de la ONU. Podría añadirse, además, que ese mandato coexiste desde el 2006 con un gobierno elegido por voto popular al cual se consultan las decisiones fundamentales.
Pero esos argumentos tienen algunos bemoles. En primer lugar, EE.UU. no es del todo inocente en lo que a Haití se refiere: sus tropas ocuparon ese país entre 1915 y 1934, y sucesivos gobiernos estadounidenses mantuvieron luego buenas relaciones con la satrapía de los Duvalier, la que dispuso a discreción del país durante 28 años. En segundo lugar, la presencia de fuerzas internacionales fue precedida en el 2004 por lo que habría sido una pantomima: la pretensión de que Jean Bertrand Aristide, el presidente electo de Haití, había renunciado al cargo, cuando múltiples indicios (incluido el testimonio del propio Aristide) indicaban que había sido derrocado. En tercer lugar, ¿qué atribuciones puede ejercer un gobierno que tiene en la cooperación internacional su principal fuente de ingresos y que no ejerce ningún control sobre las Fuerzas Armadas que operan en su territorio? ¿Y qué condiciones estaría en capacidad de imponer a la presencia internacional tras un terremoto que ha destruido incluso el palacio presidencial?
En cualquier caso, los nuevos contingentes de soldados estadounidenses no son parte de las fuerzas que operan bajo mandato de las Naciones Unidas. De hecho, han privado manu militari a la ONU de algunas de sus atribuciones: en la misma página antes citada de este Diario se indicaba que “el escuadrón de socorristas peruanos se quejaba de que no había podido salir porque les habían informado que los vehículos ya no debían solicitarlos a Naciones Unidas sino al mando estadounidense. Nunca les enviaron uno”. Y esas tropas fueron enviadas con base en información cuando menos discutible sobre la situación en Haití: según declaraciones del jefe interino de la misión de la ONU para Haití, Edmund Mulet, “no ha habido saqueos generalizados ni bandas de jóvenes atacando y controlando la ciudad, como algunos medios han difundido de forma irresponsable”.
Todo ello dista de ser trivial desde que en el 2004 la administración Bush creara la Oficina de Coordinación para la Reconstrucción y Estabilización. Diseñada para operar en países devastados por guerras o desastres naturales, su mandato incluía hacer de ellos estados “democráticos con economía de mercado”. Aun si uno considera deseables esos objetivos, hay dos razones por las cuales los precedentes no son promisorios: primero, por la voluntad de aprovechar momentos de conmoción social para adoptar reformas estructurales bajo el menor escrutinio público posible. Lo decía con una candidez inusual un documento del Banco Mundial tras la destitución de Aristide: “El Gobierno de Transición provee la oportunidad de implementar reformas en materia de gobernanza económica [...] que le sería difícil desmantelar a un futuro gobierno”. La segunda razón podría tener nombre propio: Halliburton. Es decir, una empresa con conexiones políticas que obtuvo unos 10.000 millones de dólares en contratos entre Afganistán e Iraq, la mayoría de ellos en procesos sin licitación.
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